El Real Decreto Ley de medidas para el sector de vehículos de alquiler con conductor (VTC) "implica" una "expropiación encubierta", esto es, la "privación de una parte muy sustancial del contenido de los títulos habilitantes de esta actividad", según indica un estudio de Garrigues encargado por el sector y difundido por la patronal del ramo Unauto.
El estudio se refiere a la parte de la nueva normativa por la que, en un plazo de cuatro años, las 12.100 VTC que actualmente existen en España dejarán de tener capacidad para dar servicio en las ciudades, el que constituye el 90% de su negocio y en el que compiten con el taxi. Según el informe realizado por Garrigues, esta medida también constituye, "de facto, una revocación indirecta de la autorización".
"Esta situación se traducirá en la reducción del valor de las autorizaciones a prácticamente cero, y la consiguiente expropiación de facto de las mismas", indica el estudio.
"Al dejar de ser efectivas para prestar el tipo de servicios para el que fueron solicitadas, se convertirían, en su gran mayoría, en simple papel mojado", añade el informe de Garrigues, que además ve "indiscutible" que esta "privación o limitación de derechos patrimoniales debe conllevar la oportuna indemnización por parte de la Administración".
Por todo ello, estima que la "incidencia" de la norma en el derecho de propiedad y el de libertad de empresa es "contraria" a lo establecido en la Constitución, a la que considera también contraviene por el hecho de no recurrir a una Ley Orgánica para ceder competencias en el sector a las comunidades autónomas.
Igualmente, el informe atisba una "vulneración del principio de seguridad jurídica" también reconocido en la Constitución. Además, la firma jurídica considera que no se dan las circunstancias de "extraordinaria y urgente necesidad" para aprobar las nuevas medidas de VTC por Real Decreto Ley.
La patronal hace público el informe de Garrigues sobre el Real Decreto Ley por el que el Gobierno aprobó el pasado 28 de septiembre nuevas medidas para las VTC en vísperas de que el próximo jueves el texto se someta al preceptivo debate de convalidación en el Congreso de los Diputados.
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