La verdad sobre la subida de las pensiones

El informe de recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicado la pasada semana incluía una llamada que pasó desapercibida para los medios de comunicación. El organismo pedía a España "transparencia" en todo lo que rodea  las pensiones, algo básico para la planificación de las familias. En cambio, ruido, mucho ruido y confusión, es lo que envuelve a día de hoy todo lo que tiene que ver con la subida de las prestaciones públicas, contaminada por los mensajes políticos y los titulares urgentes.

Desbrozado de unos y otros, el resumen es sencillo: desde el pasado mes de febrero, cuando las movilizaciones de jubilados comenzaron a acaparar la atención de los medios, se ha producido un desgaste político de las posiciones defendidas por las fuerzas de derechas, partidarias de poner el foco en la sostenibilidad del sistema como paso previo al debate de la cuantía de las pensiones, a favor de los planteamientos de las izquierdas, defensoras de una vuelta a la vinculación con el IPC previo a la búsqueda de ingresos con los que financiarla.

Tras la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno en junio de este año, el desgaste se ha acelerado, pese a las diferencias entre Podemos y PSOE, hasta dar lugar a una recomendación del Pacto de Toledo para que el IPC vuelva a estar en la base de la revalorización anual de las pensiones.

Pero entonces ¿subirán cada año y desde ahora con la inflación? La respuesta es no con carácter permanente mientras no haya un cambio de la Ley para ello. Pero no parece haber quedado claro, como tampoco está tan clara la sostenibilidad de esta medida.

El propio FMI advertía que ligar las pensiones solo a la inflación pondría en riesgo el sistema si no se garantizaban los recursos suficientes para garantizar el incremento del gasto que supone. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), habla de 15.000 millones más hasta 2030 a los que sumar el déficit actual de 19.000 millones.

Todos, favorables y contrarios, dan por hecho que no es posible pagar la factura solo con más cotizaciones --vía más empleo, más salarios o con el destope de bases de cotización--, que será necesario remodelar la estructura de impuestos para ello.

Pero, aún así, si se pudiera pagar, expertos como los economistas de Fedea, Miguel Ángel García e Ignacio Conde Ruiz, alertan de que esta medida supondría una hipoteca para las generaciones futuras. Por no hablar de la ruptura de la contributividad que supondría introducir el factor impuestos.

Por eso, tras el discurso oficial del Gobierno, algunos de sus miembros lanzan al aire reflexiones académicas que generan más inquietud que certeza, volviendo a generar confusión. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Del ruido al ruido

Con el ruido empezó todo. En febrero de este año, cuando el Gobierno del PP aún se mantenía en pie, tuvo lugar una movilización sin precedentes: los jubilados españoles salieron a la calle para reclamar una subida de las pensiones superior al 0,25% que venía operando cada año desde la entrada en vigor de la última reforma en 2013.

No era la primera vez que lo hacían, pero el aliento político que Podemos dio a las manifestaciones protagonizadas por la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas tuvo como réplica nuevas movilizaciones convocadas por los sindicatos CCOO y UGT. Toda una espiral de protestas cuyo ruido llegaba literalmente a las puertas de la Sala Peces-Barba del Congreso de los Diputados en la que habitualmente se reúne el Pacto de Toledo.

Y en la Comisión había tensión. Sus portavoces llevaban desde noviembre de 2016 trabajando en la elaboración de una nuevas recomendaciones para reformar el sistema público de pensiones. Más de un año de negociaciones sin éxito, que ahora coincidía con un aumento de la tensión entre los pensionistas.

Tanto es así que a principios del mes de marzo, las encuestas daban un toque de atención a las fuerzas políticas: las pensiones ya preocupaban más a la ciudadanía que el desafío catalanista, solo cinco meses después del referéndum del 1-0. Preocupaban más y subiendo.

Y había tensión porque el Gobierno del PP aún se veía fuerte. Tanto que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, decía entonces sin dudar que “las pensiones subirán lo que se puedan”.

En esos días, el Gobierno marcaba el paso y lo que inundaba el debate político era la necesidad de reducir los gastos del sistema, puesto que el déficit de la Seguridad Social había cerrado el año 2017 en el entorno de los 18.000 millones de euros.

