El Tribunal Supremo ha echado un jarro de agua fría sobre el sector financiero. Ha modificado su jurisprudencia anterior y en una nueva sentencia conocida este jueves ha determinado que son las entidades bancarias las que deben abonar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria.
Morgan Stanley, uno de los gigantes de Wall Street, ha advertido de que el impacto para la banca española será muy significativo y sitúa la factura entre 7.000 y 9.000 millones de euros. La banca mediana será la más penalizada, especialmente Bankia y CaixaBank, según los expertos.
La firma norteamericana toma como referencia que el importe de una hipoteca media en España oscila entre 100.000 y 150.000 euros con unos costes promedio de entre 4.000 y 5.000 euros. Asumiendo que el 60% se destina a impuestos y el resto de los gastos (notario, registro y tasación) se divide entre bancos y clientes, el coste de los AJD ascenderían a entre 3.000 y 4.000 euros por cada hipoteca.
Morgan Stanley recuerda que en España hay 6,5 millones de préstamos hipotecarios pendientes. Si la mitad de los 4,5 millones que se han firmado en los últimos 10 años reclaman, el coste para el sistema financiero oscilaría entre 7.000 y 9.000 millones sin tener en cuenta los intereses, siendo un impacto "significativo".
Las previsiones del grupo americano son mucho más elevadas que las de otros competidores como Citi. Éste augura unas pérdidas máximas para el sector financiero de 4.500 millones, asumiendo que el 100% de los afectados reclame y que se aplique retroactividad total. En el caso de que sólo pudiesen recuperar su dinero los hipotecados entre 2014 y 2018 y que reclame el 75% de éstos, Citi reduce la factura a 1.300 millones. "En cualquier caso, los más penalizados en términos de capital y valor en libros serán Bankia (2%-6%), Liberbank (2%-5%), Unicaja (2%-5%), Bankinter (1%-4%), CaixaBank (1%-4%) y Sabadell (1%-3%). BBVA y Santander serían los menos afectados (0-2%), dada que su exposición al mercado español es menor.
Estos cálculos son para algunos analistas un brindis al sol. "No sabemos si tendrá efecto retroactivo, de tenerlo. Y es ahí donde está el problema. Tampoco sabemos cuánta retroactividad implicará. No existe información detallada de las carteras de crédito de las entidades, por comunidad autónoma -dado que cada comunidad aplica un AJD distinto-, los importes concedidos -no vale coger de referencia el saldo hipotecario en balance porque no es el real concedido en inicio y donde se aplica el impuesto-, y además, se han hecho muchas adquisiciones de compraventa en los últimos años que distorsionan el saldo", señala Nuria Álvarez, de Renta 4.
Desde Santander informan a sus clientes institucionales de que, aunque la sentencia no dice nada sobre la retroactividad, se da por seguro que el cliente podrá reclamar los impuestos pagados en los últimos cuatro años, el plazo de prescripción de los pagos de impuestos. "No está claro si la reclamación tendrá que hacerse ante la Agencia Tributaria o ante los bancos", indica la entidad.
El equipo de análisis del grupo que preside Ana Botín considera que el golpe para los bancos españoles de asumir todos los costes derivados de la formalización de hipotecas -incluidos los AJD- supera los 4.257 millones, sin contar el efecto del propio Santander. Era el peor escenario que la firma contemplaba hace unos meses cuando se desató la polémica de las cláusulas suelo. Descontando los AJD, reduce la cifra hasta 561 millones. Según Santander, las entidades más golpeadas en términos de capital e ingresos son Bankia, CaixaBank y Liberbank.
Por su parte, Mirabaud ha emitido un informe con conclusiones dispares, en el que explica la diferente posición de las entidades. Ajusta el riesgo en función del tamaño de la hipoteca y la distribución geográfica de los clientes, en un escenario en el que los bancos tuvieran que hacer frente al IAJD y resto de gastos de formalización de las hipotecas actuales en vigor. Y concluye que Bankinter, Bankia y Sabadell serían las entidades más penalizadas, mientras que Liberbank y Unicaja sufrirían el menor golpe.
"Debemos tener dos elementos en cuenta: el primero, el tamaño medio de la hipoteca, ya que para hipotecas de tamaño reducido, el iniciar un proceso judicial o de reclamación, podría suponer una barrera. Es por ello que entidades con hipotecas medias de importes elevados (como Bankinter, Bankia o Sabadell) podrían tener más riesgo que otras como Unicaja o Liberbank, cuyas hipotecas medias apenas superan los 60.000 euros", explica.
"Y el segundo, la distribución geográfica de los clientes, ya que hay cuatro cuatro comunidades autónomas en las que se concentran la mayoría de las reclamaciones presentadas en Banco de España, como son Andalucía, Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana", añade.
En este sentido, subrayan los analistas de Mirabaud a modo de ejemplo, "Liberbank concentra tres cuartas partes de sus hipotecas fuera de estas regiones, que contrasta con el 35% de Unicaja o Bankinter".
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