El director general del Instituto de Estudios Económicos (IEF), Alain Cuenca, cree que las nuevas formas de negocio que han surgido al calor de la economía digital está planteando la “obsolescencia” de algunos de los principios que tradicionalmente han estado detrás del Impuesto de Sociedades.
Así lo ha planteado durante la jornada inicial del XXVII Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, celebrado en Alicante y dedicado en esta ocasión a la fiscalidad de la economía digital.
Ahora que el Gobierno ha pivotado parte de su propuesta de subida de impuestos en el marco de los Presupuestos para 2019 en el establecimiento de un tipo mínimo del 15% en este tributo para las grandes empresas y la imposición sobre los dividendos en el extranjero, el laboratorio de ideas del Ministerio de Hacienda abre la puerta a la revisión del impuesto.
¿Por qué? Cuenca ha planteado que muchas empresas, como las plataformas digitales, están pagando una factura fiscal más baja de lo que les correspondería como resultado de un proceso de erosión de bases imponibles. También la mayor facilidad existente para trasladar los beneficios empresariales a otros países plantea también esta ‘fuga’ de ingresos tributarios.
Estas circunstancias se estarían poniendo en evidencia, según Cuenca, por el hecho de que la recaudación por el Impuesto de Sociedades está creciendo a un ritmo inferior al avance del PIB. De hecho, es el único de los grandes impuestos que aún no se ha recuperado respecto a los niveles previos a la crisis.
La ‘Tasa Google’, al rescate
Para subsanar esta situación, en el seno de la OCDE y la Comisión Europea se está estudiando la forma de gravar el valor que generan los usuarios para estas plataformas digitales y otras grandes multinacionales que obtienen beneficios gracias a la aportación de datos de sus clientes.
Al respecto, ambas instancias plantearon en sendos informes publicados el pasado mes de marzo una reforma fiscal en dos velocidades. Por un lado, la fijación de un concepto de establecimiento permanente para gravar a las empresas relacionadas con la economía digital allí donde tienen, en un lenguaje coloquial, su ‘madriguera’.
El Inspector de Hacienda y miembro de la representación permanente de España ante la UE, Jorge Alberto Ferreras, ha recordado que la Comisión Europea considera de momento que existe una “presencia digital significativa” si la gran empresa en cuestión supera unos ingresos totales de siete millones de euros en una misma jurisdicción fiscal, los 100.000 usuarios y los 3.000 contratos de carácter comercial.
Esto afectaría a empresas tanto dentro como fuera de la UE, pero en jurisdicciones con las que no exista un convenio de doble imposición. Si no, no sería posible ligar el gravamen a aplicar allí donde radica el establecimiento permanente. Es por ello que la Comisión recomienda modificar los convenios de doble imposición para incluir esta propuesta de manera que sea posible efectuar ese gravamen.
La propuesta de directiva de la UE por tanto estaría por encima de los convenios de doble imposición de los países.
Ahora bien, esta solución global que se propone sería la deseable, pero requeriría un consenso en materia de doble imposición en el seno de la OCDE. Por eso, la tanto esta organización como la Comisión Europea han plantado la posibilidad de que los países establezcan su propia tasa a nivel nacional.
La solución temporal
España ha dado el paso con la presentación en el marco del Plan Presupuestario remitido a Bruselas de establecer una tasa temporal a los servicios digitales (‘Tasa Google’), en tanto que se adaptará a la legislación comunitaria cuando esté lista.
No obstante, los Inspectores de Hacienda han recordado que el informe de la OCDE advierte de las consecuencias negativas que puede tener estas medidas de carácter temporal, porque puede impactar en las inversiones en innovación y sobre el crecimiento.
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