Gobierno y autónomos aceleran la cotización por ingresos reales para evitar el impacto del SMI

La propuesta del Gobierno para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 900 euros mensuales a partir del 1 de enero de 2019 ha levantado una polvareda inesperada con los autónomos como protagonistas.

Las organizaciones representativas del colectivo han alertado del impacto que tendrá en las cotizaciones mínimas que los autónomos pagan por sus empleados y por la distorsión que generará entre las bases de los propios trabajadores por cuenta propia y de los asalariados.

Problemas todos que el Gobierno pretende solucionar de un plumazo acelerando la puesta en marcha del nuevo sistema de cotizaciones por ingresos reales, que en principio aliviaría la factura de aquellos que tengan ingresos inferiores al SMI. Para ello se reunirá esta semana con las organizaciones.

La razón de tanta polémica es que las bases mínimas de cotización de los trabajadores asalariados están referenciadas al SMI. Concretamente, esas bases medias son el prorrateo del SMI de cada año en 12 mensualidades. Así, la subida este indicador en 2019 provocará una subida de las bases mínimas de más del 22%, hasta los 1.050 euros en 12 pagas.

Al margen de que ello supone un incremento significativo de la factura de los costes laborales de muchas empresas, básicamente pymes, este cambio plantea una situación inverosímil. Con esta subida, la base mínima de cotización de los asalariados superaría la base mínima de los autónomos, que se sitúa en los casi 933 euros.

Esto genera una distorsión que ha puesto en alerta a las principales organizaciones de autónomos. Según precisa el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, a El Independiente, este desfase hace que muchas empresas se puedan ver tentadas a contratar antes a personas bajo la modalidad de falso autónomo para rebajar su factura en cotizaciones.

A menos que por coherencia se subieran las bases mínimas de los autónomos también a los 1.050 euros, algo que impactaría de lleno en la viabilidad de los que tienen menores rentas, precisamente los que pretenden sacar del atolladero el sistema de cuotas por ingresos reales.

Las asociaciones de autónomos han llamado también la atención sobre otro supuesto daño colateral para el colectivo. Si bien, la Ley de medidas urgentes para el trabajo autónomo aprobada en octubre de 2017 desvinculó las bases mínimas de cotización de los autónomos societarios (aquellos con empleados) del SMI, estos tendrán que hacer frente al aumento del coste que proviene de sus trabajadores.

ATA estima que el coste añadido de la medida para alrededor de un millón de autónomos societarios será de unos 3.000 euros anuales por trabajador.

Ante la presión de las organizaciones de autónomos, el Gobierno ha optado por lanzar un mensaje de tranquilidad: con la aprobación del nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos, que requerirá una ley diferente a la de Presupuestos, esta situación no tendrá lugar.

Y para el caso de que la norma no llegara a tiempo, el Gobierno se compromete a mantener la base mínima de cotización de los autónomos como está. Esto es, se mantendrá la distorsión de las bases.

Desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), aseguran que la Ley General de la Seguridad Social habilita al Gobierno para establecer esta excepcionalidad dentro del decreto Ley que debería aprobarse a final de año para elevar el SMI.

Las posiciones ya están fijadas

En cualquier caso, el del Gobierno es sobre todo un menaje urgente y político, porque el Ministerio de Trabajo se centra ahora en sacar adelante el sistema de cotizaciones en función de los ingresos reales para que la polémica suscitada quede para la hemeroteca como un mero debate técnico.

Con ese ánimo, fuentes de las organizaciones de los autónomos han avanzado que el Ministerio de Trabajo empezará a reunirse desde este martes con las mismas --también con Uatae y OPA-- para avanzar en el nuevo sistema.

La negociación no debería tener grandes dificultades puesto que las propuestas hasta ahora planteadas son claras y ya están sobre la mesa del Gobierno desde hace meses.