Los funcionarios más antiguos podrán pedir el traslado a cualquier lugar de España

El secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, y los sindicatos representados en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado -CSIF, CC.OO., UGT, USO y CIG- han firmado este lunes el primer acuerdo sobre movilidad del personal funcionario.

El acuerdo firmado este lunes tras la reunión de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado contempla, entre otros avances en la función pública, el impulso del concurso como sistema de provisión de puestos de trabajo, una mayor transparencia en el sistema de provisión de plazas y el refuerzo de los principios de mayor seguridad, igualdad, mérito, capacidad, competencia y publicidad en los concursos y traslados.

De este modo, entre otros méritos, se valorarán cuestiones como la experiencia, cursos, conciliación o, por primera vez, el conocimiento de una lengua cooficial en los territorios en los concursos de traslados y promoción de los funcionarios.

Así, se valorará la experiencia adquirida por el funcionario durante el tiempo que haya estado desempeñado puestos de trabajo de un determinado nivel de complemento de destino, siempre en relación con el puesto o puestos que solicita, así como los cursos impartidos o recibidos en el marco de la formación para el empleo de las Administraciones Públicas y centros oficiales de idiomas.

Según destaca CSIF, por primera vez en la historia, el acuerdo establece un concurso unitario de movilidad del personal funcionario al servicio de la Administración General del Estado (AGE). El acuerdo afecta a unas 160.000 personas, de los grupos C1 y C2 (administrativos y auxiliares administrativos) que podrán optar a la movilidad en departamentos de la AGE de todo el país a través de concurso de méritos en los que se valorará la antigüedad y la conciliación de la vida familiar (favorecer la convivencia con el cónyuge, así como el cuidado
de menores y familiares). También se prevén traslados por motivos de salud.

CSIF ha valorado de manera positiva este acuerdo que por primera vez establecerá criterios comunes de movilidad, potenciando los principios de capacidad, mérito y publicidad, estableciendo mecanismos de transparencia para evitar la generalización de las comisiones de
servicio a medida del solicitante, nombramientos a dedo y favoritismos en la selección de los puestos.

Este acuerdo también prevé diseñar fórmulas que permitan la movilidad entre diferentes administraciones (estatal, autonómica y local); abre la puerta a la movilidad de los funcionarios dependientes del SEPE y del FOGASA (congelada desde hace más de una década); e introduce itinerarios formativos que mejoren la progresión laboral de los funcionarios.

Conciliación familiar

En materia de conciliación, el personal funcionario que alegue causas relativas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral para la adjudicación de un puesto en distinta localidad, deberá solicitar la totalidad de los puestos de trabajo que se convoquen en esa localidad, siempre que cumpla los requisitos establecidos en la correspondiente convocatoria.

En este marco, se tendrán en cuenta situaciones como el cuidado de hijos, de modo que hasta que cumpla doce años, siempre que se acredite por los interesados que los puestos solicitados permiten una mejor atención del menor. Así, se valorará ponderando la puntuación en función de la localidad de destino del funcionario y de la localidad de residencia de los hijos, así como, en su caso, del grado de discapacidad del menor objeto de cuidado.

Otro factor a tener en cuenta será el cuidado de un familiar, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad siempre que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida, siempre que se acceda desde un municipio distinto, y siempre que se acredite por los interesados que los puestos que solicitan permiten una mejor atención del familiar.

Se valorará igualmente el destino previo del cónyuge funcionario, cuando dicho destino haya sido obtenido mediante convocatoria pública en el municipio donde radique el puesto o puestos de trabajo solicitados, siempre que se acceda desde municipio distinto y se hará ponderando en todo caso la puntuación en función del tiempo de separación de los cónyuges.

En cuanto al personal del Servicio Público de Empleo Estatal y Fogasa, el acuerdo firmado establece que se flexibilizarán las limitaciones que tenían a la participación en concursos de personal.

Otros acuerdos

Por otro lado, la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado también ha avanzado en otros asuntos como el de los traslados por motivos de salud. Así, se establecerán criterios que permitan la utilización adecuada de esta figura con la finalidad de desligarla de los supuestos en los que concurren razones de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los funcionarios que no guardan relación directa con el puesto de trabajo asignado.

Para ello, se procederá, en el seno del grupo de trabajo de movilidad de personal funcionario, a la revisión y, en su caso, reformulación o reelaboración de los criterios fijados hasta la fecha.

En materia de movilidad interadministrativa entre las distintas administraciones públicas, en la reunión las distintas partes se han comprometido a avanzar en esta materia diseñando nuevas fórmulas de movilidad e intercambio.

Con el acuerdo firmado, el Gobierno se compromete a elaborar unas bases generales aplicables a todos los convenios de movilidad, de tal forma que aquellos que cumplan las bases que se establecen serán publicados en 15 días, para su puesta en marcha y resolución.

En un comunicado, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha destacado la provisión de puestos de trabajo de este personal al servicio de la Administración General del Estado tiene especial trascendencia, dada la necesidad de garantizar en todo momento la prestación eficaz de los servicios públicos, promoviendo al mismo tiempo la movilidad de los funcionarios y las funcionarias y su promoción profesional.

Por ello, ha destacado, es preciso contar con unos criterios comunes de provisión en los distintos ministerios y organismos públicos, acordados con las organizaciones sindicales más representativas en este ámbito, dirigidos a regular uniformemente esta materia mediante la implantación de procedimientos que permitan una mayor agilidad en la cobertura de puestos.