Así se destapó la trama de comisiones por armas que montó la sobrina del espía Paesa

La polémica persigue desde hace tiempo a la industria armamentística española. Y no solo por los debates morales surgidos en torno a la conveniencia de vender armas a un país como Arabia Saudí, exacerbados por el truculento asesinato del periodista turco Jamal Kashoggi. Sino también por los turbios negocios que se han desarrollado en torno a ella.

En los últimos días ha saltado a la palestra informativa la investigación que viene desarrollando la Audiencia Nacional sobre los sobornos y comisiones pagados por la empresa de seguridad y defensa Defex, propiedad del Estado en un 51% -el otro 49% era controlado por empresas del sector- en contratos de venta de armas a países como la propia Arabia Saudí. Estas investigaciones cuentan ya, no obstante, con un largo recorrido en los tribunales españoles y en el que se ve envuelto un apellido controvertido de la historia contemporánea española, el de Paesa.

Fue el 16 de febrero de 2010 cuando la Fiscalía Especial Anticorrupción recibió una comisión rogatoria emitida por el Fiscal del Estado de Luxemburgo, desencadenando unas pesquisas que ya han llevado al procesamiento de hasta 27 personas. La Justicia del pequeño ducado había encontrado indicios de actividades irregulares en torno a unas operaciones comerciales en las que estaba envuelta Defex.

La denuncia del banco luxemburgués Dexia desencadenó las investigaciones sobre los contratos de Defex

La denuncia presentada por el banco Dexia Banque Internationale a Luxembourg, por sospechas de blanqueo de dinero, llevaban el foco de la sospecha hacia Juan Carlos Cueto Martín, vinculado a la empresa Comercial Cueto 92, y sus relaciones con la empresa pública Defex, en relación a la venta de equipamientos y medios de defensa a la policía de Angola, acordada el 12 de junio de 2008.

Cinco días después de la operación, valorada en 152,99 millones de euros, Comercial Cueto 92 y Defex constituyeron una unión temporal de empresas (UTE), repartida al 50%, en la que figuraba como administrador único Juan Carlos Cueto. Según los investigadores, solo un día después de su creación, la UTE firmaría un contrato con la entidad JTL Financial Management and Administration para la prestación de servicios de consultaría por un importe de 41,46 millones.

Ese mismo día, 18 de junio de 2008, JTL llegó a un acuerdo con JCB Consultancy para colaborar en la operación contratada por la UTE de Comercial Cueto y Defex. Por virtud de este acuerdo, JTL abonaría a JCB el 95% de los ingresos del contrato. Curiosamente, JCB no se constituiría hasta un mes después: lo haría el 17 de julio, en las Islas Vírgenes Británicas. Como beneficiario de la sociedad aparecía, precisamente Juan Carlos Cueto Martín, y la administradora de la misma era Beatriz García Paesa.

Pieza fundamental de la trama

Ésta, la sobrina del espía Fernando Paesa, representaba una "pieza fundamental", ya que, según las investigaciones, habría sido la responsable de urdir, desde su posición de abogada en Luxemburgo, toda la trama de sociedades cruzadas para desviar esos algo más de 41 millones de euros hacia distintos paraísos fiscales. Y, posteriormente, habría puesto en marcha una serie de negocios para repatriar esos fondos libres de toda sospecha.

Según el auto emitido por el juez De la Mata, García Paesa era la responsable de "implementar la estrategia acordada, diseñar y poner en marcha toda una estructura de sociedades, identificar y gestionar eficazmente todo un grupo de blanqueadores profesionales en Luxemburgo, supervisar la gestión de las sociedades, asumir directamente buena parte de la falsificación de facturas y documentos, y distribuir los fondos ilícitos obtenidos".

Por todo esto, García Paesa ya ingresó en prisión en julio de 2014, junto al expresidente de Defex, José Ignacio Encinas Charro. Meses después, no obstante, el juez Pablo Ruz -que por entonces instruía la causa- determinó su puesta en libertad, bajo fianza de 100.000 euros.

La Fiscalía considera que de la investigación se desprenden serios indicios de delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos fiscales, delitos de malversación de caudales públicos, de apropiación indebida, de blanqueo de capitales, de falsedad documental y de organización criminal. Según ésta, los acusados utilizaron sus relaciones con altos funcionarios angoleños "para crear un aparente contrato de suministro y poder sustraer de las arcas públicas" de Angola "una importante cantidad de dinero", estableciendo una serie de sobreprecios en el contrato.

El juez De la Mata considera que García Paesa gestionaba "un grupo de blanqueadores profesionales" para distribuir "los fondos ilícitos"

Así, el juez De la Mata detalla que el coste de ejecución del contrato en Angola "fue de algo más de 59 millones (el 38,6%) y el beneficio obtenido de casi 94 millones (61,3%)". Según el magistrado, los imputados destinaron a las empresas solo una parte del beneficio y el resto se dedicó tanto a pagar comisiones a autoridades y funcionarios públicos angoleños, como al beneficio propio de varios de ellos mediante una "estructura compleja" de empresas pantalla, lo que propició el desvió de un 33% del montante de la operación. Según el magistrado, se desvió un 33% del montante de la operación, algo más de 50 millones.

De todo esto, los investigadores imputan a los acusados, entre los que también se encuentran los exdirectivos de Defex Ángel María Larumbe Burgui y Manuel Iglesias Sarria, los delitos de corrupción en los negocios, blanqueo, cohecho y pertenencia a organización criminal. Y también se encuentran entre los investigados empleados de Deutsche Bank, CaixaBank y BNP Paribas, a los que el juez acusa de no haber aplicado "ningún procedimiento" para prevenir el blanqueo de capitales.

El millonario desvío de dinero del contrato angoleño fue la pista que llevó a los investigadores a descubrir toda una serie de movimientos sospechosos -hasta once contratos se encuentran bajo investigación- en torno a Defex, en países como Egipto, Brasil Camerún y Arabia Saudí, además de Angola, donde hay otros dos contratos bajo investigación por la aplicación de "brutales sobreprecios sobre el coste real de adquisición de las mercancías", según De la Mata.

La sucesión de escándalos supuso el fin de Defex. Pero las polémicas sobre la venta de armas siguen muy presentes.