El Gobierno recuperará con el SMI el doble del alza en pensiones pactada con Podemos

El Gobierno defiende a capa y espada la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 900 euros al mes en 2019. Una subida sin precedentes y tan brusca --del 22,2% en solo un año-- que ha levantado una polvareda entre los economistas y también organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ven en esta medida un potencial desincentivo a la contratación, especialmente de los jóvenes, o un mayor incentivo a la precarización del empleo.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, aseguraba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario de este lunes que no hay prueba empírica que demuestre estos efectos adversos y que, por el contrario, esta subida tendrá resultados positivos para la Seguridad Social.

Era una forma de empezar a responder, al menos en lo que afecta al corto plazo, a la pregunta de ¿cómo pagará el PSOE la subida de las pensiones con el IPC pactada con Podemos?

Mientras que buena parte del gasto asociado a la revalorización de las pensiones por encima del 0,25% que marcaba la reforma de las pensiones de 2013, derogada de facto, se desprendía de los compromisos adquiridos por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, los acuerdos entre PSOE y Podemos han venido a echar más leña al fuego.

Pero con la subida del SMI, el Gobierno al menos espera cubrir con creces el gasto extra ocasionado al sistema. Una aportación significativa de cara a rebajar el déficit de la Seguridad Social al 1,1% del PIB en 2019, tal y como espera prevé el nuevo cuadro macroeconómico elaborado de cara a los Presupuestos, desde los alrededor de 19.000 millones de déficit actual a los algo más de 12.000 millones.

Veamos. De acuerdo con el Plan Presupuestario 2019 remitido a Bruselas, el Gobierno estima que el gasto derivado de las subida de las pensiones un 1,6%, el incremento de la base reguladora de las de viudedad del 52% al 56% y las subida del 3% de las mínimas y las no contributivas (estas cargan directamente en el Presupuesto del Estado) en 2018 será de 2.259 millones. En 2019, estos compromisos (la base reguladora en viudedad alcanzará el 60%) supondrán otro gasto adicional de 2.750 millones.

Y como remate, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido con Podemos a elevar la subida de las pensiones del 1,6% hasta la tasa anual del IPC de noviembre, si es que ésta es superior, tanto en 2018 como en 2019, y a aplicar una nueva subida del 3% en las pensiones mínimas y en las no contributivas. Esta factura extra está cuantificada en 736 millones de euros, una cantidad aparentemente limitada. Sin embargo, cabe recordar que la vinculación permanente de las pensiones con el IPC, el gasto más temido por la Comisión Europea, de momento no es más que una mera recomendación del Pacto de Toledo.

Del lado de los ingresos, las consecuencias económicas de la subida del SMI hasta 900 euros apenas se comentaron durante la comparecencia en el Palacio de la Moncloa. Y es que quizás resultase impopular afirmar que el Gobierno hará caja con el incremento del SMI a través de una mayor recaudación por cotizaciones sociales, y que la mayor parte de esta cosecha volverá a recaer sobre las espaldas de las empresas.

Esto es así, porque las bases mínimas de cotización, sobre las que posteriormente se aplican los tipos de cotización de los trabajadores, suben en función del SMI y las pagan, en mayor medida, los empresarios.

Por otro lado, esa partida de ingresos no constaba en los documentos repartidos al mediodía del lunes. En todo caso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmaba en un corrillo con los periodistas que la recaudación prevista por esta medida podría alcanzar por sí sola los 2.000 millones de euros.

Finalmente, el documento definitivo habla de 1.500 millones de euros, un desfase que podría justificarse por el hecho de que la subida del salario mínimo también tiene un coste en el capítulo de personal de la Administración.

Poniendo en relación los ingresos y los gastos remitidos a Bruselas, resulta que la subida del salario mínimo, que tendrá (si finalmente hay nuevos Presupuestos) efectos desde el próximo 1 de enero y que afectará a entre uno y dos millones de personas, fundamentalmente jóvenes, mujeres y inmigrantes, supondrá unos ingresos por cotizaciones de más del doble que el gasto adicional generado por la subida de las pensiones con el IPC, así como de las mínimas y las no contributivas del 3% en 2019.

Con ese margen, los 850 millones de euros por la recaudación de la tasa a las transacciones financieras y la evolución positiva del empleo y los salarios el próximo año parece que el Gobierno va despejando poco a poco de qué manera se pueden pagar mayores subidas de pensiones que las efectuadas desde 2013. No obstante, fuentes de Hacienda avanzan que el previsible superávit de los ayuntamientos en 2019 también se dedicará a enjugar el déficit de las pensiones.

¿Quién paga esas cotizaciones?

Por tanto, el Gobierno cubrirá su parte de carga al sistema de las pensiones, pero ¿quién lo pagará en último extremo? Todo apunta a que las empresas. Porque la mayor parte de las cotizaciones que se abonan por trabajador parten de su bolsillo.

Así, en la partida de contingencias comunes, la que fundamentalmente se destina al pago de pensiones, se paga un 28,3% del salario bruto sobre las bases de cotización de los trabajadores, incrementadas en la medida del SMI en el caso de las mínimas. De este porcentaje, el 23,6% lo abona la empresa (alrededor del 83%) y el resto el trabajador.

De ello se desprende que de la subida de la recaudación por cotizaciones de unos 1.500 millones, más de 1.200 millones lo sufragarían las compañías y el resto los propios trabajadores.

Además, la subida del SMI tiene un efecto tractor. Un incremento de las bases mínimas puede ir seguido de un movimiento también al alza de las bases máximas. Al respecto, el Plan Presupuestario precisa que el incremento de las bases máximas de cotización del 1,4% en 2018 tendrá un retorno de 780 millones de euros en 2019.

El dudoso ajuste estructural del PIB

Por último, el Gobierno explica como, en estas circunstancias, con gasto en pensiones creciente, se puede llevar a cabo un ajuste estructural del déficit público de cuatro décimas, como requiere Bruselas. Lo explica, pero dejando severas dudas en el aire, pese a que este déficit estructural es ahora lo que más importa a la Comisión Europea después de que se de por hecho que el déficit bajará del 3% este año.

Señala el Gobierno que el ciclo económico aportaría medio punto del ajuste fiscal --del déficit del 2,7% al 2,2%-- y se realizaría un ajuste estructural de 0,4 puntos porcentuales de PIB --hasta el 1,8%--, como consecuencia de las medidas que se detallan en el Plan.

Sin embargo, enfrenta un incremento del gasto algo superior a 5.000 millones en 2019 a un aumento de los ingresos de unos 7.400 millones de euros sumando el alza de las cotizaciones por la subida del SMI. Se trata de un margen adicional de alrededor de dos décimas porcentuales.

Con estas exigencias de reducción del déficit estructural y esta previsión de ingresos, el Ejecutivo elevará la presión fiscal en seis décimas el próximo año, pasando del 34,93% al 35,54%, mientras que el gasto en educación o sanidad se mantendrá en los mismos niveles en términos de PIB en 2019.

Y es que su estrategia fiscal consiste en aumentar la ratio de ingresos públicos sobre PIB desde el 38,5% del 2018 al 39,1% del PIB en 2019, mientras reduce la del gasto desde el 41,2% del PIB de 2018 al 40,9%.

Explica, por otro lado, que las medidas desplegadas arrojan un incremento del gasto computable, en términos nominales y netos, del 1,7%, inferior a la tasa nominal de crecimiento potencial de la economía española a medio plazo, que el Gobierno estima en el 3%. Esta diferencia evidenciaría, según el Gobierno, que se está realizando un ajuste estructural en línea con lo que marca Bruselas.