Alcoa despedirá a 690 personas tras cobrar 1.000 millones en ayudas en diez años

Alcoa prepara un drástico recorte de actividad en España. El gigante norteamericano del aluminio confirmó ayer su intención de echar el cierre a sus factorías de Avilés y de A Coruña y ejecutar un despido colectivo de los 686 empleados de las dos plantas. La compañía mantendría sólo operativa su fábrica de San Cibrao, en Lugo, con 1.300 empleados.

La dirección de la compañía justifica su decisión en las pérdidas que acumulan ambas factorías motivadas por su  “menor capacidad de producción, una tecnología menos eficiente y elevados costes fijos”, al tiempo que sufre el impacto de factores externos como la “sobrecapacidad de producción de China”, el elevado precio de las materias primas y –una de las grandes quejas de la compañía en los últimos años- el coste de la energía en España.

El Gobierno, al que la decisión ha sido una “sorpresa” que el grupo no le comunicó hasta ayer mismo, ha sido muy duro con la compañía. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tachó los motivos esgrimidos por Alcoa de “excusa” y de “cortina de humo” en una entrevista en Onda Cero. "De las tres plantas que tiene en España, Alcoa cierra las dos en las que no ha acometido inversiones de mejora en los últimos años”, sentenció.

Ayudas millonarias pagadas por el recibo de luz

Alcoa lleva años advirtiendo de que el alto precio de la electricidad (que concentra en torno a un 40% del total de costes en la producción de aluminio) que se registra en España supone un lastre para su actividad. Como otras grandes industrias asentadas en el país, Alcoa ha cobrado en los últimos años ayudas millonarias a través del sistema de interrumpibilidad eléctrica, que sirve para compensar el peso en sus costes de la factura energética y que pagan todos los consumidores eléctricos a través del recibo de la luz.

Las cifras del reparto de esas ayudas entre las grandes industrias reciben el trato de información confidencial, y ni Red Eléctrica ni la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) las hacen públicas. Sin embargo, fuentes conocedoras de esos datos, confirman a El Independiente que Alcoa ha ingresado en la última década cerca de 1.000 millones de euros en ayudas, siendo "con una diferencia abismal" la compañía más beneficiada del país.

Este año cobrará cerca de 90 millones de euros en ayudas, cuando el coste total de 2018 del servicio de interrumpibilidad se sitúa en el entorno de los 430 millones de euros. En años anteriores, el importe de las ayudas ha sido incluso mayor, situándose normalmente por encima de los 100 millones anuales y con picos en algunos ejercicios que han superado los 140 millones de euros como en el año 2014. Justo ese año, Alcoa ya amenazó con el cierre de las dos plantas y de un ERE masivo, que finalmente no se ejecutó.

“El sistema eléctrico español, que articula un proceso de acompañamiento basado en subastas de interrumpibilidad, ofrece un marco competitivo adecuado para centros como los que Alcoa mantiene en Avilés y A Coruña”, apuntan fuentes oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica. “Alcoa ha sido uno de las más beneficiarias de este marco regulatorio”.

5.000 millones para la industria en una década

Todos los consumidores eléctricos españoles asumen cada año a través de su recibo de luz pagos millonarios a las grandes industrias. Es el denominado servicio de interrumpibilidad, un sistema que garantiza que grandes fábricas pararán y dejarán de consumir electricidad (o recortarán su consumo) en caso de que existan picos de demanda tales como para generar un riesgo de problemas de suministro.

El Gobierno de Mariano Rajoy, además, aplicó reformas para facilitar que las plantas tuvieran que parar también cuando haya subidas disparadas de los precios eléctricos. Un cambio que ha hecho que, después de años de muy escasa utilización de estas paradas de fábricas, durante este año se hayan disparado el número de parones.

El actual servicio de interrumpibilidad se creó en 2008. En los primeros años los pagos a las fábricas se realizaban mediante un modelo de precio regulado de la electricidad, y desde 2014 se realizan subastas en las que las industrias presentan sus ofertas para optar a las ayudas a cambio de estar dispuestas a desconectar sus factorías de la red en caso de ser necesario.

Los consumidores han pagado entre 2008 y 2017 a través de sus recibos de luz 4.746 millones de euros a la gran industria, según datos de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) y de la actual Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). En 2018, a falta de cifras oficiales, el coste acumulado en las dos subastas celebradas este año se situaría entre los 430 y los 440 millones. En total, en una década se superan los 5.000 millones de euros en ayudas.

El Gobierno estaba preparando la nueva subasta de interrumpibilidad para cubrir el servicio durante el próximo año. El Ministerio para la Transición Ecológica confirma que, si Alcoa finalmente acaba echando el cierre de las dos plantas, tendrá que reformular la subasta prevista dado el enorme peso del grupo norteamericano.

Las quejas de la CNMC

La CNMC se ha mostrado muy crítica  con el mecanismo de interrumpibilidad por su “elevado coste” a pesar de estar “apenas utilizado”, y por eso ha llegó a reclamar al anterior Gobierno que justificara la necesidad de mantener este servicio.

El supervisor considera que una reforma del mecanismo de interrumpibilidad “debe abordarse lo antes posible”. En este sentido, la CNMC propuso que se diseñara una metodología para calcular previamente las necesidades de cobertura de interrumpibilidad, y no como se hace actualmente, que se utiliza el volumen de interrumpibilidad supuestamente necesaria como un dato de partida en el análisis de la cobertura.

Asimismo, el organismo arremetió contra el secretismo que gira en torno a este sistema y solicita que Red Eléctrica o el Gobierno hagan pública información sobre el uso efectivo del servicio de interrumpibilidad de manera periódica.