'Hachazo' a las pensiones: Bruselas pedirá ajustes a España en primavera

La Comisión Europea sigue muy de cerca las decisiones económicas que viene tomando España en materia de pensiones. Desde el compromiso adquirido por el anterior Gobierno del PP se subirlas un 1,6% en 2018 y 2019 con carácter general, y un 3% en el caso de las mínimas y las no contributivas, hasta la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de ir más allá y cubrir toda desviación del IPC por encima de estos niveles en esos años, pasando por la recomendación del Pacto de Toledo para volver a indexar las pensiones a la inflación de forma permanente.

Bruselas, en resumen, ha tomado buena nota de que la reforma de 2013, que ha elogiado por su capacidad para contener el gasto público en pensiones a la vista del déficit cabalgante de cerca de 19.000 millones de euros de la Seguridad Social, está en la práctica muerta y enterrada.

Sin embargo, la Comisión Europea ha realizado hasta ahora advertencias someras sobre el riesgo de dar marcha atrás en esta reforma, a la espera de ver qué medidas se incluían en el Plan Presupuestario de 2019, tanto del lado del gasto como de los ingresos.

Una vez recibido el borrador presupuestario, Bruselas tiene dudas de que España pueda realizar un ajuste estructural del déficit público de al menos el 0,4% del PIB, como ha garantizado España, y todo ello con un gasto en pensiones disparado.

Por eso se barrunta un toque de atención de la Comisión Europea más allá de las advertencias realizadas hasta la fecha. Fuentes conocedoras de las conversaciones entre España y Bruselas aseguran que la advertencia llegará cuando se publiquen en primavera las nuevas recomendaciones específicas --CSR, en el argot comunitario-- para España.

Cada año, la Comisión Europea realiza una valoración de los planes presupuestarios, diagnóstico macroeconómico y situación estructural de la economía de los Estados miembro y emite dichas recomendaciones para los siguientes 12 o 18 meses dentro de lo que se conoce como Semestre Europeo.

Pues bien, las mismas fuentes precisan que probablemente la UE se dirija a España cuando llegue el momento, el próximo mes de mayo, para pedir directamente medidas para reequilibrar el déficit del sistema de pensiones y, más concretamente, para adoptar alternativas a la reforma de 2013 y a la indexación de las pensiones con el IPC que eviten que se dispare aún más el gasto, no necesariamente en el sentido de aplicar recortes, pero sí de buscar la forma de atenuar las cuantías medias de las prestaciones.

Por si fuera poco, el Banco Central Europeo (BCE) estaría en la misma línea de considerar necesario un viraje en la política de pensiones de España.

La última llamada de atención

La opinión de Bruselas sobre la derogación de la reforma de las pensiones de 2013 no es nueva. Ya en mayo de 2018, precisamente cuando la Comisión Europea emitió sus recomendaciones a España dentro del Semestre Europeo, el informe remitido a España fue duro, muy duro.

Las dudas se vertían entonces sobre el Presupuesto de 2018 que estaba elaborando el anterior Gobierno del PP. Consideraba que los cálculos del Gobierno eran excesivos por el lado de los gastos y, por eso,  avisaba de que habría que estar preparados para tomar medidas sobre la marcha para reconducir el déficit, además de guardar los márgenes que pudieran generar unos ingresos superiores a los previstos para ‘tapar’ agujeros.

Concretamente, Bruselas abroncaba a España por volcar el gasto en el sistema público de pensiones, en lugar de en la necesaria reducción del desempleo. Sin embargo, ni el Gobierno del PP ni el de Pedro Sánchez han dado marcha atrás. Más bien lo contrario en lo que respecta a las decisiones adoptadas por el Ejecutivo socialista.

El BCE y el FMI también advierten

Poco después, el BCE advertía en su boletín del mes de junio que en países como España o Italia existía un alto riesgo de que se revirtieran las últimas reformas de pensiones y avisaba de las consecuencias que ello podría tener sobre el gasto público asociado al envejecimiento.

Ya en octubre, el miembro del Consejo Ejecutivo del BCE y su economista jefe, Peter Praet, afirmaba en una reciente conferencia en Madrid que será preciso en el marco de la UE, también en el caso de España, adoptar ajustes estructurales para combatir los efectos del creciente envejecimiento de la población sobre la economía. Estos ajustes podrían ser paramétricos, actuando por ejemplo sobre la edad de jubilación, o ir encaminados a aumentar la productividad.

Sin embargo, el mensaje de advertencia más claro quizás sea el que lanzó también este mes en curso el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el informe consultivo con el que cerraba su última visita a España para tomar el pulso de la economía, lanzaba duras advertencias al Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente sobre la vuelta a la revalorización de las pensiones con el IPC, y advertía que podría incluso costar un futuro recorte de las mismas.

“Las recomendaciones del Pacto de Toledo consistentes en volver a vincular el aumento de las pensiones a un indicador del poder adquisitivo no deberían traducirse en medidas legislativas que no formen parte de un paquete integral. Un ajuste ad hoc de las prestaciones podría hacer peligrar la sostenibilidad financiera del sistema”, añadía.

Fedea ya habla de posibles recortes

Dentro de las fronteras, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha elaborado un informe sobre las consecuencias de suprimir la reforma de las pensiones de 2013 en el que ya habla abiertamente de la posibilidad de que el sistema de pensiones colapse de aquí a 2050 por el incremento exponencial de gasto en pensiones y sea necesario recortar las pensiones hasta casi un 50% en el peor de los casos.

Durante la presentación del informe, el director ejecutivo de la Fundación, Ángel de la Fuente, respondía al ser preguntado por cuánto tiempo podría transcurrir antes de que la UE exigiera a España una reducción del gasto en pensiones. Decía que esto podría producirse en horizonte de poco más de dos o tres años si no se adoptan antes medidas de ajuste, y avisaba de que antes podrían ser los mercados, que financian en última instancia las pensiones a través de la deuda pública, los que dieran un toque de atención a España.