El gobierno ha remitido a Bruselas un plan presupuestario que, en palabras de la portavoz Isabel Celaá, "blinda el estado de bienestar". Podemos dormir tranquilos. Es una pena que el gobierno socialista de Zapatero no supiera que eso se podía hacer, con lo que se hubiera evitado los recortes que tuvo que hacer como consecuencia de la crisis financiera tras la caída de Lehman Brothers, de la que se acaban de cumplir diez años.

La autosatisfacción es uno de los denominadores comunes de los ministros de un gobierno que, pese a su escaso apoyo parlamentario, cree estar llevando a cabo una transformación histórica de la sociedad y la economía española.

En fin, vamos a los números. El borrador del presupuesto prevé un recorte del déficit público para 2019 de 0,9 puntos porcentuales de PIB (lo que significa bajar la diferencia entre ingresos y gastos en unos 11.000 millones respecto al déficit que se espera para este año). Ese es un ajuste muy importante, pero veremos si suficiente para los criterios comunitarios.

La Comisión Europea tiene que aceptar, de entrada, que España cambie sustancialmente sus objetivos. El gobierno de Rajoy se había comprometido con la Comisión a rebajar el déficit al 1,3% del PIB el año que viene y el gobierno de Pedro Sánchez eleva ahora esa cifra al 1,8%; es decir cinco décimas más. Cada vez que hablamos de una décima de PIB hablamos de más de 1.000 millones de euros, por lo que esa diferencia no es baladí.

El comisario Moscovici, escaldado de los regateos de última hora, ha adelantado que "con España siempre hay sorpresas". Claro que teniendo sobre la mesa el plan presentado por Italia (que pretende triplicar su déficit), lo de Sánchez le puede parecer hasta gracioso.

Con los números presentados, el gobierno no cumplirá el déficit en 2019. Pero lo relevante es si el presidente logra el apoyo de los independentistas

Con los presupuestos uno tiene siempre la sensación de que el gobierno está vendiendo una burra ciega: se les puede bautizar como "presupuestos del cambio"; "presupuestos de consolidación fiscal"; "presupuestos que garantizan el estado de bienestar", etc. Al final, lo que hay que descubrir es dónde está el truco.

Con el borrador presentado el lunes por las ministras Nadia Calviño (Economía) y María Jesús Montero (Hacienda) lo primero que hay que decir es que es prácticamente imposible saber es si las cuentas se van a cumplir o no, porque nos faltan datos básicos para saberlo (como, por ejemplo, cuánto va a aumentar la recaudación por IRPF, por IVA, etc.). El gobierno, en su afán propagandístico, ha incluido en los cuadros de ingresos y gastos partidas de diferentes administraciones (comunidades autónomas o ayuntamientos), cuando no de la Seguridad Social (revalorización de pensiones, subsidio a mayores de 52 años, etc.), de tal manera que es difícil saber qué se incluye en las cuentas del Estado cuando se calcula la cifra de déficit.

La aseveración de la ministra Calviño de que España hará una reducción de déficit estructural (el que no depende de que la economía vaya mejor, sino de reducciones de gastos o subidas de impuestos) del 0,4% del PIB (lo que supone 4.800 millones) no sabemos cómo se va a cumplir, más allá de la voluntad expresada por la titular de Economía.

El voluntarismo está presente en la escasa y confusa información aportada el pasado lunes: la recaudación por el nuevo impuesto a las empresas tecnológicas se eleva a 1.200 (el gobierno anterior lo había establecido en 600 millones); la lucha internacional contra el fraude se estima que generará unos ingresos de 500 millones (una cifra sin ningún sustento), o los 218 millones que se esperan recaudar con la limitación al pago en efectivo por encima de los 1.000 euros, que no se conoce en base a qué se obtiene tan redonda cifra.

Pero, incluso dando por hecho que todas esas estimaciones se cumplieran, según el borrador presentado, la reducción del déficit estructural se limitaría a 2.500 millones y suponiendo una mejora en los ingresos fiscales de 6.400 millones (lo cual es mucho decir), la reducción del déficit quedaría ligeramente por debajo de los 9.000 millones de euros: es decir, que en 2019 España superaría ligeramente el 2% de déficit y se quedaría a más de 2.000 millones de distancia de lo comprometido en el plan.

Las trampas no van a provocar el descarrilamiento de la economía, aunque sí la van a colocar en peor situación para afrontar una desaceleración

Sin embargo, no debemos dejar que los árboles nos impidan ver el bosque. El presupuesto es un instrumento político y, para el gobierno, su aprobación significa estabilidad. Nadie se va a fijar en esas pequeñeces, unas décimas arriba o abajo, qué más da. De hecho, la medida estrella del pacto entre Sánchez y Pablo Iglesias, la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, no tendrán impacto en el techo de gasto del presupuesto.

El presidente del gobierno ha presentado un borrador que, con correcciones, seguro que terminará contando con el visto bueno de Bruselas. Si España baja del 3% este año, dejará de estar sometida al procedimiento de déficit excesivo. Las trampas no van a provocar el descarrilamiento de la economía, aunque sí la van a colocar en peor situación para afrontar una desaceleración que ya se apunta en el horizonte cercano (el gobierno ha reducido el crecimiento para este año y para el próximo una décima).

Lo relevante es si Sánchez consigue que los independentistas le den su apoyo. El del PNV puede darse por seguro, si logra algo a cambio. ERC parece bizcochable, pero JxCat se resiste (sobre todo Puigdemont y su vicario Torra, que quieren mantener el pulso mientras el gobierno no ceda en la autorización de un referéndum de autodeterminación).

Lo que está en juego no es el futuro inmediato de la economía, sino si Sánchez logra que los independentistas le den un voto de confianza ¿A cambio de qué? Eso tampoco he podido descubrirlo en este farragoso borrador.