El Gobierno se dispone a frenar la próxima subasta prevista para repartir ayudas a las grandes industrias para paliar el impacto del coste de la energía. El Ministerio para la Transición Ecológica planea retrasar y reformular las subastas, después de que Alcoa haya anunciado el cierre de dos de sus tres plantas en España. Y es que el gigante norteamericano tradicionalmente se adjudica un tercio del total de las ayudas millonarias cada año.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reconocido este jueves que se plantea “repensar” el sistema de subastas del servicio de interrumpibilidad por el cierre de las plantas de Avilés y A Coruña de la multinacional aluminera. “A lo mejor esto lo que nos hace es retrasar esta convocatoria [de subasta] para evitar una distorsión, y se pueden beneficiar las demás compañías si Alcoa decide definitivamente cerrar", ha apuntado.
Ribera ha subrayado que la cúpula de Alcoa estaba al tanto de la intención del Ejecutivo de convocar una nueva subasta de interrumpibilidad próximamente y que “estaba diseñada para favorecer en primera instancia a las empresas más grandes”. “Evidentemente, con este anuncio, sabiendo que Alcoa representa el 30% de ese beneficio, pues a lo mejor tenemos que repensar esas convocatorias, de manera que evitemos distorsiones y que puedan favorecer al resto de la industria", ha dicho.
Ayudas de 1.000 millones para Alcoa
Todos los consumidores eléctricos españoles asumen cada año a través de su recibo de luz pagos millonarios a las grandes industrias. Es el denominado servicio de interrumpibilidad, un sistema que garantiza que grandes fábricas pararán y dejarán de consumir electricidad (o recortarán su consumo) en caso de que existan picos de demanda tales como para generar un riesgo de problemas de suministro.
El actual servicio de interrumpibilidad se creó en 2008. En los primeros años los pagos a las fábricas se realizaban mediante un modelo de precio regulado de la electricidad, y desde 2014 se realizan subastas en las que las industrias presentan sus ofertas para optar a las ayudas a cambio de estar dispuestas a desconectar sus factorías de la red en caso de ser necesario.
A través de este sistema, Alcoa ha cobrado en los últimos años ayudas millonarias para compensar el peso en sus costes de la factura energética (en torno a un 40% del total) y que pagan todos los consumidores eléctricos a través del recibo de la luz.
Las cifras del reparto de esas ayudas entre las grandes industrias reciben el trato de información confidencial, y ni Red Eléctrica ni la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) las hacen públicas. Sin embargo, fuentes conocedoras de esos datos, confirman que Alcoa ha ingresado en la última década cerca de 1.000 millones de euros en ayudas, siendo “con una diferencia abismal” la compañía más beneficiada del país.
Este año Alcoa cobrará cerca de 90 millones de euros en ayudas, cuando el coste total de 2018 del servicio de interrumpibilidad se sitúa en el entorno de los 430 millones de euros. En años anteriores, el importe de las ayudas percibidas por el grupo ha sido incluso mayor, situándose normalmente por encima de los 100 millones anuales y con picos en algunos ejercicios que han superado los 140 millones de euros como en el año 2014. Justo ese año, Alcoa ya amenazó con el cierre de las dos plantas y de un ERE masivo, que finalmente no se ejecutó.
No es un "subsidio"
Alcoa no confirma esas cifras –y tampoco las desmiente, reconoce el grupo-, pero sí subraya que esas ayudas no pueden considerarse un subsidio, sino simplemente “el pago por un servicio al sistema eléctrico para evitar apagones”. “Alcoa no recibe en España ningún subsidio energético para mantener las plantas operativas”, explica a El Independiente un portavoz del grupo estadounidense. Esto es, las ayudas no implican un compromiso de no cerrar las factorías.
“Alcoa no recibe ningún trato preferencial en relación a otros competidores en España”, apuntan desde la compañía. Otro centenar de factorías reciben las mismas ayudas –de menor cuantía- a cambio de parar su actividad en caso de que lo pida el gestor de sistema eléctrico, Red Eléctrica, si fuera necesario.
“Alcoa ha parado sus fábricas una veintena de veces en lo que va de año, lo que implica un coste para compañía”, indica la empresa. “El servicio de interrumpibilidad es un seguro que se presta al sistema eléctrico, porque es más caro otras opciones, como tener que poner en marcha centrales de gas” de forma acelerada para producir electricidad.
Los consumidores han pagado entre 2008 y 2017 a través de sus recibos de luz 4.746 millones de euros a la gran industria, según datos de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) y de la actual Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). En 2018, a falta de cifras oficiales, el coste acumulado en las dos subastas celebradas este año se situaría entre los 430 y los 440 millones. En total, en una década se superan los 5.000 millones de euros en ayudas.
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