El Gobierno se enfrenta a un difícil reto: facilitar el acceso al empleo a jóvenes parados faltos de formación suficiente, a los que se ha propuesto dotar de un empleo y un salario de calidad; y, en ese proceso, ofrecer una salida adecuada a los trabajadores más veteranos para rejuvenecer las plantillas y ganar competitividad sin que ello suponga un coste adicional para la Seguridad Social, cuya mayor urgencia ahora es reducir un déficit público que ronda los 19.000 millones de euros.
Una de las fórmulas que estudia el Ministerio de Trabajo para lograrlo es el impulso del contrato de relevo, pero introduciendo cambios, puesto que esta modalidad conlleva actualmente un importante coste para la Seguridad Social, según algunos estudios.
En concreto, el contrato de relevo es una forma de anticipar la jubilación parcial de un trabajador veterano. Desde su puesta en marcha en 1984, se trata de que trabajadores próximos a la edad legal de jubilación puedan reducir su jornada laboral y dar entrada para cubrir ese hueco a un joven parado.
Ese planteamiento tiene todo tipo de ventajas a nivel individual. Para el trabajador relevado (el veterano) es una forma de ir anticipando su retiro en buena parte de su jornada manteniendo intactos sus ingresos mensuales, puesto que cobra la parte proporcional de su salario, mientras recibe parte de la pensión por jubilación por el resto de la jornada.
Para el relevista (el trabajador en paro) es una forma de acceder a un empleo de calidad; y en beneficio de la empresa, se produce así una modernización de las plantillas, un traspaso del conocimiento y, todo ello, sin costes adicionales como indemnizaciones por despido.
Dadas las circunstancias y en línea con lo que avanzó El Independiente, la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, confirmó tras conocerse los datos del paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de septiembre que hay margen para una mayor utilización de esta modalidad y que Trabajo, en coordinación con el Ministerio de Industria, "trabaja en planes sectoriales estratégicos para reforzarlo como instrumento de inserción".
Al mismo tiempo, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, afirmaba que el contrato de relevo es "muy importante para el sector del automóvil", pero matizaba que "precisa de una renovación". De hecho, confirmó que el Gobierno ya trabaja en su reforma.
El hecho de que el Ejecutivo quiera dar el primer paso en el sector automovilístico se debe al interés mostrado, por ejemplo, por los responsables de la planta de Volkswagen en Navarra.
¿Qué reformas necesita?
Básicamente, el Gobierno se ha propuesto hacer esta modalidad de contrato más atractiva para las empresas, para extender su uso, y también menos costosa para las arcas del Estado.
Fuentes próximas al Ministerio de Trabajo precisan que la reforma podría caminar en dos direcciones. La primera, elevando la ratio de tiempo de trabajo del relevista (empleado joven) del máximo del 75% de la jornada que comparte con el relevado actualmente al 85%, lo que haría que, según confían en el PSOE, las empresas estuvieran más interesadas en utilizarlo. Un segundo cambio sería la elevación de las cotizaciones sociales del trabajador relevista. Según las mismas fuentes, un mayor uso y unas mayores cotizaciones compensaría el coste que pueda suponer este contrato para la Seguridad Social.
La factura que a día de hoy paga el Estado la resume el profesor de economía aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos y colaborador de la Fedea, Miguel Ángel García, en un estudio monográfico sobre esta modalidad de contrato.
De un lado, el salario del trabajador relevista debe ser como mínimo equivalente a un porcentaje de la base de cotización del relevado --inicialmente del 50% hasta al 95% en 2023--. Asimismo, el contrato permite a la empresas la sustitución de un trabajador por otro en un porcentaje de la jornada que oscila entre el 25% y el 75%.
Además, debe existir una correspondencia entre las bases de cotización de ambos, de modo que la del relevista no podrá ser inferior al 65% del promedio de las bases de cotización correspondientes a los seis últimos meses del periodo de base reguladora de la pensión de jubilación parcial.
Pero, lo más importante, es que la jubilación parcial con contrato de relevo es una figura que permite evitar los coeficientes reductores de la pensión que tienen que asumir aquellos que se jubilan también de forma parcial pero por el procedimiento ordinario.
Esto, no solo supone un coste para la Seguridad Social, sino que además rompe la equidad horizontal del sistema, explica el autor, que añade que no parece justo aplicar esta posibilidad solo a una parte de la población --aproximadamente el 10% de las jubilaciones entre 2003 y 2017--, concretamente a los trabajadores que se encuentran en la parte alta de la escala salarial, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Trabajo.
El coste medio acumulado --teniendo en cuenta que los coeficientes oscilan entre el 6% y el 8% por cada año de anticipación de la pensión-- es de 120.000 euros por pensionista sobre la vida esperada de la pensión, con lo que el sobrecoste anual podría alcanzar 2.000 millones de euros. Dicho de otro modo, la modalidad de contrato de relevo que prevé impulsar el Gobierno podría hurta cada año unas dos décimas del PIB cada año para el pago de las pensiones.
¿Cómo evitar esta sangría?
Es ese coste el que los socialistas estarían tratando de conjurar con la reforma del contrato de relevo. Para empezar, esta figura está incardinada dentro de lo que se consideran políticas activas de empleo, con lo que podría entrar dentro del saco de gastos que en el futuro podrían salir de la Seguridad Social para cargarlos sobre los Presupuestos.
Pero además, las mismas fuentes precisan que lo más importante es modificar las ratios de tiempo de trabajo de forma que el relevista pueda trabajar hasta el 85% de la jornada y el relevado solo un 15%, y todo ello incrementando la base de cotización del primero.
De ese modo, sería más atractivo para las empresas lo que generaría más empleo con consiguiente incremento de las cotizaciones y supuestamente más ingresos, más aún cuando este tipo de contrato se usa sobre todo en estratos salariales altos, además de menos gasto en desempleo. No obstante, se trata de planteamientos sin cifras concretas.
Un cambio se avecina en 2019
En contra de las intenciones del Gobierno remará en cambio el fin el próximo 1 de enero del periodo transitorio de aplicación de un Real Decreto de 2013 por el que se endurecía el acceso a la jubilación anticipada y parcial. Debido a este periodo de carencia, actualmente alrededor del 40% los trabajadores que se jubilan antes de cumplir la edad legal aún lo hacen con las condiciones previas a dicha norma, más ventajosas.
En el caso de la jubilación anticipada a través del contrato de relevo, la normativa la hacía menos atractiva ya que recogía un aumento progresivo del porcentaje a pagar por la empresa de la base de cotización del trabajador relevado hasta alcanzar el 100% en 2023.
Sin embargo, excluía a las personas inmersas en los planes de jubilación parcial recogidos en convenios o acuerdos colectivos con anterioridad al 1 de abril de 2013, siempre que la jubilación se produjera con anterioridad al 1 de enero de 2019.
Así pues, este incremento de la cotización debería operar a pleno rendimiento en un plano de menos de tres meses jugando en contra de las reformas previstas por el PSOE, que no aclara si frenará el proceso aprovechando la reforma del contrato de relevo.
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