Riesgos de ligar pensiones al IPC: un alza de impuestos del 50% o menores pensiones futuras

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha salido al paso del derribo de facto de la reforma de las pensiones de 2013 que han supuesto los Presupuestos de 2018 y los últimos acuerdos del Pacto de Toledo, que aproximan una nueva vinculación de las prestaciones con el IPC.

Los economistas Ángel de la Fuente, Miguel Ángel García y Alfonso Sánchez han elaborado un informe en el que tratan de poner cifras a esta eliminación implícita, sobre todo, de los dos elementos troncales de dicha reforma: el índice de revalorización de las pensiones, que venía fijando subidas del 0,25% anual, y el factor se sostenibilidad, llamado a acomodar las pensiones a la evolución de la esperanza de vida, y cuya puesta en marcha se ha aplazado desde 2019 a 2021.

Los resultados son preocupantes. En un escenario base --contando con una llegada de inmigrantes a medio camino entre las previsiones de mínimos y máximos--, y en ausencia de nuevas reformas, el camino que han tomado las pensiones podría requerir un incremento de los gastos entre 3 y 3,5 puntos porcentuales del PIB de media hasta 2050 y, para ello, habría que incrementar los ingresos por cotizaciones entre un 87% y un 138% o aumentar los grandes impuestos entre un 32% y un 50%. Como ejemplo, la recaudación actual del IRPF debería subir un 25%.

Más aún, en el extremo más pesimista, la vuelta a la indexación de las pensiones provocaría que, en una situación de imposibilidad de pago de las prestaciones por la presión de gasto generada, las pensiones podrían afrontar un recorte de casi el 50%.

Sin embargo, De la Fuente ha advertido que antes de llegar a ese callejón sin salida sería más factible que en uno o dos años los mercados, que son en último término los que financian las pensiones públicas a través de la deuda, empezarán a reclamar a España reformas. Algo que los economistas también prevén que ponga sobre la mesa en el corto plazo la Comisión Europea.

El cambio demográfico

Según García, que fue director general de Ordenación de la Seguridad Social con el anterior Gobierno, para entender la dimensión de lo que supone cambiar la reforma por una vuelta a la indexación permanente de las pensiones al IPC, es preciso entender el cambio demográfico que afronta España.

La esperanza de vida  ha aumentado seis años desde 1975, sin que hayan evolucionado en paralelo las aportaciones. La proyección desde 2015 a 2050 es que aumentará en 4,7 años más, por lo que habrá mayor número de pensiones que pagar.

Por otro lado, a partir de 2023 se empezará a jubilar la generación del baby boom (nacidos 1954-1975), la más numerosa de la edad reciente. Todo ello hará que el número de pensiones aumenten un 50% hasta 2050, con un total de unos 15 millones de prestaciones.

Además, García ha planteado que la tasa de PIB potencial español será del 1,23% hasta 2040, para luego crecer ligeramente hasta 2050. Esto implica que la ‘bolsa’ desde la que destinar recursos a las pensiones será menor, mientras que el déficit de la Seguridad Social podría alcanzar los 21.000 millones de euros ya en 2019 sin no se toman nuevas medidas de ingresos, lo que supone una desviación del objetivo de déficit del 1,1% previsto al 1,7% del PIB.

En este escenario, entran en juego elementos clave como la natalidad (los futuros cotizantes), la inmigración (lo mismo) y la productividad, que es la capacidad de los trabajadores y las empresas para aportar recursos y aumentar la riqueza nacional.

Pues bien, el informe contempla que se podría dar en estos años un ligero repunte de la natalidad, y un incremento máximo de la inmigración de algo más de 300.000 personas al año. Con estos elementos, el esfuerzo a realizar para pagar las pensiones seguiría siendo importante.

Y aunque la tasa de ocupación aumentara exponencialmente, con un escenario de alta inmigración, plantearía una situación complicada de altas tasas de dependencia de pensionistas por cotizante.

¿Qué efectos tendrá la supresión de la reforma?

Con este planteamiento, el informe proyecta variables como la deuda pública o la presión fiscal que serán necesarias dedicar para pagar las pensiones hasta 2050 tras suprimir la reforma de 2013. El modelo económico generado por los economistas muestra también el grado de generosidad del sistema en este escenario.

Con una proyección moderada de llegada de inmigrantes, el informe precisa que, manteniendo la reforma del sistema, la deuda acumulada podría superar el 70% del PIB en torno a 2057. Aún así la suficiencia del sistema sería manejable, con la contrapartida de una menor generosidad de las pensiones.

Ahora bien, si se elimina la reforma, automáticamente aumentaría esta variable, los pensionistas tendrían mejores pensiones, pero los problemas de sostenibilidad serían mayores. El 'stock' de deuda superaría el 200% del PIB; el esfuerzo fiscal aumentaría en más de un 50% y el gasto en pensiones sobre el PIB pasaría de superar el 12% en el peor de los escenarios contando con la reforma a sobrepasar el 16%.

¿Y en qué se puede traducir esto? Según Sánchez, ello puede exponer a futuro un ajuste de las pensiones "muy grande" y "dramático" si se da una situación económica adversa y el coste de las pensiones se hace insostenible en el corto plazo.

En todo caso, aunque la llegada de inmigrantes se disparara, el 'stock' de deuda del sistema de pensiones superaría el 120% del PIB, por ejemplo. "Los inmigrantes nos van a ayudar transitoriamente, pero no nos van a solucionar el problema", considera el economista.

Con estas salvedades, el diagnóstico final del informe no es nada halagüeño. En el peor de los escenarios, cubrir la subida de las pensiones en ausencia de la reforma de 2013, obligaría a subir la presión fiscal entre un 50% y un 80% o se comería hasta un 80% de las rentas del trabajo, antes del pago del resto de impuestos.

Algunas propuestas

Según García, no hay que perder de vista que las pensiones españoles son las más generosas de la zona euro con una media de gasto sobre el PIB en línea con los parámetros europeos. Ha precisado que la tasa de sustitución de las pensiones es 13 puntos porcenutales superior a la zona euro.

En esta situación, plantea si esto es "sostenible". Por ello, cree que debe darse una "distribución de los esfuerzos entre toda la sociedad", también recayendo sobre las espaldas de los nuevos pensionistas.

Por ello, desde Fedea se plantean algunas recetas alternativas a la indexación de las pensiones con el IPC. Entre ellas, mantener el factor de sostenibilidad o ligar la edad mínima de jubilación a la esperanza de vida en salud con las excepciones necesarias por penosidad; extender gradualmente el periodo de cómputo de la pensión a toda la vida laboral; y establecer una mayor relación entre las pensiones y las aportaciones realizadas, capitalizadas de acuerdo con el crecimiento de la economía.

Al respecto, Fedea plantea que, una posible forma de hacerlo dentro del sistema de reparto sería a a través de las conocidas de cuentas nocionales.

Por último, la Fundación plantea vincular al IPC solo las pensiones mínimas o introducir un factor diferente de actualización ligado a la situación financiera del sistema. Es factor podría ser un IPC adaptado al sistema, que rondaría el 85% del indicador general, con lo que frente una previsión de inflación del 2%, la subida sería del 1,7%. El ahorro estimado sería de 475 millones al año.