Tras la polémica sentencia del Tribunal Supremo, las teorías sobre los posibles intereses ocultos para hacer caer a la banca empiezan a despuntar. La sentencia del Alto Tribunal que ha determinado que son los bancos los que deben abonar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las hipotecas y no los ciudadanos como se hacía hasta ahora ha desatado una agria polémica en el ámbito jurídico y, también, en el financiero.

Mientras millones de inversores han sufrido fuertes pérdidas, los bajistas -que ganan dinero cuando el mercado cae- celebran los números rojos. En los pasillos del sector financiero se preguntan si este tipo de noticias inesperadas con efecto demoledor en el mercado está bajo la lupa de la CNMV. "Los inversores con posiciones cortas han ganado mucho dinero en pocas horas y cualquiera que pudiese estar al tanto del anuncio de esa sentencia se ha hecho millonario. El regulador debería estrechar el cerco sobre la actividad en estos valores cuando se dan situaciones de esta índole ante el riesgo de que se haga uso de información privilegiada", señala un alto directivo de un banco.

La CNMV vigila todos los días los valores de cada mercado, pero la información sobre posibles investigaciones en curso es siempre reservada.

La CNMV vigila todos los días los valores de cada mercado, pero la información sobre posibles investigaciones en curso es siempre reservada.

El potencial impacto para la banca de la sentencia del pasado jueves, cifrado en hasta 9.000 millones de euros, provocó el desplome de las entidades en Bolsa. Perdieron 5.560 millones de capitalización conjunta sólo durante la sesión del jueves y en los últimos días han profundizado su caída.

Bankia, el banco más penalizado por el ataque de los inversores bajistas, cuenta con el 5,5% de su capital en manos de fondos especuladores, porcentaje en zona de máximos históricos. Entre los que han sacado tajada de la sentencia del Supremo figuran Citadel Advisors, Marshall Wace, AQR Capital y BlackRock. En Sabadell, este tipo de inversor tiene el 1,08% del capital, frente al 0,31% de  Santander, el 48% de BBVA y el 0,43% de Bankinter. Los cortos de Liberbank y CaixaBank están por debajo del 0,5%.

En medio de la tormenta, el Pleno de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo se reunirá el 5 de noviembre para revisar el criterio jurisprudencial que está suponiendo un varapalo a la banca. La misma reunión es clave para la continuidad del magistrado Luis Díez-Picazo como presidente de dicha Sala y, también, para salvar “dignamente la malograda imagen de independencia del tribunal”.

El regulador debería estrechar el cerco sobre la actividad en estos valores ante el riesgo de uso de información privilegiada, dice el directivo de un banco

La actuación del presidente Luis Díez-Picazo ha supuesto un escándalo social que mantiene muy preocupada a toda su Sala y abochornados a muchos miembros de este órgano.

En una decisión insólita, un día después de notificarse la sentencia, Díez Picazo acordó “dejar sin efecto” todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes similares y avocar a Pleno los mismos ante el “giro radical” que suponía ese fallo en la jurisprudencia del Supremo y habida cuenta de “la enorme repercusión económica y social” de la sentencia.

“La rapidez con la que salió en defensa de los intereses del sector bancario –dejando en manos del Pleno la confirmación o revocación de un criterio jurídico firme- ha supuesto un grave menoscabo para la imagen de independencia del Tribunal Supremo”, subraya un miembro del Alto Tribunal.

Tras una tensa reunión vivida este lunes, magistrados de la Sala Tercera tienen previsto reprochar al presidente la “pésima gestión” que ha realizado del asunto avocando a revisión del Pleno el criterio firme decretado por la Sección Segunda al establecer que las entidades son las que deben abonar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Qué son las posiciones bajistas

Las posiciones cortas son apuestas abiertas por los inversores para sacar beneficio de una caída de una acción. En la práctica consiste en pedir prestadas acciones a un inversor, a cambio de un pago, y venderlas en el mercado, confiando en que perderán valor y podrán recomprarse a un precio inferior antes de devolvérselas a su dueño. El aumento de estas apuestas bajistas refleja una mayor percepción de riesgo entre los inversores, que ven crecientes posibilidades de que los bancos sufran nuevas caídas.