El Gobierno, en línea con las exigencias de la Comisión Europea, pretende ir subiendo progresivamente en los próximos años el impuesto que soporta el diésel hasta acabar igualándolo con el de la gasolina. Una subida que arrancará en 2019 y que mantiene en vilo a los conductores de los cerca de 18 millones de vehículos que utilizan gasóleo en España.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reconocido que la previsión que manejan es que la subida del impuesto al diésel servirá para elevar la recaudación en 670 millones de euros el próximo año. Así se recoge en el cuadro macroeconómico y las líneas maestras del plan presupuestario que el Gobierno remitirá hoy mismo a Bruselas, y en el que se prevén las diferentes reformas impositivas sirvan para aumentar los ingresos fiscales en 5.678 millones de euros en 2019.
En las últimas semanas la propia ministra de Hacienda ha venido subrayando que la subida fiscal que se prepararía una “repercusión importante en el bolsillo del consumidor”. Y, de hecho, había llegado a cifrar el impacto de la medida en un aumento del coste del combustible de 3,3 euros al mes para el conductor medio, que recorre unos 15.000 kilómetros al año con su vehículo. Hasta ahora no se había desvelado la recaudación total prevista.
El plan de Hacienda pasaría por elevar el tributo del diésel en 38 euros cada mil litros de carburante, pasando de los 307 euros actuales hasta un total de 345 euros. Aún quedaría margen para seguir aplicando subidas hasta igualar las tasas de gasóleo y de la gasolina, que hoy es de 400 euros por cada mil litros.
Con la primera subida en que se trabaja, los conductores tendrán que pagar unos 2,15 euros más por llenar el depósito de sus coches diésel (que tienen una capacidad media de 57 litros). La subida sólo afectará a los consumidores particulares, y de la quedarán excluidos de la misma los profesionales que utilizan el vehículo como medio de trabajo, como transportistas o taxistas.
El Gobierno ha pactado con un Podemos un acuerdo para los presupuestos generales del Estado (PGE) para 2019 que contempla, además, que a partir de 2020 se utilice al menos un 30% de la recaudación extra del impuesto al diésel (al menos 201 de los 670 millones previstos) para financiar ayudas a la movilidad sostenible, singularmente para impulsar el coche eléctrico.
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