Sánchez se enfrenta a una batalla con las eléctricas por hacerles pagar el bono social

El Gobierno ha adoptado una batería de medidas que alumbran una primera reforma eléctricapara contener las subidas de la luz. Es sólo un primer paso, y en los próximos meses llegarán –ése es el objetivo de la Administración de Pedro Sánchez- los verdaderos cambios de calado en lo que pretende ser una reforma estructural con la que renovar los pilares del sistema eléctrico (fiscalidad, el funcionamiento del mercado mayorista…) y que se acompañará con la elaboración de una estrategia nacional contra la pobreza energética.

Entre los primeros cambios aprobados la pasada semana, el Ministerio para la Transición Ecológica –comandado por Teresa Ribera- ha renovado el bono social de la luz, que contempla descuentos de entre el 25% y el 40% de la factura eléctrica (del 100% para casos extremos) para hogares vulnerables.

El Gobierno ha ampliado un 15% la cantidad de electricidad consumida a la que se aplican las rebajas, se ha facilitado el acceso a las ayudas a algunos colectivos (hogares monoparentales, ancianos que viven solos…), ha prohibido cortar la luz este invierno a familias con niños, con dependientes… y también ha creado un nuevo bono social específico para la calefacción.

Lo que no ha cambiado, al menos no de momento, es a quién le corresponde asumir la factura del programa de ayudas. En el real decreto-ley aprobado el pasado viernes se establece que siguen siendo todas las comercializadoras eléctricas las que financian el bono social. Son más de 200 empresas, pero son las cinco grandes –Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo- asumen el 96% del coste total.

El presupuesto total del bono social eléctrico asciende a unos 200 millones de euros al año, según las estimaciones oficiales. Desde el sector eléctrico se viene defendiendo desde hace años que el bono social, al tratarse de una política social, debería financiarse con cargo a los presupuestos generales del Estado (PGE) y no cargarlo a las cuentas de las compañías.

Cuando se creó el bono social, en 2009, el Gobierno obligó a financiar su coste a los cinco grandes grupos eléctricos (que son los que están obligados a ofrecer la tarifa regulada de luz). Y el Tribunal Supremo tumbó la fórmula por tratarse de un reparto discriminatorio. El Ejecutivo amplió entonces hasta la veintena la cifra de empresas encargadas de asumir el coste de las ayudas. Y el Supremo volvió a anularlo. Todo el dinero aportado por las compañías, hasta 516 millones, les ha sido devuelto.

Desde el año pasado, son todas las comercializadoras que operan en el mercado de la luz –dos centenares- las que se reparten la factura del bono social en función de su número de clientes, en un nuevo intento del Ejecutivo de cargar a las eléctricas el coste del programa y que el Supremo tendrá que volver a decidir sobre su legalidad.

De momento, a cargo de las eléctricas

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se ha venido admitiendo que se estudiaban diferentes fórmulas para no cargar todo el coste del bono social eléctrico a las compañías comercializadoras. Pero de momento seguirán siendo las empresas las paganas del bono social de la luz. En la norma, publicada este sábado en el BOE, se establece que el Gobierno revisará el mecanismo de financiación “al menos cada cuatro años”.

Desde el sector eléctrico se advierte ya de que, si son las compañías las que siguen cargando con el coste de financiar el bono a largo plazo, volverán a recurrir la medida. De momento no pueden: las empresas no pueden presentar recurso contencioso-administrativo contra una ley, y sólo pueden hacerlo contra su desarrollo reglamentario con las órdenes ministeriales correspondientes. Pero la batalla legal, de momento, parece más que probable.

Desde el Gobierno se zanja el posible choque asegurando que su objetivo es aprovechar el diseño de la estrategia nacional contra la pobreza energética para encontrar una fórmula de financiación del bono social “estable y duradera”, y que permita “no acabar en los tribunales” de forma recurrente. Y se apunta a que las eléctricas están invitadas al debate sobre cómo afrontar la pobreza energética a largo plazo.

Las eléctricas confían en que la elaboración de la nueva estrategia nacional contra la pobreza energética sirva para exonerarles de pagar el bono social y que se acabe trasladando el coste al presupuesto público.

La ayuda para calefacción, a los PGE

Otras fuentes del sector eléctrico subrayan que resulta “discriminatorio” que las comercializadoras sigan cargando con los costes del bono social eléctrico, mientras que el Gobierno ha decidido traspasar a los presupuestos estatales el coste del nuevo bono social para la calefacción.

En el proyecto de PGE de 2019 que el Gobierno presentará esta semana se recogerá una partida destinada a financiar el nuevo bono social térmico, que en principio será de unos 100 millones de euros y que servirá para pagar una suerte de cheque con el que costear parte del gasto que los hogares vulnerables (y que ya tengan el bono de luz) destinan a calentar la vivienda.

El importe mínimo de esos cheques será de 25 euros (el equivalente a dos bombonas de butano) y su cuantía irá elevándose en función del grado de vulnerabilidad del hogar, de la zona climática en que esté ubicada la vivienda, del número final de beneficiarios, y también del importe que se reserve para ello cada año en los PGE.

Según la estimación del Ministerio de Teresa Ribera, si se consignan esos 100 millones en el proyecto de presupuestos y se alcanzan los 1,5 millones de beneficiarios del bono social eléctrico, el importe de los cheques oscilaría entre ese mínimo de 25 euros y un máximo de 130 (para el caso de un hogar de vulnerabilidad severa y que se encuentre en una zona climática de frío extremo).

El Gobierno acaba de prorrogar hasta final de año el plazo para que los beneficiarios del antiguo bono social de luz lo renueven por el nuevo, que aunque está vigente desde hace un año no termina de arrancar. Menos de 800.000 clientes han sido ya confirmados como receptores de las ayudas, pero el Ejecutivo prevé que en el mejor de los casos se alcanzarán los 1,5 millones.