El Ministerio de Hacienda ha solicitado ya información a la Seguridad Social para estudiar la posibilidad de devolver de oficio el IRPF retenido por las prestaciones por maternidad durante los últimos cuatro años, los últimos no prescritos.
El departamento que dirige María Jesús Montero ha decidido dar un paso al frente ante el temor de que la sentencia del Tribunal Supremo que eximió del pago del impuesto lleve a un colapso de la Agencia Tributaria (AEAT) por un goteo de reclamaciones particulares.
Así lo ha avanzado el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, quien ha precisado que el Gobierno baraja una cifra de 900.000 declaraciones de la renta que ahora tendrían que ser "recalculadas", y que ha afirmado que, de momento, no está claro que esta regularización masiva pueda llevarse a efecto.
Según Granado, la alternativa sería que cada una de las personas afectadas por el cambio de criterio fijado por el Supremo --sobre todo mujeres, pero también hombres que ha disfrutado de esta prestación-- presentarán una declaración complementaria, lo que podría generar un colapso en la Agencia Tributaria (AEAT).
Hacienda confía en que esa regularización de oficio sea posible después de que la Seguridad Social haya hecho sin problemas el cambio de bases de cotización en el caso de las pensiones de viudedad, tal y como se contempla en los Presupuestos de 2018.
Por otro lado, el secretario de Estado de Seguridad Social cree que sería necesaria una aclaración por parte del Supremo sobre si la sentencia afecta también a los permisos de paternidad, pero ha precisado que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) no puede hacerlo por formar parte del proceso, algo que sí puede realizar un particular.
En paralelo, la Seguridad Social ha paralizado el pago de prestaciones por maternidad a la espera de que en un plazo de alrededor de 15 días tenga listo el cambio de la aplicación informática correspondiente para empezar a abonar las que se vayan solicitando a partir de ahora sin dicha retención y con efectos desde la publicación de la sentencia del Supremo, del 3 de octubre.
Una factura de 1.300 millones
De acuerdo con las estimaciones de UGT, además del problema logístico que plantea para Hacienda la sentencia, esta podría tener un impacto de 1.300 millones de euros para las arcas del Estado.
Tras conocerse el fallo del alto tribunal, bufetes laboralistas empezaron a recomendar iniciar actuaciones vía administrativa o vía judicial para solicitar el abono de las cantidades indebidamente retenidas, con el objetivo de suspender el plazo de prescripción.
Señalaban también que si la vía administrativa se agotaba sin éxito, el contribuyente siempre tendría vía judicial, que implicaría demandar al Fisco para lograr la devolución.
Gestha recomienda esperar
No obstante, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han recomendado este martes esperar unas semanas antes de empezar a reclamar las devoluciones del IRPF por bajas de maternidad, hasta que la Agencia Tributaria (AEAT) decida si implanta una herramienta informática que agilice al máximo el proceso.
Gestha espera en concreto que se habilite un formulario específico que facilitará su cumplimentación y acelerará el trámite de la presentación de la solicitud.
En caso de que la solicitud sea considerada procedente, el órgano competente de la AEAT practicará una liquidación provisional que rectificará la declaración presentada y en unos meses devolverá la cantidad indebidamente cobrada más los intereses de demora que correspondan.
Los técnicos del Departamento de Informática tributaria serán quienes tendrán que realizar el programa que cruce la información recibida con los datos declarados en su día y hacer los cálculos para determinar si existe un importe a devolver.
Posteriormente, la AEAT debería enviar una comunicación a las afectadas, vía SMS o por correo, facilitando el acceso a su cálculo y dando la opción de que puedan confirmar la rectificación de su declaración y solicitar la devolución, o no confirmar si desean que no se interrumpa la prescripción.
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