El Gobierno lanza la reforma para acabar con las “retribuciones excesivas” de las eléctricas

El Gobierno ya había avisado de que preparaba una reforma de calado del mercado mayorista de la electricidad, conocido como pool. Ya ha aprobado un plan de choque para intentar frenar la escalada de precios de la electricidad (con rebajas de impuestos a las compañías por 970 millones) y para mejorar la protección de los consumidores (ampliando el bono social de la luz y creando uno de calefacción).

Y el siguiente paso era abordar reformas estructurales del mercado eléctrico y de la fiscalidad del sector. Una intención que quedó comprometida el acuerdo alcanzado la pasada semana por el Gobierno y Podemos para consensuar los presupuestos generales del Estado (PGE) para 2019, en el que se recoge un apartado específico en materia energética.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado la creación “de manera inmediata” de un grupo de trabajo al que están convocados todos los actores implicados para perfilar la reforma del mercado mayorista eléctrico, en que los generadores de electricidad venden su producción a las distribuidoras y comercializadoras. Los trabajos del grupo de trabajo arrancarían ya a principios de 2019.

El beneficio extra de las eléctricas

Durante su intervención en un desayuno informativo, Ribera ha subrayado que el objetivo de la reforma del mercado eléctrico, que incluirá “mejoras importantes”, es doble. Por un lado, facilitar la “estabilidad y la confianza de los inversores”. Por otro, hacer posible esa certidumbre sin que eso suponga “la aparición de retribuciones excesivas” para las compañías.

El Gobierno ya valoró la posibilidad de poner coto a esas retribuciones excesivas de las eléctricas cuando estaba diseñando su plan de choque, pero finalmente no se incluyó en las medidas urgentes. Ahora por primera vez el Ejecutivo reconocía en su acuerdo con Podemos para los PGE su intención de introducir los “cambios normativos necesarios (…) para acabar con la sobrerretribución (conocida como beneficios caídos del cielo) que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías”.

Esas tecnologías serían singularmente la nuclear y la hidroeléctrica, que tanto para el Gobierno como para la formación de Pablo Iglesias, “han recuperado sobradamente sus costes de inversión”. Esto es, socialistas y podemistas entienden que las centrales nucleares y las hidráulicas ya están amortizadas –algo que las compañías eléctricas desmienten desde un punto de vista contable- y obtienen unos beneficios extra gracias a los altos precios de la electricidad.

El mercado mayorista español, como en el resto de Europa, es marginalista. Esto es, la última unidad de energía que se compra para cubrir la demanda prevista marca el precio para toda la electricidad comercializada. La electricidad producida con centrales de gas natural es la más cara, y cuando se utilizan para cubrir el consumo previsto marcan el precio para el resto de tecnologías. Una circunstancia que haría que la rentabilidad de nucelares e hidráulicas se disparase.

Tanto Gobierno como Podemos admiten que una fórmula que se plantean para frenar esos beneficios caídos del cielo pasan por establecer un precio máximo que pueden recibir nucleares e hidroeléctricas. La diferencia entre el precio real del mercado y ese límite se considerará un ingreso del sistema eléctrico y sería destinado directamente a abaratar la factura de la luz de todos los consumidores.

La queja de las eléctricas

Tras conocerse los detalles del acuerdo entre Gobierno y Podemos, las grandes eléctricas sufrieron un auténtico batacazo en bolsa. Endesa, señalada como la firma potencialmente más amenazada, registró un revés que supera el 4%, mientras que Acciona e Iberdrola perdieron más del 3,4%. También Enagás rozó el 3% de caídas, y Red Eléctrica y Naturgy sufrieron castigos en el entorno del 2%. Las seis energéticas cotizadas acumalaban así pérdidas superiores a los 6.000 millones de euros de capitalización en solo dos sesiones.

Las eléctricas ya advierten de que la aplicación de medidas que penalicen sólo a unos tipos de tecnología y que no sea general abre la puerta a una batalla legal (otra más en el sector eléctrico) contra la reforma del Ejecutivo. Desde el sector se comparte la necesidad de reformar el mercado de generación, pero de manera general y no centrándose sólo en hidráulica y nuclear.