El Gobierno baja 970 millones de impuestos a las eléctricas para parar las subidas de la luz

El plan de choque del Gobierno diseñado específicamente para frenar las subidas del precio de la electricidad y del recibo de la luz de los últimos meses tiene como pilares medidas fiscales. El real decreto-ley aprobado este viernes por el Consejo de Ministros contempla rebajas de impuestos a las compañías eléctricas por un importe de 970 millones de euros en el próximo año con el objetivo de que se traslade a los precios de la electricidad en el mercado mayorista.

El Ejecutivo ha decidido suspender durante seis meses  los efectos del impuesto del 7% que pagan las compañías que producen electricidad, sea del tipo que sea (nuclear, renovables, con carbón, con gas natural…) y que acaba repercutiéndose en el consumidor al ser trasladado por las empresas de generación al mercado mayorista de la electricidad, y de éste a la factura final.

El impuesto no se elimina, sino que se rebajará el tipo de gravamen desde el 7% actual hasta un tipo cero durante los próximos seis meses, los de mayor demanda del año. La estimación del Gobierno es que durante el periodo en que no se aplicará el tributo –creado por el Gobierno de Rajoy como uno de sus pilares de su reforma eléctrica- las arcas públicas dejarán ingresar 830 millones de euros.

En paralelo, el Ejecutivo también ha aprobado una exención temporal del Impuesto Especial de Hidrocarburos para la producción eléctrica (el denominado céntimo verde), que se aplica tanto al carbón como al gas natural. Una suspensión que tendrá un impacto en la recaudación fiscal de 26 millones en lo que queda de 2018 y de 116 millones durante el próximo año.

El Estado deja de ingresar 830 M por el impuesto a la generación y 140 M  más por el 'céntimo verde'

El mayor impacto de esta exención en el precio final de la electricidad se notará en la rebaja de costes de la que se beneficiarán las centrales que queman gas natural para producir electricidad, ya que son las que marcan un mayor precio en el mercado mayorista.

Según la estimación del Ministerio para la Transición Ecológica, ambas rebajas de impuestos servirán para bajar la factura eléctrica que pagan los consumidores en un 4% gracias a la contención de la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista (conocido como pool) Se trata de medidas temporales, a la espera de diseñar otras medidas de carácter estructural para reformar el sistema eléctrico que el Ejecutivo pretende aprobar en los próximos meses.

Compensar la caída de ingresos fiscales

El Gobierno utilizará varias vías para compensar la caída de los ingresos tributarios y garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico. Por un lado, utilizará los ingresos obtenidos por la subasta de los derechos de emisión de gas de efecto invernadero que se transfiere cada año al sistema eléctrico.

Hasta ahora, las transferencias al sistema estaban limitadas a un 90% de los ingresos totales, con un máximo de 450 millones de euros por ejercicio. El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por Teresa Ribera, ha elevado ese límite máximo hasta los 750 millones de manera excepcional este año (aún está por ver que se incluya una disposición adicional en los PGE de 2019, aún en negociación).

La previsión para este año que se recogía en los Presupuestos Generales del Estado era recaudar por los derechos de emisión algo menos de 370 millones de euros. Pero la estimación se hizo cuando el precio de la tonelada de CO2 cotizaba a 7 euros por tonelada, y ahora se han triplicado. La nueva previsión del Ejecutivo pasa por rozar unos ingresos de 1.300 millones al cierre del año.

Además, para financiar las rebajas fiscales a las compañías eléctricas (y otras medidas incluidas en la batería de reformas anunciadas este viernes por el Gobierno) de fondos del propio Ministerio para la Transición Ecológica ya contemplados en sus presupuestos y de los que no ha hecho uso.

Sacar dinero de la ‘hucha de la luz’

El Gobierno ha habilitado una vía de último recurso que sólo utilizará en caso de que exista un desajuste entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico, o incluso para cubrir un eventual déficit este año y el siguiente. El Ejecutivo está dispuesto a hacer uso del superávit del sistema acumulado en los últimos años (porque los ingresos fueron mayores que los costes reconocidos) y que se guarda en una cuenta bancaria corriente gestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

Eleva el tope máximo de ingresos por derechos de CO2 que puede traspasar al sistema eléctrico: de 450 a 750 millones

Una opción que, según el Ministerio, se adopta “para mayor refuerzo de la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico” y para “garantizar que no se tengan que incrementar peajes y cargos que pagan los consumidores”. Así que introduce la posibilidad de que el superávit acumulado de ingresos del sector eléctrico pueda ser aplicado para cubrir posibles déficit tanto este año como el siguiente.

Ese superávit es una suerte de hucha de la luz en que se acumula lo pagado de más por clientes y también por las eléctricas. Entre 2014 y 2016 ese excedente ascendió de manera acumulada hasta los 1.441 millones de euros (aún se está a la espera de saber definitivamente cuál fue el superávit de 2017, que puede ser de otros 400 millones más).

El anterior Gobierno en sus dos últimos presupuestos generales del Estado (PGE) sendas disposiciones adicionales para poder hacer uso del superávit acumulado de los últimos años por el sistema eléctrico y con él para afrontar indemnizaciones ordenadas por los tribunales o por organismos de arbitraje internacionales. Y así lo hizo.

La hucha se vacía

El Gobierno de Rajoy gastó un tercio de esa hucha de la luz al ordenar pagos a las grandes eléctricas por un importe conjunto de 516 millones de euros para compensarles por lo que pagaron para financiar el bono social, después de que el Tribunal Supremo tumbara por dos veces el modelo de financiación del programa contra la pobreza energética.

Tras esos pagos, los fondos pasaron de los 1.441 millones de euros acumulados hasta los 925 millones. Eso sin contar los intereses financieros que se hayan podido generar durante este periodo elevando el montante, pero se trata de una información que la CNMC y el Gobierno tratan como confidencial.

A la espera de que esa cifra que aún se guarda en la cuenta bancaria crezca con el superávit de 2017, la obligación del Estado de tener que pagar 900 millones de indemnizaciones recogidas en las sentencias firmes de tribunales españoles por el recorte de las ayudas a las energías renovables ya puede suponer el vaciamiento de esa hucha de la luz.