Hacienda estrecha el cerco sobre las apuestas online ilegales y las criptomonedas

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un batería de medidas dirigidas a incrementar los ingresos del Estado, entre las que se incluye un conjunto de novedades dirigidas a la lucha contra el fraude y la elusión fiscal con las que el Gobierno espera recaudar unos 828 millones de euros.

Según ha precisado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en rueda de prensa, un segundo objetivo de esta ofensiva antifraude es sentar las bases de una "fiscalidad del siglo XXI". Por ello, el Gobierno pondrá el foco en los nuevos y modos y fórmulas de fraude fiscal.

En este sentido, Montero ha pormenorizado que se van a establecer nuevas obligaciones para conocer la identidad de las personas y empresas que tienen en su poder criptomonedas, tanto situadas en España como en el extranjero; así como de informar a la Agencia Tributaria de los saldos que custodian y las operaciones realizada con esas monedas virtuales.

Más en detalle, la tenencia y operatividad con criptomonedas en el extranjero deberá declararse a través del conocido como modelo 720, de bienes y derechos en el extranjero, que el anterior Gobierno puso en marcha en el año 2013.

Contra la doble contabilidad

Otras de las medidas aprobadas tratan de poner coto a la manipulación de la contabilidad y la facturación de las empresas para que estas no oculten sus verdaderos rendimiento. Para ello, se prohibirá la producción y tenencia de programas y sistemas informáticos que permitan la manipulación de los datos contables.

Se prevé, asimismo, que los programas deberán contar con un certificado oficial, de modo que, de no ser así, el fabricante podrá ser sancionado con una multa de 150.000 euros por cada ejercicio en que se haya vendido ese producto ilegal.

Prohibición de las amnistías fiscales

Entre las iniciativas también se incluyen la prohibición por Ley de las amnistías fiscales, tal y como avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de julio.

Según el Ejecutivo, esto impedirá que "haya beneficios tributarios injustificados que supongan una quiebra del deber de contribuir al sostenimiento de gastos del Estado", lo que, añade, afectará principalmente a las grandes fortunas y grandes contribuyentes.

Con la vista al exterior, el Gobierno prevé amplia el concepto de paraíso fiscal y habilitar al Gobierno para actualizar la lista de paraísos, incluyendo a todos aquellos países y territorios que faciliten el fraude fiscal a través de una baja tributación.

También se incluirán en este listado aquellas localizaciones en las que el intercambio de información no sea efectivos, algo que suele ocurrir pese a la proliferación de convenios de colaboración entre España y terceros países.

Se amplía la lista de morosos y menos efectivo

Las medidas adoptadas alcanzan al listado de morosos puesto en marcha por el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En estos momentos, se incluyen en esta referencia que se publica dos veces al año aquellos controbuyentes que adeudan al menos un millón de euros. El Gobierno rebajará ahora esta cifra a los 600.000 euros y ampliará el espectro de la lista a los responsables solidarios de esas deudas.

Como ya adelantaba el Plan Presupuestario, el Gobierno dará otra vuelta de tuerca a los pagos en efectivos, que son menos rastreables para el fisco. Para ello, el actual límite de 2.500 euros en los pagos entre profesionales se rebaja a los 1.000 euros, mientras que el límite de 15.000 euros para particulares con domicilio fiscal en el extranjero se reduce a los 10.000 euros.

Apuestas deportivas ilegales

Por último, el Gobierno ha aprobado la transposición de una directiva europea contra la elusión fiscal que persigue que las multinacionales tributen lo que les corresponde. Contempla la necesidad de garantizar el pago de los impuestos donde se generen los beneficios y el valor, para tratar de evitar el traslado de beneficios a países de baja tributación.

Al respecto, Montero ha precisado que esta directiva afectará, entre otras, a las actividades del juego y las apuestas deportivas. En este sentido, Hacienda prevé elaborar una "lista negra" con las páginas web de apuestas no autorizadas.

La transposición de la directiva europea antielusión para asegurar que las multinacionales tributen en los países donde tienen actividad y generan valor o el refuerzo del control de la actividad del juego, especialmente en el caso de las apuestas deportivas, son otras de las medidas incluidas en el plan antifraude. Así, Montero anunció que se elaborará una "lista negra" con las páginas web de apuestas no autorizadas.

Por otro lado, el Gobierno pondrá en marcha la Unidad de Control de los Grandes Patrimonios, que no necesitará un desarrollo legal, pero si una reordenación de los recursos de la Agencia Tributaria. En previsión, el Gobierno prevé ampliar en más de 200 los inspectores dedicados a esta labor.

 ‘Tasa Google’ para evitar los trucos fiscales

El Gobierno pone en marcha el proceso para que España se convierta en el primer país en que se aplica la conocida como tasa Google, un tributo específico para grandes grupos de la economía digital con el que el Ejecutivo prevé recaudar 1.200 millones el próximo año. “Es necesario modernizar el sistema fiscal. Nuevas áreas de negocio no están bien reflejadas en el sistema tributario”, ha apuntado Montero.

Bajo el principio que se va imponiendo en la Unión Europea de hacer tributar a las compañías en cada país en que realizan su actividad, el nuevo Impuesto para Determinados Servicios Digitales busca gravar los ingresos que perciben los gigantes de la economía digital, aunque centralicen sus negocios en determinados países con ventajas fiscales.

El nuevo tributo sólo tendrán que pagarlo las empresas con ingresos anuales totales mundiales de al menos 750 millones de euros y con ingresos en España que superen los 3 millones de euros. Google, Amazon, Facebook, Apple, Airbnb o Uber serán algunos de los gigantes que tendrán que tributar más en España.  El impuesto gravará al tipo del 3% los servicios de publicidad e intermediación online y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.

La previsión oficial pasa por recaudar 1.200 millones el próximo año. Una estimación que ha recibido críticas por considerarse demasiada optimista. La ministra de Hacienda, por el contrario, subraya que está basada en “cálculos prudentes” y recuerda que la estimación del Gobierno de Rajoy –que ya trató de implantarlo- contemplaba elevar los ingresos hasta los 1.500 millones.

Para reforzar los controles, la Agencia Tributaria licitará un contrato de 33 millones de euros para mejorar sus sistemas de información para lograr una mayor trazabilidad de las operaciones digitales.

Las salidas a bolsa se libran de la ‘tasa Tobin’

El Consejo de Ministros también ha aprobado el anteproyecto de ley para la creación del Impuesto sobre las Transacciones Financieras. Una nueva figura impositiva que grava con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por intermediarios financieros.

De la aplicación del nuevo impuesto se librarán las salidas a bolsa. No se gravarán las operaciones del mercado primario, las que se producen mediante una operación pública de venta o de suscripción de acciones (OPV u OPS) para debutar en bolsa, según ha matizado la ministra de Hacienda en rueda de prensa.

La conocida como ‘tasa Tobin’ se aplicará a acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil supera los 1.000 millones de euros, dejando fuera del gravamen la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas, así como la deuda pública y privada y los derivados. El Gobierno insiste en que prevé ingresar unos 850 millones de euros con el nuevo impuesto.