Hacienda no comunica a Bruselas un posible gasto extra de miles de millones

 

El Plan Presupuestario de 2019 remitido este lunes a Bruselas recoge un incremento del gasto de 5.098 millones de euros por el efecto de las medidas acordadas con Unidos Podemos para dar un giro social a la política presupuestaria.

Sin embargo, las cuentas, una vez se presente el antreproyecto de Ley de Presupuestos a finales de noviembre o principios de diciembre, podrían incluir una factura mucho mayor debido a una serie de gastos puntuales --denominados one off en el argot contable, porque se pagan una sola vez y no se consolidan—. Aún están por precisar y por cuantificar, pero según confirman fuentes del Ministerio de Hacienda, se están estudiando para su incorporación al Presupuesto.

Se trata por ejemplo de la compensación a alrededor de 900.000 personas por la retención del IRPF en el cobro de prestaciones por maternidad y paternidad que el Tribunal Supremo ahora ha declarado exento. También de la compensación a los ayuntamientos por la devolución de la plusvalía municipal cobrada de forma indebida a propietarios que vendieron sus inmuebles con pérdidas.

Hacienda se encuentra determinando el impacto presupuestario de estas eventualidades, de ahí que aún no se haya incluido en el Plan Presupuestario. No obstante, cálculos aproximados arrojan, en estos dos casos, una cifra de unos 3.800 millones de euros, es decir, cerca de cuatro décimas del PIB.

¿Computará en déficit?

Estos gastos serían puntuales, puesto que estas compensaciones solo se realizarían una vez. Esto quiere decir que este desembolso, aunque significativo, no forma parte del cuerpo estructural de los Presupuestos que es lo que realmente preocupa a Bruselas ahora que España reducirá el saldo en el medio plazo por debajo del 3% del PIB.

Porque una vez el déficit cae del 3%, el brazo correctivo de la Comisión Europea pasa a la fase del brazo preventivo, en el que lo que se vigila es es la evolución de ese saldo estructural.

Al respecto, Hacienda aclara que si España logra el ajuste estructural del 0,4% del PIB comprometido con la Comisión Europa para 2019, desde Bruselas no contabilizaría estos gastos como parte del déficit. Sin embargo, si no se logra habrá que negociar al respecto.

Por lo pronto, el Gobierno ya incluye una de una de estas medidas one off en el Plan Presupuestario. Se refiere a un gasto de 1.000 millones de euros en la cuenta del presupuesto de inversiones por diversas sentencias en comunidades autónomas. Y en cuanto al déficit estructural, en el Plan Presupuestario no acaba de reflejarse con claridad cómo se llevará a cabo. Lo que parece claro es que, cuánto más alto sea el déficit público, mayor será la ratio de deuda pública.

Los 1.300 millones del IRPF

Una de las medidas de gasto extra que podría contemplarse en los Presupuestos definitivos es la compensación por el IRPF exento en el cobro de los permisos de maternidad y paternidad, que el Estado debe devolver a quien lo abonó desde 2014.

El Tribunal Supremo dictó sentencia el pasado 3 de octubre y estableció esta exención, lo que derivó en una reacción inmediata en el Ministerio de Trabajo, que a día de hoy ya está resolviendo las nuevas prestaciones sin retener el IRPF.

Sin embargo, Hacienda aún estudia regularizar de oficio hasta 900.000 declaraciones de la renta para llevar a cabo esta devolución y en la Agencia Tributaria aún está concretando la forma de hacerlo. Dado que el tiempo corre y las declaraciones ya realizadas van prescribiendo, el Gobierno trata de cerrar esta cuestión cuanto antes.

Esta compensación tendrá un alto coste que desde el Gobierno aún no se ha precisado. En todo caso, el sindicato UGT habla de una cifra aproximada de 1.300 millones de euros.

La plusvalía municipal

También entra en esta terna la compensación a los ayuntamientos por el impuesto conocido como la plusvalía municipal (que grava el aumento del precio en las operaciones de compraventa de viviendas) cobrada indebidamente también durante los últimos cuatro años.

El pasado mes de junio, el Tribunal Supremo establecía que las liquidaciones o autoliquidaciones por el impuesto podrán anularse solo cuando se haya probado por parte del contribuyente la existencia de un pérdida de valor. De esa forma, abría la puerta a miles de reclamaciones de contribuyentes a los ayuntamientos, que son los que recaudan la plusvalía municipal.

De esta forma, el Tribunal Supremo ponía fin al vacío legal existente en el último año, en el que se había reclamado la devolución de plusvalías incluso en los casos en los que se produjo una ganancia.

Sin embargo, el acuerdo suscrito entre PSOE y Unidos Podemos recoge expresamente que “no puede ser que los ayuntamientos tengan que afrontar un coste extra por un error del legislador estatal”, y considera necesaria una enmienda legal para garantizar que se incluyera la compensación como disposición adicional en los Presupuestos Generales del Estado y con compromiso de pago. Es decir, que el Estado respondería en última instancia ante los ciudadanos.

El texto acordado con Podemos solo habla de un “impacto presupuestario a determinar”. Fuentes consultadas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aseguran que “no hay cifra aproximada todavía”.

No obstante, el Plan Presupuestario, sin mencionar la compensación en estudio, avanza que "los ayuntamientos consideran que en 2019 se podrían reducir un 3% sus ingresos por el impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (la plusvalía), efecto que quedaría muy diluido en el conjunto de ingresos teniendo en cuenta el peso relativo del impuesto, que viene siendo del 5,6% de los ingresos no financieros".

Una referencia podría ser el cálculo realizado por los bufetes de abogados, que tras conocerse el cambio de criterio del Supremo, en mayo de 2017, estimaron en 2.500 millones de euros la tarta de las reclamaciones a repartir, sin contar con los previsibles intereses.

No es la primera vez

La incidencia de este tipo de gastos one off no es nueva. Fueron noticia en 2016, en el momento en el que se conoció el resultado presupuestario de 2015, que arrojaba una desviación formidable del déficit público hasta el 5,16%. En aquel momento, el ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro explicaba que gran parte de esta desviación se debió a algunos de estos gastos, como determinados contratos de colaboración público-privada en Cataluña y Zaragoza, por importe de unos 1.500 millones o el gasto derivado del tratamiento de enfermos de hepatitis C, de 1.900 millones.

También aparecen este tipo de 'sorpresas' en el Presupuesto de 2018. El propio Ministerio de Hacienda pone como ejemplo la devolución del céntimo sanitario, que puede dar una idea de cómo se podrían abordar estos gastos en las cuentas del próximo año.

Casi cuatro años después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declarara ilegal el céntimo sanitario, los presupuestos estatales de 2018 cargaron con esa factura. El Ministerio de Hacienda solicitó entonces un crédito por importe de 500 millones de euros para hacer frente a la devolución del impuesto que gravaba determinados hidrocarburos para financiar el traspaso de competencias de sanidad a las comunidades autónomas.