La Audiencia Nacional ha admitido a trámite una querella contra CaixaBank, su expresidente Isidro Fainé, el hólding Criteria y otras seis personas por presunto abuso de mercado, administración desleal y delitos societarios en operaciones complejas para la adquisición del banco portugués BPI.

CaixaBank, que mantenía una participación minoritaria en el BPI desde 1995, cerró con éxito en 2017 su opa sobre el banco portugués y pasó a controlar el 84,5 % de su capital, gracias a un desembolso de 644,5 millones de euros.

La querella, presentada por dos accionistas, también se dirige contra el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, el ex director general de relaciones internacionales Antonio Massanell, dos asesores de la presidencia, Alejandro García Bragado y Oscar Calderón, y el director de cumplimiento normativo, Juan Antonio Álvarez García.

CaixaBank asegura que "todas las operaciones realizadas para la toma de control de BPI fueron realizadas según los requisitos legales"

Asimismo, incluye a David K.P. Li, consejero de Criteria Caixacorp y presidente del Bank of East Asia (BEA).

En la querella se explica cómo CaixaBank llevo a cabo una permuta de acciones con BEA para poder entrar en el accionariado de BPI, que a la postre le habría producido a la entidad un perjuicio de 687 millones de euros, aunque en su momento los administradores sólo habían reconocido un impacto negativo de 14 millones.

Asimismo, en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017 se recogía una pérdida de 102 millones de euros, efecto de la "toma de control sobre el banco BPI".

Los dos accionistas que han presentado la querella sostienen que CaixaBank concedió un préstamo de 400 millones de euros a Banco de Fomento de Angola (BFA), con objeto de que Isabel Dos Santos, hija del presidente de aquel país y que controlaba cerca del 10 % de BPI, apoyara la entrada de la entidad catalana en el banco luso.

Según el auto del titular del juzgado central de instrucción n 5, José de la Mata, al tiempo que se realizaba la compra de BPI -para lo cual fue "determinante" que Isabel dos Santos eliminara las restricciones-, se produjo además otra operación, la venta del 2 % de BFA a Unitel, la mayor operadora de telecomunicaciones de Angola que pertenece parcialmente a la inversora.

La relación del BPI con Dos Santos -considerada la mujer más rica de África- arranca en septiembre de 2008, cuando la entidad lusa vendió el 49,99 % del BFA a Unitel y se quedó con el 50,01 % restante.

El juez aclara que el caso compete a la Audiencia Nacional por lo elevado del importe, y por el supuesto perjuicio ocasionado tanto a la entidad como a sus accionistas.

Los querellados, prosigue el magistrado, "utilizaron resortes económico-financieros o regulación mercantil especializada para llevar a la realidad sus intenciones, que por otra parte tenían gran trascendencia económica para la institución, máxime en un momento de aguda crisis bancaria".

Los delitos societarios que se investigan son falsedad de cuentas anuales o de documentos que deban reflejar la situación jurídica y económica de la entidad, y la imposición de acuerdos abusivos en la junta de accionistas.

De la Mata ha solicitado diversa documentación a Caixabank, entre ella la relación de miembros del consejo de administración entre 2015 y 2017 y de la comisión de auditoría y control, así como los integrantes de la comisión de consejeros independientes creada "ad hoc" para el análisis de la operación de permuta y la información que manejaron.

Desde CaixaBank reafirman que "todas las operaciones realizadas para la toma de control de BPI así como la permuta de las acciones en BEA y GF Inbursa con Criteria fueron realizadas en cumplimiento estricto de los requisitos legales y sometidas al conocimiento o autorizaciones de los reguladores pertinentes".