Así te afectan las medidas del plan del Gobierno contra la subida de la luz

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes una batería de medidas con la que el Gobierno intenta contener las subidas del precio de la electricidad y del recibo de la luz (instalados en una espiral alcista en los últimos meses) y, al mismo tiempo, mejorar la protección de los consumidores ante estas subidas y ante las propias compañías eléctricas. Éstas son todas las medidas aprobadas por el Gobierno.

Menos impuestos para las eléctricas

El Gobierno rebaja al mínimo impuestos del que más se han quejado las compañías eléctricas. El Ejecutivo ha decidido suspender durante seis meses  los efectos del impuesto del 7% que pagan las compañías que producen electricidad, sea del tipo que sea (nuclear, renovables, con carbón, con gas natural…) y que acaba repercutiéndose en el consumidor al ser trasladado por las empresas de generación al mercado mayorista de la electricidad, y de éste a la factura final.

El impuesto no se elimina, lo que implicaría un engorroso trámite legislativo, sino que se rebajará el tipo de gravamen desde el 7% actual a cero durante los próximos seis meses, los de mayor demanda del año. Se trata de un tributo que creó el primer de Gobierno de Rajoy en 2012 como uno de sus pilares de su reforma eléctrica y que sirve para recaudar entre 1.500 y 1.700 millones de euros al año.

Asimismo, también se aprueba una exención del Impuesto Especial de Hidrocarburos para la producción eléctrica (el denominado céntimo verde), que se aplica tanto al carbón como al gas natural. El mayor impacto en el precio final de la electricidad se notará en la rebaja de costes de la que se beneficiarán las centrales que queman gas natural para producir electricidad, ya que son las que marcan un mayor precio en el mercado mayorista.

Según la estimación del Ministerio para la Transición Ecológica, ambas medidas servirá para bajar la factura eléctrica que pagan los consumidores en un 4% gracias a la rebaja del precio de la electricidad. Se trata de medidas temporales, aplicables durante un semestre, a la espera de diseñar otras medidas de carácter estructural para reformar el sistema eléctrico.

Fin del 'impuesto al sol'

El Gobierno de Pedro Sánchez trata de impulsar el autoconsumo con energías renovables. Una medida con la que trata de reducir las emisiones de efecto invernadero, pero también reducir el precio de la electricidad. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, más autoconsumo contribuirá a bajar el precio de la electricidad por rebajar la demanda y aumentar la oferta de electricidad.

El Consejo de Ministros ha dado este viernes un paso para eliminar las “barreras regulatorias” que, hasta el momento, “han dificultado y desincentivado la implantación del autoconsumo eléctrico en España”. El Gobierno reconoce como un derecho de los ciudadanos autoconsumir energía eléctrica sin peajes ni cargo: esto es, queda derogado el impuesto al sol.

El impuesto al sol  -la etiqueta que consiguieron popularizar las asociaciones empresariales de renovables y los grupos ecologistas- consiste en el obligado pago de un peaje específico por los autoconsumidores sobre la energía producida en casa, no sólo por la consumida de la red. Además, se impulsa la fórmula del autoconsumo compartido por parte de varios consumidores, vetada por el Gobierno anterior y cuya prohibición anuló el Tribunal Constitucional.

Prohibido el ‘puerta a puerta’ de las eléctricas

Como parte de un paquete de medidas para proteger a los consumidores, el Gobierno prohíbe a las comercializadoras eléctricas, y también las de gas natural, realizar acciones de publicidad o contratación de sus productos a través de visitas domiciliarias. Esto es, queda prohibido el puerta a puerta de las compañías energéticas, una modalidad de contratación que han venido criticando duramente las organizaciones de consumidores y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como fuente de abusos y fraudes.

Informar al cliente de cómo pagar menos

Unos 11 millones de pequeños clientes siguen acogidos a la tarifa regulada -el conocido como Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, PVPC-. De ellos, apenas 660.000 tienen contratada la opción de discriminación horaria, a pesar de que a buena parte de los usuarios les serviría para rebajar el recibo. Elegir la discriminación horaria sirve para que el precio de la electricidad sea más barato en determinadas horas del día (en horario de invierno entre 22.00 y 12.00 horas, y en horario de verano entre 23.00 y 13.00 horas).

El Gobierno pretende obligar a las comercializadoras que ofrecen el PVPC (filiales de los cinco grandes grupos eléctricos del país: Endesa, Iberdrola, Naturgy –antigua Gas Natural Fenosa-, EDP y Viesgo) a informar a sus clientes si pagarían menos en caso de tener contratada la opción de discriminación horaria. Las grandes eléctricas tendrán que realizar simulaciones con el consumo real de sus clientes y enviárselas para que sepan si abaratarían el recibo con el sistema de horas punta y horas valle. Según los cálculos del Gobierno, este cambio puede suponer un ahorro de unos 20 euros al año en la factura a la mayoría de hogares.

Facilidades para reducir la potencia contratada

El Ministerio para la Transición Ecológica facilitará que los clientes puedan cambiar la potencia que tienen contratada. El Gobierno flexibiliza la posibilidad de modificar la potencia (hoy sólo pueden una vez al año) y reducirá las cantidades mínimas en que se puede cambiar (actualmente se puede sólo en bloques de 1,1 kilovatios, y a partir de ahora se podrá hacer hasta por 0,1 kilovatios).

Casi un 40% de los hogares españoles tenía una potencia contratada de entre 4 y 6 kilovatios, por lo que el Ejecutivo entiende que hay mucho margen para ajustar esa potencia y, con ello, pfacilitar el ahorro y la eficiencia en el consumo. Por ejemplo, un cambio de potencia de 0,5 kW (de 4,6 a 4,1 kilovatios) podría suponer un ahorro en la factura anual de 26 euros para un hogar tipo con cuatro miembros.

Ampliación de bono social de la luz

El Ejecutivo mejora el nuevo bono social de la luz que está en vigor desde hace un año. Con la nueva reforma eleva las propias ayudas al ampliar un 15% la cantidad de electricidad consumida a la que se aplica los descuentos (de entre 25 y el 40%, y que puede llegar al 100% en casos extremos) y también relaja los criterios de renta para les sea más fácil acceder al bono social a los hogares monoparentales, a los ancianos que viven solos y hogares con personas dependientes.

El real decreto ley prohíbe el corte de suministro en los hogares al bono social donde viva al menos un menor de 16 años. La prohibición de cortar la luz se hace extensiva también a los hogares donde resida al menos una persona un nivel con discapacidad del 33% o superior, o una persona en situación de dependencia de grado II y II.

Cheques para pagar la calefacción

El Consejo de Ministros ha aprobado un programa de ayudas específicas para la calefacción, para paliar los problemas de los hogares pobres para mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno, uno de los principales problemas ligados a la pobreza energética.

El nuevo bono social térmico se articulará a través de ayudas monetarias directas -una suerte de cheque- que recibirán hogares que ya son beneficiarios el bono social eléctrico pero que utilizan otras fuentes de energía para calentar su casa (singularmente butano y gas natural). El dinero transferido ha de servir para facilitar afrontar el coste de la calefacción. La cuantía de las ayudas dependerá del grado de vulnerabilidad de los hogares y del clima del lugar en que está ubicada la vivienda.