El Gobierno aplica reformas con carácter inmediato al bono social de la luz, el programa que busca paliar los efectos de la pobreza energética con descuentos en el recibo de la luz para hogares vulnerables. Unas medidas que forman parte del plan de choque del Ejecutivo como primer paso de su reforma del sistema eléctrico, que abordará dentro de unos meses con carácter estructural.
El Consejo de Ministros ha aprobado cambios con los que pretende mejorar el nuevo bono social de la luz que está en vigor desde hace un año. Tras la reforma, el plan de ayudas a hogares vulnerables empezó a vincularse más directamente al nivel de renta familiar (con el anterior programa no pasaba). Y con los nuevos cambios se amplían las ayudas, se amplían los colectivos con coberturas especiales y se prohíbe cortar la luz en casos específicos ya este invierno.
El Gobierno ha aprobado este viernes un real decreto ley que prohíbe a las eléctricas cortar la luz este invierno a hogares que perciben el bono social donde viva al menos un menor de menos de 16 años. Tampoco se podrá cortar el suministro a hogares con personas con una discapacidad de un 33% o superior o con miembros en situación de dependencia de grado II y III.
Más luz con descuento
En paralelo, el Gobierno eleva las propias ayudas al ampliar la cantidad de electricidad consumida a la que se aplica los descuentos (de entre 25 y el 40%, y que puede llegar al 100% en casos extremos).
Los descuentos del bono social sólo se aplican a una cantidad de electricidad consumida, no a todo el consumo. Las rebajas se aplica a los primeros kilovatios hora (kWh) consumidos cada mes: 100 kWh si los beneficiarios son familias sin menores; 140 kWh si tienen un menor o son pensionistas; 170 kWh si tienen dos menores; y 300 kWh si son familias numerosas. La reforma del bono que aprobará el Gobierno elevará esos topes máximos de consumo un 15% en todos los casos, como adelantó El Independiente.
Los nuevos topes pasan a ser de 115 kWh al mes para hogares sin hijos; 161 kWh para familias con un menor o pensionistas; 196 kWh a los hogares con dos menores; y 345 kWh para familias numerosas.
Además, el cómputo de consumo eléctrico anual con derecho a descuento que se liquida cada mes se flexibiliza: la energía con derecho a descuento no consumida un mes puede utilizarse en otro momento. “Se facilita así la protección de los hogares durante los meses de mayor consumo, que suelen corresponderse con lo de temperaturas más bajas”, sostiene el Ministerio para la Transición Ecológica.
Hogares ‘monomarentales’
El Gobierno calcula actualmente si un hogar tiene derecho al bono social y con qué descuento en función del nivel de renta familiar. Como otras ayudas públicas, el cálculo se realiza aplicando un múltiplo al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Este año este indicador está fijado en ingresos de 537 euros al mes, y se realizan los cálculos en unos casos con doce pagas anuales (6.454 euros) y en otros con catorce pagas (7.519 euros al año).
Por ejemplo, una familia sin hijos tiene acceso al descuento del 25% del recibo eléctrico si sus ingresos son inferiores a 1,5 veces el IPREM, esto es 11.279 euros; en las familias con un menor el requisito es que la renta no supere el doble del IPREM, o 15.039 euros; y si son dos los menores, el tope de renta es de 2,5 veces el IPREM, o 18.799 euros anuales. Para acceder al descuento del 40% de la factura,
Actualmente, ya se contemplan algunos colectivos para los que se relaja esos criterios de renta, y se les permita mayor renta para acceder a las ayudas. A consumidores con una discapacidad mayor al 33%, víctimas del terrorismo y víctimas de violencia de género se les permite 0,5 puntos más de IPREM en cada una de las categorías.
La reforma del Gobierno contempla incluir como colectivos con esta consideración especial a los hogares monoparentales y a los ancianos que viven solos. En ambos casos, desde el Ministerio para la Transición Ecológica se subraya que se trata de medidas para combatir la feminización de la pobreza energética.
Y es que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 85% de los hogares monoparentales en realidad se trata de monomarentales, porque el cabeza de familia (y responsable del único ingreso del hogar) es una mujer. Y como el sueldo medio que perciben las mujeres es un 23% inferior al de los varones, este tipo de hogares están más expuestos la vulnerabilidad económica. En paralelo, una mayoría de los ancianos que viven solos también son mujeres, según esgrime el Ejecutivo.
Cheques para pagar la calefacción
El Gobierno también crea un programa de ayudas específicas para la calefacción, para paliar los problemas de los hogares pobres para mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno.
Este nuevo programa para la calefacción se articulará a través de ayudas monetarias directas -una suerte de cheque- que recibirán hogares que estén reconocidos como beneficiarios del bono social eléctrico el 31 de diciembre, y que utilizan otras fuentes de energía para calentar su casa (singularmente butano y gas natural).
El dinero transferido ha de servir para facilitar afrontar el coste de la calefacción. El importe total del bono térmico está vinculado al cuantía de la partida que se consiga para cada año en los Presupuestos Generales del Estado y del número de beneficiarios que haya del bono social eléctrico.
La cuantía de las ayudas dependerá del grado de vulnerabilidad de los hogares y del clima del lugar en que está ubicada la vivienda. El Ejecutivo divide España en cinco zonas climáticas y para cada una de ellas establecerá más o menos ayudas en función de las temperaturas medias en invierno.
El Gobierno no ha desvelado el importe de los cheques que repartirá entre los hogares beneficiarios, pero sí ha hecho un cálculo aproximado a la espera de saber la cantidad destinada en los PGE. A modo de referencia, con un presupuesto de 100 millone3s de euros y si el número de beneficiarios del bono eléctrico fuera de 1,5 millones -ahora mismo no llega al millón-, las cuantías de los cheques oscilarían entre un mínimo de 25 euros (para el consumidor vulnerable en una zona cálida) y un máximo de 130 euros (para un consumidor vulnerable severo en una zona muy fría).
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