Más de 60.000 hipotecas, en el limbo a la espera de la decisión del Supremo

En torno a 60.000 nuevas hipotecas están en el limbo a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre a quién le corresponde hacer frente al impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), si al cliente o al banco. A lo largo del último año, cada mes se han firmado en España alrededor de 120.000 préstamos para la compra de vivienda, según datos del INE. Así, las dos semanas que trascurrirán hasta que el 5 de noviembre el Supremo se pronuncie sobre quién paga el controvertido impuesto, las entidades y miles de ciudadanos estarán en vilo. Y es que no está claro cómo van a articular las 60.000 hipotecas que, de media, se cerrarían durante ese periodo.

Entretanto, cada banco está aplicando la política comercial que considera y los compradores se debaten entre firmar con las condiciones vigentes o esperar hasta que el alto tribunal se manifieste. Están en juego, de media, en torno a 3.000 euros por cada préstamo, que elevaría la factura de la banca hasta un máximo de 9.000 millones, según los analistas de Morgan Stanley y Santander.

En el caso de Santander, el impuesto se está cargando a la provisión de fondos del cliente. Si hay cambios en la normativa hipotecaria, se procederá a lo que estipule la ley. El banco ha mantenido las condiciones de su oferta hipotecaria.

BBVA, por su parte, ha suspendido la concesión de hipotecas a través de su web y está procediendo a la firma exclusivamente de las que ya estaban precontratadas.

CaixaBank, Sabadell y Bankia mantienen la misma oferta hipotecaria que ofrecía hasta ahora ya que "legalmente no ha cambiado nada y la ley sigue diciendo que el que es el cliente el que paga el impuesto", defienden. Sin embargo, están ofreciendo a los usuarios la posibilidad de aplazar la firma del préstamo. Para los más escépticos, CaixaBank está añadiendo una cláusula especial que compromete al banco a reclamar el importe ante la Agencia Tributaria, si fuese necesario.

Los comerciales de la banca están explicando a los clientes que en el caso de que cambie la legislación tienen hasta cuatro años para reclamar la tasa. Si finalmente el Supremo dicta que los bancos asuman el cargo de los Actos Jurídicos Documentos, las entidades defienden que la reclamación se curse ante Hacienda y que posteriormente sea el organismo público el que solicite el pago a los bancos. En este caso, el sector tiene claro que recurrirá un impuesto que en el resto de Europa corresponde al cliente.

Las patronales AEB, CECA y UNACC, que representan al sector financiero, se pronunciaron ante la sentencia del Supremo subrayando que “las entidades de crédito no han percibido cantidad alguna de sus clientes por este concepto” y que “la sentencia publicada se refiere a una cuestión de naturaleza tributaria”.

Antecedentes

El pasado jueves el Tribunal Supremo echó un jarro de agua fría sobre el sector financiero al modificar su jurisprudencia anterior y dictar en una sentencia que son los bancos los que deben abonar el AJD , en lugar de los clientes, como venía siendo hasta ahora. Esta tasa, cuya tasa difieren en función de las comunidades autónomas y el importe del préstamo, ronda los 3.000 euros.

La Sala Tercera modificó su jurisprudencia anterior e, interpretando el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y actos jurídicos documentados y su reglamento, concluye que no es el prestatario el sujeto pasivo de este último impuesto en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria (como aquella jurisprudencia sostenía) sino la entidad que presta la suma correspondiente.

El presidente de la Sala Contencioso Administrativo, Luis María Díez Picazo, comunicó el pasado viernes que avocará al Pleno compuesto por una treintena de magistrados el próximo pleito que les llegue relativo a quién corresponde pagar el Impuesto de actos jurídicos documentados, si a la banca o a los compradores.

El lunes el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez Picazo, ha convocado el próximo 5 de noviembre el Pleno donde se revisará el criterio jurisprudencial, según avanzan fuentes jurídicas a El Independiente.

Esta decisión ha sido adoptada después de que el presidente del Alto Tribunal y el Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, haya convocado este lunes en una reunión a Díez-Picazo, y los firmantes de la sentencia que dictaminó que las entidades bancarias son las que deben abonar el AJD.

Consecuencias

A falta de que se esclarezcan los términos de la sentencia, ya se avistan las primeras consecuencias para el mercado hipotecario si cambia la normativa actual. Los propios bancos reconocen que transmitirán el sobrecoste a sus clientes.

“No está claro si el nuevo fallo obligará a los bancos a pagar retroactivamente el impuesto AJD del libro de préstamos existente o si sólo afectará a nuevas hipotecas. Si es sólo para nuevas hipotecas, es probable que el aumento en los costes sea transferido a los clientes. Sin embargo, si los bancos tienen que reembolsar a los titulares de hipotecas existentes los AJD anteriores, el impacto podría ser significativo”, señala el bróker de Santander.

El gigante americano Citi también augura un incremento en el precio de los préstamos para la compra de vivienda como vía para absorber el golpe de la sentencia. “El impacto de cara a futuro puede mitigarse. Estimamos que una hipoteca de 150.000 euros con un tipo de interés del 2% puede compensar la carga tributaria adicional en la que el banco incurriría por AJD incrementando el precio hasta 2,18%”, señalan. Se trata, por tanto, de un alza cercano al 20%.