Dicho de otro modo, los desvelos del Gobierno se centraban en aligerar la carga de gastos, pensando aún que su reforma de 2013, ideada precisamente para acomodar la progresión de la cuantía de las pensiones al ciclo económico y demográfico–el índice de revalorización había marcado subidas anuales del 0,25% desde entonces—y también las nuevas pensiones, con la aplicación desde el 1 de enero de 2019 del factor de sostenibilidad, aguantaría sin fisuras.

Tanto es así, que en lo que se refiere a las prestaciones de los pensionistas, la medida estrella de Rajoy había sido en los meses anteriores una mejora de la fiscalidad de los planes privados, ante la evidencia de que las prestaciones públicas iban a tener que ser completadas en el futuro con ahorro privado.

Con todo, algo se fraguaba de fondo. Esas mismas semanas, el  PSOE  registraba (a finales de febrero) una proposición de ley para subir las pensiones un 1,6%, el equivalente al IPC previsto, que instaba a financiar parte del gasto con cargo directo a la imposición general.

De salir adelante, la subida tendría efectos desde el 1 de enero de 2018 para todas las pensiones públicas del Sistema de Seguridad Social, cualquiera que fuera su modalidad y régimen. La proposición de Ley contemplaba también una paga compensatoria en el caso de que el IPC superara finalmente el porcentaje previsto.

Según el texto, esta iniciativa pretendía obligar al Gobierno a convocar la Mesa de Diálogo Social para adoptar una fórmula que permitiese sufragar con la Seguridad Social gastos que nada tienen que ver con las pensiones y abría la puerta a costear parte del gasto con impuestos.

Visto desde la distancia, esa proposición de Ley se ha cumplido en cada punto, puesto que las pensiones subirán este año y el siguiente de acuerdo con esa redacción, se exploran ya nuevas vías para sacar gastos del sistema y se plantea abiertamente la financiación vía impuestos. Sin embargo, el PSOE no hablaba de indexar con carácter permanente las pensiones.

Mientras tanto, el Ministerio de Empleo entonces liderado por Fátima Báñez ideaba un plan para sacar de la cuenta de gastos de la Seguridad Social hasta 40.000 millones de euros en un horizonte de cuatro años, a la vista del consenso percibido en esta materia.

Se trataba de pasar a Presupuestos todos los gastos que no eran puramente contributivos del sistema, desde los propios gastos de gestión hasta pensiones de viudedad y orfandad, de corte más asistencial.

Fuentes cercanas al Pacto de Toledo aseguran que ese plan pudo contar con el beneplácito de la comisión, pero entonces llegó la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y la politización del debate. No obstante, el Gobierno seguía diciendo por aquel entonces no al IPC.

Los Presupuestos entran en el Pacto de Toledo

Con la negociación de los Presupuestos de 2018, los partidos de la oposición hicieron moneda de cambio con las pensiones. Buscaban intercambiar su apoyo por, entre otras cosas, la medalla de la subida de las pensiones por encima del 0,25%.

Primero fue Ciudadanos, que forzó al Gobierno a asumir una subida del 3% de las mínimas y las no contributivas, y de hasta el 7% en las de viudedad. Pero llegado el momento de sumar los apoyos del siempre correoso PNV, el Gobierno hizo la concesión que precipitó todos los acontecimientos.

Aceptó una subida de las pensiones del 1,6% en 2018 y 2019, adicional a lo logrado por Ciudadanos. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, convocaba una rueda de prensa por sorpresa y anunciaba una subida de las pensiones en línea con el IPC. Sonaba a una vuelta a la vinculación de las pensiones con la inflación, pero una vez más, no era así.

¿Qué explicaciones dio el Gobierno? Precisamente que lo acordado era una subida puntual de las pensiones, asumible a la vista de la buena evolución de la recaudación por IRPF y por el ahorro en intereses de la deuda, dos elementos que ahora podrían empezar a frenarse, a lo que solo habría que sumar alguna ajuste tributario.

Lo que se desconocía entonces es que el Gobierno nunca llegaría a aprovisionar los recursos necesarios para afrontar esta subida en los Presupuestos de 2018.

