Las empresas aportarán dos tercios de los ingresos por la subida de impuestos

El Gobierno remitirá este lunes a la Comisión Europea el Plan Presupuestario de 2019 con las líneas generales de las cuentas del año. Antes de saber los detalles, la ministra de Economía, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han comparecido tras el Consejo de Ministros extraordinario celebrado hoy y han confirmado que el golpe fiscal para elevar los ingresos y pagar la agenda social del Gobierno lo pagarán fundamentalmente las empresas. Casi siete de cada diez euros de subida de impuestos recaerá sobre sus espaldas.

Era uno de los secretos mejor guardados después de que el pasado jueves se diera a conocer el acuerdo presupuestario alcanzado por el PSOE y Unidos Podemos. En el documento de 50 páginas no había una estimación de ingresos, aunque sí de gastos.

Con la información aportada este lunes, se sabe que el Gobierno pretende recaudar 5.678 millones de euros más y que de esta cantidad, hasta 3.826 millones de euros los pagarán las empresas --no únicamente la banca-- a través de la limitación en las exenciones y el tipo mínimo del 15% de la base imponible en el Impuesto de Sociedades, que supondrá un 'hachazo' de 1.776 millones de euros; mediante la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras ('Tasa Tobin'), que permitirá recaudar 850 millones más con destino al pago de pensiones; y con la creación del impuesto sobre servicios digitales ('Tasa Google'), que implicará 1.200 millones más.

También entre los paganos estarán las rentas más altas, que desembolsarán 328 millones de euros más por la subida de tipos del IPRF para rentas a partir de 130.000 euros anuales y en la tributación del ahorro para rentas de más de 140.000 euros. Además, la subida del Impuesto del Patrimonio, que repercutirá en más recaudación para las comunidades autónomas, recaudará 339 millones más. Esto es, 667 millones de euros más en impuestos a los más ricos.

La lista se completa con 670 millones más procedentes de la fiscalidad verde; 218 millones por la limitación de pagos en efectivo a partir de 1.000 euros cuando una de las partes sea un profesional; 110 millones por el refuerzo de la lista de morosos (incluyendo a deudores a partir de 600.000 euros); y 500 millones de euros por las medidas de lucha contra el fraude.

En cambio, verán aliviada su factura fiscal las pymes (260 millones), los servicios veterinarios con un menor IVA (35 millones) y las mujeres, a través de una rebaja del IVA en los productos de higiene íntima (18 millones).

Más de 5.000 millones de gasto

Con esos ingresos, el Gobierno espera financiar más de 5.000 millones de gasto, con lo que sobrarían 580 millones de euros para reducir el déficit. De entre esas medidas de gasto, el Gobierno plantea que más del 60% son compromisos adquiridos antes por el PP.

Pero lo cierto es que, entre las medidas que se detallan, tan solo aparecen los 1.100 millones derivados de la subida de las pensiones en 2019, frente a las mejoras en dependencia (515 millones), la subida del salario mínimo a 900 euros al mes (340 millones), la recuperación del subsidio para mayores de 52 años (340 millones), la extensión del permiso de paternidad (330 millones), el incremento para la financiación de las becas (536 millones) o el establecimiento de un mínimo vital (180 millones).

Las ambiguas cuentas del Gobierno

De esta forma, al Gobierno le salen las cuentas. Los gastos del conjunto de las administraciones públicas suben un 3,1% y los ingresos un 5,7%. Con estos dígitos dice estar en disposición de presentar un Presupuesto para 2019 con una subida significativa del gasto social que recoja los compromisos adquiridos con Unidos Podemos, con un incremento de los ingresos que no solo la compense, sino que además permita un ajuste estructural del déficit de cuatro décimas del PIB, como pide Bruselas, y ello con cualquiera de las dos sendas de déficit posibles: una laxa y negociada con Bruselas, que permitiría un objetivo del 1,8% en 2019, y la más restrictiva y a la que empujan Ciudadanos y PP, del 1,3%.

El Gobierno no ha desvelado aún cómo se llevará a cabo el ajuste estructural que demanda Bruselas. No obstante, precisa que además del aumento de la recaudación por la subida de impuestos, el Presupuesto incluirá una previsión de aumento de recursos de 6.413 millones de euros por el efecto del ciclo económico. En total serían 11.724 millones de euros de ingresos adicionales, sobre un gasto extra de entre 5.000 millones y 6.000 millones, lo que podría dar lugar al margen estructural al que se refiere el Gobierno.

Esta previsión de ingresos inducidos por el ciclo coincide, sin embargo, con una revisión a la baja de la previsión de crecimiento del PIB del 2,7% al 2,6% este año y del 2,4% al 2,3% para el próximo debido al deterioro del sector exterior.

La duda sobre la senda de déficit

Pero en torno a esta cuestiones hay más dudas. Para empezar, el Gobierno ha elaborado sus cuentas partiendo de un déficit previsto para este año del 2,7%, en línea con los analistas y organismos internacionales, y del 1,8% para el año que viene. Esto responde a que el Ministerio de Hacienda confía en que a lo largo del año el Parlamento acabe aprobando la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que habilitaría para aprobar esta nueva senda de déficit.

¿Y qué ocurriría si no se aprueba? Según la ministra de Hacienda, nada. Montero ha explicado que, dado el calendario de tramitación de las cuentas, presentará los Presupuestos partiendo del objetivo del 1,3% a finales de noviembre o diciembre, a la espera de elevarlo sobre la marcha al 1,8%.

Además ha insistido que a efectos del Estado apenas supondría una diferencia de unos 1.200 millones de euros, compatibles en cualquier escenario con el Presupuesto que se está elaborando, y que podría salvarse con "pequeños ajustes".

Y es que la mayor holgura de la nueva senda de déficit de cinco décimas se piensa repartir cediendo dos décimas más a las comunidades autónomas, otras dos para la Seguridad Social y una para el Estado. Fuentes de Hacienda esperan trasladar a la Seguridad Social el superávit que finalmente obtengan los ayuntamientos, así que el gran problema se presenta para las comunidades autónomas.

Según ha precisado Montero al final de la rueda de prensa, la mayoría están empezando a elaborar sus presupuestos partiendo de un objetivo agregado del déficit del 1,3%. En ese caso, la duda es ¿cómo podrían adaptarse a la nueva senda del 1,8% una vez se apruebe en el Parlamento? Y las que elaboren sus cuentas con el 1,8% ¿Cómo se adaptarían si esto no ocurriese? Hacienda no lo aclara.

Finalmente, el Gobierno mantiene invariable el techo de gasto para el año que viene, con 125.064 millones de euros, un 4,4%, pese a que la documentación aportada recoge un incremento de los gastos.

Ingresos sin imputar: el SMI

Finalmente, el Gobierno parece haber dejado fuera de la documentación avanzada otros cálculos. Por ejemplo, Calviño ha defendido que la subida del salario mínimo, tan criticada por su supuesto impacto negativo sobre el empleo, supondrá un mayor ingreso de cuotas puesto que está ligado a la evolución de las bases mínimas de cotización, sin que exista pruebas empíricas de que afectará a la creación de puestos de trabajo.

Pues bien, Montero ha precisado al término de la rueda de prensa de que solo la subida del SMI aportará unos ingreso extra a la Seguridad Social de 2.000 millones de euros, sin contar con el efecto arrastre de las bases de cotización.