El pacto 'Robin Hood’ de PSOE y Podemos: 5.700 millones de las rentas altas pasan a las bajas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, han sellado este jueves un pacto presupuestario que supone el fin de una política económica del PP, fundamentada en la contención del gasto público en favor del equilibrio presupuestario, y el inicio de otra muy diferente, en la que se prioriza el gasto social y que, para no perder de vista la consolidación fiscal, se compensa exigiendo un mayor esfuerzo fiscal a las grandes empresas y a las rentas altas.

Se trata, por tanto, de un viraje hacia un Presupuesto que podría bautizarse como el de 'Robin Hood', tal y como queda impregnado en el preámbulo del documento, en el que se afirma que con la crisis "la mayoría de las y los ciudadanos de este país se han empobrecido mientras se privilegiaba a una minoría" y que "es hora de revertir todo el daño que se ha propiciado en estos años" mediante una fiscalidad "justa y con capacidad recaudatoria suficiente".

El célebre personaje medieval robaba a los ricos para dárselo a los pobres. En este caso, la metáfora se traslada, en términos generales, en forma de trasvase de rentas, por un importe que ronda los 5.700 millones de euros, de las empresas y las rentas más altas a las bajas y las clases más desfavorecidas.

La partida más importante de gasto y con más relevancia social es la de las pensiones, un colectivo que, de acuerdo con la Comisión Europea, no es para nada uno de los más desfavorecidos ni más amenazados por los índices de pobreza. No obstante, las fuerzas políticas de izquierdas les han colocado en ese lado de la balanza y, por ello, aparecen entre las prioridades del plan suscrito por PSOE y Podemos.

El documento prevé una paga compensatoria para los pensionistas si el IPC supera el 1,6% (la subida prevista) este año, con un coste aproximado de 704 millones de euros, además de otros 384 millones para pagar una subida adicional de las pensiones mínimas.

La siguiente partida de gasto más importante es el despliegue de un conjunto de medidas en materia de vivienda especialmente destinadas a ampliar la oferta de pisos y controlar la subida sin frenos de las rentas que piden los propietarios. El conjunto de las políticas de vivienda recibirán el próximo año en los Presupuestos unos 630 millones adicionales, a los que habría que sumar otros 400 millones en planes de rehabilitación.

Asimismo, el acuerdo contempla un aumento del gasto de 536 millones de euros para becas y 515 millones para financiar el nivel mínimo de dependencia y acuerdos en la materia entre el Estado y las comunidades autónomas. Este capítulo, el documento recoge, aunque sin dotación presupuestaria, la eliminación del copago farmacéutico para rentas inferiores a los 9.000 euros anuales y personas en situación de especial vulnerabilidad.

Planes de rehabilitación energética (400 millones), el pago de la cotización de los familiares cuidadores de personas dependientes (315 millones), ayudas para pagar el comedor de los hijos (25 millones), la financiación de la universalización de la escuela de 0 a 3 años (330 millones) o la gratuidad del material escolar (50 millones), son otras de las medidas sociales recogidas en el texto.

Mención especial merecen la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 900 euros anuales, que aparece consignada con un impacto económico de 340 millones de euros; la vuelta al subsidio para parados mayores de 52 años (323 millones de euros) y la previsión de una incipiente prestación de mínimo vital para familias en riesgo de exclusión social (180 millones).

Finalmente, PSOE y Podemos contemplan tres partidas de gasto adicionales también dirigidas a colectivos necesitados: el de las víctimas de violencia de género (el Pacto de Estado en la materia recibirá una financiación 300 millones), el personal que perdió su empleo durante los recortes de años pasados (39 millones) y las familias que sufren pobreza energética (50 millones).

Otras medidas también se dirigen a equilibrar la balanza entre 'ricos' y 'pobres', pero no cuentan con una dotación económica. Es el caso de la extensión de la sanidad universal, que favorecerá especialmente a los inmigrantes.

El 'hachazo' fiscal a las rentas altas y empresas

Para financiar esta ambiciosa agenda social, PSOE y Podemos recoge un abanico de subidas impositivas que recaen especialmente del lado de las rentas altas y las empresas. La recaudación prevista no se precisa, aunque desde el Ministerio de Hacienda se aclara que la estimación inicial es de unos 5.678 millones de euros.

De este lado de los ingresos, el documento establece un tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades sobre la base imponible (el Gobierno no ha cedido a establecerlo sobre el resultado contable, es decir, los beneficios).  Esta medida afectará solamente a los grupos que tributan en régimen de consolidación fiscal y a las empresas no integradas en grupos cuyo importe neto de la cifra de negocios sea igual o superior a 20 millones de euros, por lo que no afectará a pymes que, en cambio, verán reducida la tributación por el impuesto del 25% al 23%.

La recaudación prevista no se precisa, aunque desde el Ministerio de Hacienda se aclara que la estimación inicial es de unos 5.678 millones de euros

Adicionalmente, para las entidades de crédito y explotación de hidrocarburos el tipo de gravamen sería del 18%. No obstante, ambos partidos se reservan para un futuro estudio el establecimiento del conocido como impuesto a la banca y solo prevén poner en marcha la tasa a las transacciones financieras, que gravará con un 0,2% las compras de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. Solamente se someterán a tributación al 0,2% las acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros.

Sin embargo, un golpe más importante quizás a las empresas es la reducción en un 5% de la exención por los dividendos y plusvalías generados en el exterior, que actualmente no tributan y que permiten a muchas grandes empresas reducir de forma importante su base imponible, en relación al resultado contable obtenido.

Al mismo tiempo, PSOE y Podemos han pactado otorgar a los órganos de inspección de la Agencia Tributaria la competencia para controlar las Sicav y prevén aplicar un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos por las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (Socimi), que hasta ahora disfrutaban de una fiscalidad muy ventajosa.

La 'Tasa Google' ya está aquí

Asimismo, el documento prevé la creación de un Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, la conocida como 'Tasa Google', con el fin de gravar aquellas operaciones de la economía digital que actualmente no tributan, en línea con las recomendaciones de la UE. Únicamente tributarán las empresas con ingresos anuales totales mundiales de al menos 750 millones euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones euros.

El impuesto gravará al tipo del 3% los servicios de publicidad e intermediación online y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.

Golpe a las rentas altas

El acuerdo alcanzado también disipa las dudas sobre la subida del IRPF.  Según la redacción definitiva, se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros.

Además, el tipo estatal sobre las rentas del capital se incrementará en cuatro puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros, pasando del 23% al 27%. Finalmente, PSOE y Podemos contemplan que para poder financiar correctamente el Estado de Bienestar, "es imprescindible reforzar la progresividad general del sistema, y en particular recuperar el gravamen a los grandes patrimonios, que pueden aportar más".

Por ello, se acuerda incrementar el 1% en el Impuesto de Patrimonio a las fortunas de más de 10 millones de euros, una medida cargada de simbolismo que acaba por certificar el viraje a hacia la izquierda de la política presupuestaria del Gobierno.