El Gobierno prepara reformas estructurales y de calado del funcionamiento del mercado eléctrico y de la fiscalidad del sector. Entre los objetivos -comprometidos en el acuerdo alcanzado para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con Podemos- figura acabar con la “sobrerretribución” que reciben las eléctricas a través de “determinadas tecnologías”
Esas tecnologías son singularmente la nuclear y la hidroeléctrica, que tanto para el Gobierno como para la formación de Pablo Iglesias, “han recuperado sobradamente sus costes de inversión”. Esto es, socialistas y podemistas entienden que las centrales nucleares y las hidráulicas ya están amortizadas y, con ello, obtienen unos beneficios extra gracias a los altos precios de la electricidad.
El plan del Ejecutivo y Podemos pasaría por poner un límite al precio que estas tecnologías cobran en el mercado eléctrico para evitar los denominados los beneficios caídos del cielo, y destinar la diferencia entre el precio de mercado y ese tope a abaratar directamente la luz a los consumidores.
Pérdidas de 120 millones
Iberdrola ha salido hoy al paso de las pretensiones del Gobierno y de los argumentos que las sustentan. La compañía esgrime que pierde dinero con sus nucleares y con sus centrales hidroeléctricas y que aún está lejos de amortizar íntegramente las instalaciones.
“En concreto, el beneficio neto del negocio nuclear en 2017 fue de menos 101 millones de euros, siguiendo la tendencia negativa de años anteriores, y el del negocio hidroeléctrico se situó en menos 18 millones. Indicativo de que no alcanzan retornos más allá de lo razonable”, ha sentenciado el presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, en un encuentro con analistas con motivo de la presentación de sus resultados financieros trimestrales.
El presidente de Iberdrola achacó los números rojos de nuclear e hidráulica a los altos impuestos que soportan ambas tecnologías. Una factura fiscal que Galán ha cuantificado en 1.500 millones conjuntamente desde 2013, cuando el Gobierno de Rajoy creó nuevos tributos energéticos (747 millones en el caso de la hidroeléctrica y 753 millones para la nuclear).
“Nuestros activos hidroeléctricos y nucleares no se encuentran amortizados”, ha sentenciado el presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, en un encuentro con analistas con motivo de la presentación de sus resultados financieros trimestrales. “Iberdrola amortiza sus activos de acuerdo con la normativa legal y contable para cada una de las tecnologías: para las hidroeléctricas, obra civil en el periodo concesional y el equipo electromecánico en 50 años o periodo concesional si fuera menor. Para las nucleares, 40 años”.
En paralelo, Galán ha destacado que en las últimas dos décadas la eléctrica ha invertido unos 3.800 millones en la mejora y el mantenimiento de su parque hidroeléctrico y nuclear. “Hemos destinado unos 1.800 millones a las centrales hidroeléctricas y alrededor de 2.000 millones a las nucleares”.
Por todo ello, desde Iberdrola se alerta de que la posible limitación de los ingresos de las centrales hidráulicas y de las nucleares, poniendo un tope al precio que pueden percibir por su electricidad, choca con la legislación europea de mercado interior. Según Galán, la medida no se ajustaría a derecho porque las instalaciones no están amortizadas, porque tiene afán recaudatorio, porque contradice las políticas contra el cambio climático, y porque mantiene artificialmente la competitividad de los combustibles fósiles.
El plan de choque del Gobierno ya se nota en el precio
Por el contrario, el presidente de Iberdrola ha aplaudido las medidas aprobadas por el Gobierno en su plan de choque para frenar la subida de la luz, singularmente la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica y la eliminación del denominado céntimo verde para el gas durante seis meses. Galán se ha felicitado de que ambas medidas ya se estén reflejando en una caída del precio de la electricidad.
“Las medidas están teniendo un impacto directo en los precios del pool [mercado mayorista de la electricidad], reduciendo las importaciones de energía y los precios para los consumidores”, ha apuntado Galán. “Esto demuestra la relación directa entre los impuestos a la generación y los precios de mercado, como siempre hemos mantenido, y su efecto sobre la competitividad de la generación española frente a competidores europeos”.
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