Grandes inversores alertan de un agujero de 2.500 millones en el recibo de la luz

El acuerdo del Gobierno y Podemos para los presupuestos va más allá de los presupuestos. Recoge una batería de medidas consensuadas entre socialistas y podemistas que se desarrollarán fuera del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y se articulará en otros ámbitos y con otras normas. Es el caso de la mayoría de medidas pactadas en materia energética.

En el acuerdo se recoge, entre otros aspectos, introducir reformas al decreto de plan de choque frente a la subida de luz y para elevar la protección del consumidor, con el objetivo de ampliar aún más el bono social de luz y crear otro específico para el gas; y también un recorte de lo que cobran nucleares e hidráulicas por la electricidad que producen y cambios en el recibo de luz que se desarrollará en la reforma estructural del sector que prepara el Ejecutivo para los próximos meses.

Entre la quincena de medidas contempladas en el acuerdo firmado personalmente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, figuran también algunas que han hecho saltar las alarmas entre los grandes inversores porque, según alertan, supondrá crear un agujero milmillonario en el sistema eléctrico por el desfase entre costes e ingresos del mismo.

Revertir los recortes a las renovables

Gobierno y Podemos establecen en su acuerdo que “es preciso recuperar el atractivo de invertir en renovables”. En este sentido, apuestan por reformar la norma con la que el Gobierno de Mariano Rajoy aplicó un hachazo a las ayudas a las renovables en 2013 para “dotar de estabilidad al marco retributivo de la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos” y para “garantizar una rentabilidad razonable a largo plazo a los activos que gozaban de régimen económico primado antes de la entrada en vigor de la nueva normativa y que no pudieron adaptar sus esquemas de inversión a un marco que no conocían”.

Hasta el momento, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha venido confirmando su intención de encontrar una solución para los pequeños inversores que se vieron atrapados por el recorte a las renovables, que se aplicó por el Gobierno de Rajoy con carácter retroactivo a pesar de que el marco retributivo, en principio, era de aplicación durante 25 años. Ribera sólo habla de pequeños inversores nacionales, pero el acuerdo de Sánchez e Iglesias no circunscribe explícitamente la recuperación de las ayudas a ese colectivo.

¿Déficit de 2.500 millones?

Santander Investment, en un informe remitido a grandes inversores, alerta de que esta reforma (y en menor medida otras contempladas en el pacto) podrían tener un “impacto importante en los costes del sistema eléctrico”, lo que “produciría nuevamente un déficit de tarifa”. Esto es, que provocará que los costes reconocidos sean mayores que los ingresos y el sistema eléctrico volverá a engordar deuda.

Según las estimaciones de Santander, a falta de conocer los detalles de las reformas, el cambio de la retribución de las renovables afectadas por el hachazo de 2013 y las medidas de fomento del autoconsumo (incluyendo la retribución a precio de mercado de la electricidad que viertan los autoconsumidores a la red) podrían acabar provocando un déficit de tarifa anual de unos 2.500 millones de euros.

Desde Tressis, gestora de fondos de inversión, se calcula igualmente que el déficit de tarifa eléctrica podría ascender a casi 2.500 millones de euros. El economista jefe de las firma, Daniel Lacalle, vincula especialmente la aparición del nuevo agujero en el sistema eléctrico con la decisión de suspender el impuesto del 7% a la generación durante seis meses (que supondrá una caída de la recaudación fiscal de unos 830 millones de euros, según el propio Gobierno) y con el intento de castigar los beneficios de nuclear e hidráulica, "que son las tecnologías que sirven para bajar el precio del mercado mayorista", subraya.

Cuatro años de superávit

Durante 14 años consecutivos el sistema eléctrico español fue alimentando un enorme agujero financiero. El permanente desfase entre los ingresos y los costes reconocidos (el famoso déficit de tarifa) fue engordando hasta alcanzar los 29.000 millones de euros. Pero en los últimos la situación se ha revertido tras la aplicación de la dura reforma eléctrica de Rajoy, y desde 2014 los ingresos del sistema eléctrico son mayores a los gastos, por lo que se ha ido acumulando un superávit.

En 2014 los ingresos del sistema superaron en 550,3 millones a todos los costes reconocidos. En 2015 fueron otros 469,3 millones. En 2016 se sumaron otros 421,4 millones más. A la espera de que se cierren de manera oficial las cuentas de 2017, de momento el superávit acumulado era de 1.441 millones de euros. Esto es, 1.441 millones de euros que todos los actores del sistema eléctrico han pagado de más en ese tiempo.

Incluso sin contabilizar el eventual impacto de las medidas incluidas en el acuerdo Gobierno-Podemos, este año casi con seguridad se cerrará de nuevo con déficit. Una vuelta a los números rojos provocada por las medidas del plan de choque del Ejecutivo para frenar la subida de la luz y para mejorar la protección del consumidor energético.

Según las previsiones oficiales, este año se podría acumular un déficit de 300 millones y de unos 600 millones en 2019. Pero los inversores temen que las nuevas medidas pactadas por socialistas y podemistas disparen esas cifras de déficit.