Ángel Ron, expresidente de Popular, está valorando querellarse contra la CNMV y su presidente Sebastián Albella por, en su opinión, irregularidades en la tramitación de un expediente administrativo sancionador que acusa a Ron, a su consejo y al banco de falsear las cuentas de 2016, según ha podido saber El Independiente de fuentes conocedoras.
El propio supervisor informó de que la tramitación de dicho expediente fue suspendida por haber en curso un proceso penal por los mismo hechos. Ron fue informado el 16 de octubre del acuerdo de incoación del citado expediente, así como del acuerdo de su suspensión y de la notificación.
El expresidente del banco ha presentado sus alegaciones, tras la publicación del documento. "Tanto el trámite seguido para la incoación de expediente sancionador, sin haberme llamado y sin haber sido oído, como la publicación del acuerdo de incoación, sin ningún tipo de audiencia o defensa, me produce indefensión y un perjuicio irreparable en mi derecho e intereses legítimos", señala en un escrito remitido al supervisor de los mercados.
Ron solicita al supervisor de los mercados que se le facilite una entrega completa del citado expediente número 17/2018, y de todos cuantos documentos consten y existan en este organismo en relación al hecho relevante del 3 de abril de 2017, del Banco Popular, incluyendo notas internas y actas de reuniones sobre dicho objeto y materia. El Hecho Relevante informaba de que Popular, ya bajo la presidencia de Emilio Saracho, introducía ajustes por importe de más de 600 millones en las cuentas de 2016, como consecuencia de la revisión de la cartera de créditos y de la operativa ligada a la ampliación de capital.
Ron asegura que la CNMV busca desviar la atención sobre la segunda pieza de las diligencias del caso, que apuntan a la iliquidez como causa de la muerte de Popular
Por otro lado, Ron se queja de la publicación el pasado 19 de octubre de la incoación y, a la vez, acuerdo de suspensión, del expediente abierto contra él, Popular y otros miembros del consejo, "sin ningún tipo de instrucción, investigación o prueba contradictoria; sin que haya existido opción alguna a hacer alegaciones, sin haberme oído, en un procedimiento tan escaso, que resulta prácticamente inexistente, vulnerando mi derecho a la igualdad, al haberse adoptado la decisión de publicación de manera discrecional, con una norma, cuya entrada en vigor se produjo con posterioridad a que la CNMV, en sede judicial, reconociera su obligación de suspender el procedimiento administrativo".
Subraya que "por existir unas diligencias de investigación en marcha constituye una arbitrariedad y adolece de causa de nulidad, que se invocará mediante el uso de las pertinentes acciones legales, en caso de no rectificar y adoptar por parte de la CNMV las medidas pertinentes para salvar, como administrado y ciudadano español, mi derecho al honor, a la buena imagen, a la presunción de inocencia y a la defensa".
Ron asegura que la comunicación pública le achaca directamente una conducta o actuación engañosa en relación con las cuentas de 2016. "Resulta calumniosa [...] Su publicación, en los términos que se ha hecho -sin prueba, sin alegaciones, sin posibilidad de recurso, sin ningún tipo de garantía por tanto- no tiene ningún tipo de beneficio para la entidad, ni para los accionistas afectados por la resolución del banco, entre los que me encuentro junto con todo el que fue mi Consejo". En su opinión, "el único efecto producido ha sido el de mi descrédito personal y el desvío de la atención de la pieza dos en las diligencias previas abiertas en la Audiencia Nacional".
El expresidente de la entidad considera que "la comunicación tiene indiscutible incidencia en la investigación abierta ante la Audiencia Nacional y desvía la atención sobre la segunda pieza de dichas diligencias, que apunta, como única causa de la resolución de Popular, a la comunicación, desde principios de abril del 2017, como causante de la pérdida de liquidez del banco, que finalizó con su resolución, según se afirma también en los documentos aportados a las citadas diligencias, por el BCE y Banco de España".
Fuentes del entorno de Ron cuestionan el momento y la intención de la apertura del expediente, "precisamente ahora que se ha levantado el secreto de los documentos del Banco Central Europeo, la JUR y Banco de España, donde el contenido de dicha documentación señala la solvencia inequívoca de la entidad hasta junio de 2017, apuntando que la resolución tuvo lugar por iliquidez producida por una salida de depósitos asociada a una cobertura mediática negativa”.
Las mismas fuentes sugieren que "la actuación por parte de la CNMV incita a poner el duda el excesivo celo de Albella de culpar al Consejo, actuando como un cooperador de ciertos intereses en detrimento de su exigencia de imparcialidad".
Finalmente, Ron denuncia el envío de un correo electrónico, por parte de la Dirección de Comunicación de la CNMV el viernes 19 de octubre, con copia oculta a las agencias y medios de comunicación, con una noticia de EFE titulada La CNMV expedienta a Ángel Ron y su equipo por las cuentas del Banco Popular.
"Tal publicación supone un ataque directo a mi honor por quien tiene obligación de respetar y proteger, en régimen de igualdad y con sometimiento pleno a la ley y al derecho (artículo 9 y 103 de la Constitución), los derechos de los ciudadanos y las garantías del procedimiento. La actuación que ponemos en su conocimiento, de ser cierta, infringe las propias normas de la CNMV, sobre la publicación de los expedientes sancionadores y su difusión, al haberse hecho de manera extra oficial, mucho más allá de lo que recoge el comunicado oficial y señalándome expresamente con nombre y apellidos, para imputarme una conducta o actuación engañosa", lamenta.
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