El Ministerio de Hacienda quiere pagar la batería de medidas sociales acordadas con Unidos Podemos y prometidas a la ciudadanía sin hacer descarrilar el proceso de consolidación fiscal. Para eso hacen falta ingresos y parte del aumento de la recaudación prevista --hasta 828 millones de euros-- recaerá del lado de la lucha contra el fraude.
Algunas medidas propuestas en el anteproyecto de Ley correspondiente, actualmente en trámite de participación pública, son llamativas: perseguir el uso de los software de doble uso o crear una unidad de investigación de patrimonios relevantes.
Sin embargo, la letra pequeña del anteproyecto guarda otras medidas algo menos luminosas y que tienen que ver directamente con los contribuyentes de a pie. Una de ellas tiene que ver con los recargos que Hacienda impone cuando la declaración del IRPF --tanto renta como patrimonio-- se realiza fuera de plazo con resultado a ingresar, aunque de forma voluntaria y antes de que medie la Inspección de Hacienda.
Actualmente, si un contribuyente realiza una de estas declaraciones extemporáneas sin que Hacienda haya tenido aún que requerirlo tiene que pagar una cantidad adicional del 5% sobre el montante a ingresar, si es que la declaración se presenta dentro de los tres meses siguientes al término del plazo establecido. Este recargo asciende al 10% dentro de los seis primeros meses; al 15% para los 12 meses; y al 20% una vez transcurrido el año. En este último caso se exigen también intereses de demora.
Pues bien, el anteproyecto de Ley de lucha contra el fraude prevé, alegando “motivos de proporcionalidad y justicia tributaria”, una modificación del sistema estableciendo recargos crecientes del 1% sobre el importe a ingresar por cada mes completo de retraso sin intereses de demora hasta que haya transcurrido el periodo de 12 meses de retraso.
A partir del día siguiente del transcurso de los 12 meses citados, además del devengo de un recargo del 15%, comenzará el de intereses de demora.
Además, Hacienda ha incluido en el texto una mayor reducción de las sanciones derivadas de infracciones tributarias por no ingresar deudas tributarias; no presentar las declaraciones correctas y completas; obtener indebidamente declaraciones o imputar incorrectamente bases imponibles.
Actualmente, la Ley General Tributaria contempla una reducción del 50% cuando el contribuyente, previa inspección, acepta un acta de acuerdo. El anteproyecto de Ley eleva esta reducción ahora al 65%.
¿Cuál será el efecto?
De acuerdo con la memoria de impacto que acompaña al anteproyecto de Ley, la modificación de esta clase de recargos podría incidir en la recaudación tributaria “de manera significativa”, aunque Hacienda asegura que no es posible estimarlo, ya que no se conocen con detalle los ingresos actuales derivados de los recargos por declaración extemporánea, desglosados según el tiempo de demora.
Además, desde Hacienda resaltan que una vez regularizada la situación, el fisco puede realizar cuántas inspecciones considere oportuno de oficio, lo que podría revertir en una mayor recaudación.
En cualquier caso, el texto explica que la modificación normativa incluye menores recargos que los actuales, pero que las diferencias varían según el tiempo que haya transcurrido desde la finalización del plazo establecido para la declaración e ingreso de las declaraciones hasta que se estas efectúen.
Por ejemplo, si el retraso es de dos meses, actualmente el recargo es del 5%, mientras que, con la nueva redacción, disminuiría hasta el 3%, es decir, se reduciría en dos puntos porcentuales, mientras que, para retrasos superiores a 12 meses, el recargo pasaría del 20% al 15%, es decir, se reduciría en cinco puntos porcentuales.
¿Qué persigue Hacienda?
A primera vista podría parecer que el fisco perderá ingresos con estas rebajas. Sin embargo, fuentes de Hacienda aseguran que lo que se trata es de potenciar la voluntariedad a la hora de realizar declaraciones extemporáneas y admitir irregularidades en la presentación de las declaraciones del IRPF.
Hacienda no cuantifica el retorno de estas medidas, pero por un lado espera que se incrementen las declaraciones de la renta extemporáneas al tener un menor coste. El criterio es que actualmente muchos contribuyentes pueden preferir no realizar estas declaraciones para no pagar altos recargos esperando que Hacienda no se lo note. Porque la Inspección no llega a todas partes.
En ese sentido, estas medidas perseguirían también poder dedicar parte de los recursos de la Agencia Tributaria a la persecución irregularidades y casos de fraude más complejos, como, precisamente, los que esconden algunos patrimonios relevantes, ámbito al que se dedicarán unos 200 funcionarios a tiempo completo, o los software de doble uso.
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