El primer toque de atención de Bruselas

Sin embargo, la subida si se incluiría en el Plan Presupuestario remitido a Bruselas, en el que se cifraba la factura extra en 3.300 millones de euros. Un gasto que, puesto que se consolidaría en la nómina de los pensionistas, se convertirá en una bola de nieve para los próximos años, hasta el punto de que su coste será de alrededor de 40.000 millones durante la próxima década, según cálculos de BBVA Research. La misma cifra que Báñez quería limpiar de las cuentas de la Seguridad Social.

Pero más importante quizás que la subida puntual era el compromiso adquirido por el Gobierno tras el acuerdo con el PNV para retrasar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad de 2019 a 2023. No se trataba en este caso de una cuestión económica. Este factor fue ideado para modular las nuevas pensiones para adecuarlas, entre otras cosas, a la evolución de la esperanza de vida.

Sin embargo, para el primer año planteaba, según los expertos, una reducción de las pensiones del 0,4%. La verdadera importancia del acuerdo era que la puesta en marcha de la segunda fase de la reforma de 2013 se frenaba.

Y Bruselas llamó a la puerta

A la vista de los acontecimientos, la llamada de atención de Bruselas no se hizo esperar. La Comisión Europea realizó una primera advertencia el 8 de junio, que tuvo una segunda réplica el 23 de ese mismo mes.  También el Banco de España advirtió de la necesidad de mantener una política en pensiones ajena a la “demagogia”.

Pero el Gobierno no dio marcha atrás. Muy al contrario dio otro paso al frente con el que consumaba la victoria política del PSOE en materia de pensiones: el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunciaba que se crearía una tasa a los servicios tecnológicos para recaudar 600 millones de euros en un año y pagar la subida de las pensiones.

El PP asumía así el pago de las pensiones con impuestos que había criticado al PSOE, aunque limitaba el impacto a empresas extranjeras y gravando una actividad que hasta ahora escapaba al fisco. Dejaba indemnes a la banca, las grandes fortunas o las grandes empresas, que ya estaban en la diana del PSOE y Podemos.

Mientras tanto, el Pacto de Toledo seguía su camino. No obstante, el viraje político del PP se dejó notar en la comisión. El PP se abrió entonces a valorar la posibilidad de que el IPC volviera a ser un elemento “medular” en la subida de las pensiones, pero contando con otros elementos como el PIB o los salarios, para evitar que estas se pudieran disparar en épocas de vacas flacas.

Ese acuerdo parecía posible y estuvo a punto de cerrarse antes del verano. Pero entonces llegó la moción de censura.

Sánchez tiene ahora que pagar las pensiones

El 1 de junio, el Congreso de los Diputados apuntillaba al Gobierno de Mariano Rajoy. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, se convierte en el nuevo presidente del Gobierno y en una de sus primeras intervenciones habla de propiciar un “nuevo Pacto de Toledo”, y de caminar hacia la vinculación de las pensiones con el IPC.

Sin embargo, al mismo tiempo la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, abría entonces los cajones y se encontraba con que la subida de las pensiones no está provisionada en los Presupuestos, que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social ('hucha de las pensiones') estaba prácticamente agotado y que estas circunstancias impedían que el sistema volviera al superávit en el plazo previsto del año 2021.

Con esos tintes, el Gobierno no aclara entonces si subirá las pensiones por encima del 1,6% en el caso del que el IPC cierre el año por encima, en plena subida del precio del petróleo. Sí lo hizo, en cambio, tras los primeros encuentros para negociar la adhesión de Unidos Podemos a su nueva senda de déficit y a los Presupuestos de 2019.

La formación morada ha versado gran parte de las negociaciones en arrancar del PSOE un compromiso para volver a vincular las pensiones al IPC. Sin embargo, tras el verano el Gobierno se encuentra con un escenario complejo y se encomienda al diálogo social como ya planteara en febrero.

En este momento, el PSOE necesita un mensaje de confianza del Pacto de Toledo. Un acuerdo de mínimos que deje en manos de los Gobierno la decisión final sobre la revalorización de las pensiones, pero dejando claro que el IPC vuelve a ser el estandarte de los pensionistas.

Con este objetivo, a la vuelta del verano, los socialistas acercan posturas con las fuerzas de derechas y se abren a firmar un 'papel' en el que el IPC sea un elemento troncal, pero junto a otros posibles índices económicos. Es así como el PP o Ciudadanos parecen acercarse a un posible acuerdo, también rendidos de alguna forma a ese incómodo IPC dad la presión social sostenida.

