Igualar los permisos de paternidad y maternidad costará otros 1.200 millones

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue sumando ceros a la cuenta de gastos de su Presupuesto de 2019 en el ánimo de cumplir con su programa social pero, sobre también, para sumar apoyos, fundamentalmente, del lado del grupo confederal Unidos Podemos.

Días después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtiera al Ejecutivo del riesgo económico de elevar las pensiones con arreglo al IPC y le recordara que debe realizar un ajuste estructural del 0,5% el PIB el año que viene, Sánchez avanzaba este fin de semana "una apuesta clara" por la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad en el Presupuesto para el próximo año.

Una medida que, según expertos consultados, podría rondar los 1.200 millones de euros adicionales al año una vez funcionara a pleno rendimiento, a cargar sobre las espaldas de la Seguridad Social, cuyo déficit actual ronda en estos momentos los 19.000 millones de euros.

¿Un gasto o una inversión?

No obstante, esta cantidad bien podría verse también como una inversión, puesto que debería redundar en un mayor acceso de las mujeres al mercado laboral y, sobre todo, en un mejor cuidado de los hijos y un incentivo a la natalidad, lo que en el medio y largo plazo debería redundar en un beneficio en forma de más cotizaciones para la Seguridad Social.

Pero incluso desde esta perspectiva, el momento actual plantea la pregunta de cómo garantizar los ingresos que necesita la el sistema.

Sea como fuere, esta cifra de 1.200 millones de euros es el resultado de ampliar en 11 semanas más el permiso de paternidad, que es a día de hoy de cinco semanas, después de que los Presupuestos para este año incluyesen la extensión a una más en virtud del acuerdo alcanzado al respecto por el PP y Ciudadanos. El coste estimado de este paso al frente era de 116 millones anuales.

No obstante, la factura podría superar esos 1.200 millones de euros dado que incentivar un aumento de  las solicitudes de permisos de paternidad por encima de los niveles actuales.

Por su parte, Podemos manejaba en 2015 un informe de las economistas María Pazos y Bibiana Medialdea que elevaba la factura de la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad a 1.500 millones de euros.

Sin embargo, cuando en el mes de junio de este año logró sacar adelante una proposición de Ley en el Congreso (con unanimidad de la cámara) en la que incluía esta equiparación, partía de los cálculos realizados por la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles por Nacimiento y Adopción (PiiNA), que cifraba el coste en alrededor de esos 1.200 millones anuales.

Valerio se suma al anuncio

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, también ha mostrado su intención de caminar en esta dirección durante una jornada sobre demografía y longevidad organizada este lunes por el Círculo de Empresarios y la Fundación Transforma España.

Sin embargo, no ha concretado nada más. Y es que, a falta de confirmar si esta posibilidad acabará engrosando el Plan Presupuestario para el año que viene, que el Gobierno prevé remitir el próximo 15 de octubre a Bruselas, habrá que ver también cómo se concretaría la medida.

Si se establecen tramos de permiso de paternidad obligatorios y voluntarios o si se plantea la equiparación progresiva, en un escenario plurianual más o menos amplio.

Además, al coste estimado habría que sumar el impacto indeterminado de extender la sentencia del Tribunal Supremo que eximía de pagar el IRPF de las prestaciones por maternidad a un permiso de paternidad ampliado además a 16 semanas.

Podemos vuelve a arrastrar al Gobierno

De momento, el paso dado por el Gobierno responde en parte, a la presión de Podemos, que recibió con recelo la oferta inicial del Ejecutivo para equiparar los permisos de maternidad y paternidad en el sector público.

Entonces, la formación morada criticó que se no se igualaran ambos permisos también en el sector privado, en línea con una proposición de Ley aprobada en el Congreso de los Diputados en junio de este año a iniciativa suya.

La proposición de Ley contemplaba que  cada progenitor tendría derecho al mismo periodo de permiso, sin que ninguna parte del mismo pueda ser cedido o compartido, y con derecho a una prestación del 100% de la base reguladora durante toda su duración.

Sin embargo, diferenciaba entre el 'permiso parental inicial', de dos semanas de disfrute obligatorio y que debería tomarse a tiempo completo inmediatamente a partir del nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento; y el 'permiso parental para la crianza', de catorce semanas, de las cuales cuatro serían de disfrute obligatorio y a tiempo completo y diez de disfrute voluntario.

Esta últimas podrían tomarse a tiempo parcial, previo acuerdo de la empresa y con la condición de que la persona trabajadora se reincorporase al empleo durante el tiempo que no correspondiese al permiso pagado. Otra diferencia es que, mientras que la madre podría, como ahora, comenzar el permiso parental inicial hasta cuatro semanas antes del parto, el padre tendría que tomarlo desde el nacimiento.

En cuanto al calendario de implantación, la reforma planteaba la equiparación progresiva del permiso de paternidad, de modo que el 'permiso parental inicial' tendría efecto pleno desde la entrada en vigor de la Ley, mientras que el de crianza se implantaría a través de un periodo transitorio sin concretar.

Un gasto menguante

Con todo, las estadísticas del Ministerio de Trabajo muestran que el gasto en prestaciones por maternidad se viene reduciendo. Entre enero y junio de 2018 se han registrado en la Seguridad Social un total de 127.348 prestaciones por maternidad, un 5,4% menos que en el mismo periodo del año anterior, de las que solo un 1,9% son disfrutadas por el padre.

En paralelo, el coste de estas prestaciones ascendió en el primer semestre a 743,5 millones de euros, tras un descenso del 1,7% frente a la primera mitad del año anterior, en el que el gasto total fue de 1.519,2 millones de euros, un 2,6% inferior al de 2016.