La Dirección General de Ordenación del Juego, del Ministerio de Hacienda, perseguirá el juego no autorizado que se realice dentro y fuera de España y se dirija al territorio del Estado, y podrá requerir información sobre las operaciones realizadas por los distintos operadores que carezcan de título.

Se lo podrá requerir, según detalla el anteproyecto de Ley de lucha contra el fraude, "a cualquier proveedor de juegos o de servicios de juego, servicios de pago, entidades de prestación de servicios de comunicación audiovisual, medios de comunicación, servicios de la sociedad de la información o de comunicaciones electrónicas, agencias de publicidad, redes publicitarias y entidades patrocinadas".

Así lo prevé este anteproyecto aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, con el que Hacienda pretende reforzar el control de la actividad del juego y las apuestas deportivas, con la elaboración de "una lista negra" de operadores que no están autorizados. En el anteproyecto se incluyen algunas modificaciones del articulado de la ley de 2011, que regula la actividad del juego que se desarrolle con ámbito estatal, y en concreto en su ámbito de la lucha contra el fraude.

En primer lugar, varias de las medidas recogidas pretenden habilitar mecanismos para colaborar en la prevención y la lucha contra la manipulación de las competiciones deportivas y combatir el fraude que puede producirse en las apuestas deportivas.

En segundo lugar, se amplía el elenco de entidades a las que la autoridad encargada de regulación del juego puede realizar requerimientos de información; además, se exige a los operadores de juego colaborar en la lucha contra el fraude mediante la elaboración de un manual de prevención que incluya procedimientos y medidas específicos.

En tercer lugar, a través de otro grupo de medidas, se introducen nuevos tipos infractores, o se modifica alguno de los actualmente existentes, con la finalidad de sancionar prácticas fraudulentas de los participantes en los juegos, de los propios operadores o de proveedores o intermediarios.

Son, según recoge el anteproyecto, vulneraciones de las disposiciones vigentes en materia de "juego responsable y de protección a los jugadores e incumplimientos de requerimientos de información realizados por la autoridad encargada de la regulación del juego".

Estas medidas concluyen con la publicación, en la página web de la autoridad encargada de la regulación del juego, de información singularizada asociada al juego no autorizado.