Al gigante mundial del aluminio le han dejado de salir las cuentas en España. Alcoa anunció la pasada semana su intención de cerrar dos de sus tres plantas en el país. Su plan pasa por cerrar las factorías de Avilés y de A Coruña (con una plantilla conjunta de casi 690 personas) y mantener operativa sólo la fábrica de San Cibrao, en Lugo, con 1.300 empleados.

El grupo estadounidense vincula su decisión insistentemente con la falta de productividad de ambas plantas porque su tecnología se ha quedado obsoleta, su menor capacidad, pero también reconoce que un factor para decantarse por el cierre es el elevado precio de la energía en España, que concentra un 40% de los costes totales de las plantas. Y desde los sindicatos se apunta que la compañía reconoce que la factura eléctrica es un factor clave para impulsar el doble cierre.

La gran industria  lleva años quejándose del enorme lastre que el alto precio de la electricidad en España supone para su actividad.  Y la drástica decisión del gigante del aluminio ha avivado sus reclamaciones al Gobierno de Pedro Sánchez para que promueva reformas que rebajen la factura eléctrica que soporta la industria para poder competir en igualdad de condiciones con compañías radicadas en otros países europeos.

La Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE), que agrupa a 26 empresas con 80 factorías en España –entre ellas las de Alcoa- que concentran un 11% del consumo total de electricidad del país, mete presión al Gobierno solicitando mayores mejoras en su factura eléctrica, mediante rebajas y exenciones fiscales, para igualarse con sus competidores alemanes o franceses.

5.000 millones en ayudas en una década

La gran industria ya se beneficia en España de un sistema de ayudas. Todos los consumidores eléctricos españoles asumen cada año a través de su recibo de luz pagos millonarios a las grandes industrias. Es el denominado servicio de interrumpibilidad, un sistema que garantiza que grandes fábricas pararán y dejarán de consumir electricidad (o recortarán su consumo) en caso de que existan picos de demanda tales como para generar un riesgo de problemas de suministro.

Los consumidores han pagado entre 2008 y 2018 a través de sus recibos de luz 5.052 millones de euros a la gran industria. Pero actualmente el importe que reciben –que se reparte por un sistema de subastas- ha caído un 40% este año, hasta tan sólo 306 millones de euros repartidos entre más de un centenar de factorías, pero concentrando muy mayoritariamente las ayudas en las grandes empresas (entre ellas, la propia Alcoa, que ha percibido 1.000 millones en una década, 90 millones sólo este año).

Con el desplome del importe de las ayudas por interrumpibilidad, la asociación de la industria electrointensiva reclama otro tipo de compensaciones, similares a las que perciben las grandes empresas alemanas y francesas. “Necesitamos que las condiciones de suministro eléctrico sean similares a la de nuestros competidores. Pedimos el mismo trato que ellos para poder competir en igualdad de condiciones. Todos vendemos nuestros productos en un mercado global, pero nosotros compramos la electricidad en un mercado más caro que los rivales”, sostiene Fernando Soto, director general de AEGE.

Descuentos y rebajas fiscales

Según las estimaciones de la asociación, el año pasado las factorías industriales de España pagaron un sobrecoste de unos 450 millones de euros en relación al coste de electricidad que soportaron las plantas de Alemania. Por un lado, porque tanto en el mercado germano como en el francés está mucho más extendida la utilización de acuerdos bilaterales de venta de electricidad (PPA), mientras que en España tiene mayor peso recurrir al mercado mayorista y los PPA que ofrecen las eléctricas españolas suelen estar por encima del precio de mercado, ya de por sí caro.

Por otro, porque la industria en Alemania y Francia se benefician de descuentos en los costes regulados de la factura eléctrica (peajes), de exenciones de hasta el 90% en algunas tasas energéticas, y financian el desarrollo de las renovables aportando el mínimo, según relata el director general de AEGE. “Reclamamos un trato similar al Gobierno. Igualdad de condiciones para todos”, destaca Soto.

“La industria electrointensiva es un consumidor singular, muy sensible al precio de la electricidad. Existe riesgo de deslocalización”, advierte el dirigente de la patronal. “Hacen falta medidas para que no se produzcan más anuncios como el de Alcoa. Sin los mismos condiciones que otros, la producción se va a ir a otros países”, alerta.

Y es que desde AEGE se destaca que la espiral alcista de los precios de la electricidad de los últimos meses ha llevado a algunas factorías al límite, al punto de que no les salen las cuentas y les sale más rentable parar la producción el mayor tiempo posible. “Algunas plantas llevan desde el verano produciendo lo justo para cumplir los requisitos de consumo mínimo que se les exige por ofrecer el servicio de interrumpibilidad. Si no tuvieran que cumplir con esa exigencia, pararían más tiempo y producirían menos”, sentencia.