No así Podemos que, con la negociación bilateral abierta, ve una oportunidad para cerrar filas con el PSOE y legislar para poner negro sobre blanco que el IPC será a partir de ahora el único factor de revalorización de las pensiones. Este enconamiento de Podemos en posiciones maximalistas lleva en las semanas siguientes a una posible salida de la formación del Pacto de Toledo.

Las espadas en alto, los mensajes de ruptura del Pacto de Toledo, un Gobierno a la expectativa y las manifestaciones de pensionistas a las puertas del Congreso. En esa tesitura, las fuerzas deciden ir al punto de inicio, trabajar sobre la recomendación dos que consensuó el Pacto de Toledo en 2011, para actualizarla.

La recomendación más confusa

Es así como el Pacto de Toledo acabó por cerrar una recomendación sobre la revalorización de las pensiones el pasado 26 de septiembre en la que se afirmaba que estas deberían revalorizarse "en base" al "IPC real", pero abriendo la puerta a que el Gobierno de turno incluyese otros factores para apegar esta revisión anual al devenir de la economía.

Esto en la práctica suponía que el IPC volvería a ser un elemento troncal, pero no necesariamente el único. Más aún, la recomendación no deja de ser eso, una recomendación, y además habla de un concepto desde el punto de vista económico no utilizado por los economistas, el "IPC real", un término con el que se denominaría a la inflación observada al final de cada ejercicio.

De nuevo el ruido y una evidencia: el PP daba por perdida la batalla por la defensa de la reforma de 2013.

La recomendación ha dejado en manos del Gobierno la decisión de legislar. Y es en ese punto en el que se han multiplicado las dificultades del Ejecutivo. Porque tiene compaginar una apoyo a la revalorización de las pensiones con el IPC, con la necesidad de financiarlas sin frenar el ritmo de consolidación fiscal impuesto por Bruselas, y hacer de todo ello algo sostenible para las finanzas públicas a largo plazo.

Es en este momento en el que el Gobierno no aclara si legislará para modificar la Ley General de la Seguridad Social para desterrar de una vez por todas todo vestigio de la reforma del 2013 y volver a una vinculación inequívoca de las pensiones al IPC. En lugar de ello, se vuelve a remitir a la proposición de Ley de febrero y deja en manos del diálogo social esta decisión.

Ahora bien, reitera que una vuelta a la indexación de las pensiones con el IPC debe ir de la mano de la financiación suficiente. Es ahí donde entran en juego de nuevo la separación de fuentes y la creación y subida de impuestos.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, la de Economía, Nadia Calviño, y sobre todo, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, uno de los mayores expertos en pensiones del país, lo han dejado claro. No se puede hablar de pensiones ni IPC sin hablar de ingresos, que el IPC debe ser un elemento más de un acuerdo más global (hay otra veintena de recomendaciones pendientes en el Pacto de Toledo), y han dejado entrever que versar la revalorización a un solo indicador puede tener efectos perversos.

Por eso no se puede dar por hecho que las pensiones subirán en el futuro con el IPC. Porque el Gobierno acatará lo que diga el diálogo social, pero sobre todo porque todo ello dependerá de los ingresos que se logren rascar.

Así lo ha insinuado también el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras su visita a España. Subir las pensiones con la inflación pone en riesgo la viabilidad del sistema, y sin ingresos suficientes habría que recortarlas.

Solo queda leer entre líneas las declaraciones de los miembros del Gobierno. “Si reconocemos el hecho de que España tiene una esperanza de vida muy alta, hay que garantizar primero una pensión razonable y después abordar la revalorización”, decía Granado. ¿Qué es una pensión digna cuando la UE nos dice que España tiene las más generosas de Europa? Esa una pregunta que quizás se sitúe próximamente en el centro del debate, cuando el Pacto de Toledo aborde la recomendación específica sobre suficiencia.

"Junto a la revisión del nivel de pensiones tendremos que ver que otros ajustes hay que hacer atendiendo a evolución de la demografía, la economía y el empleo", decía la ministra de Economía en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del pasado viernes.