Una enorme factura se presenta en España como la más clara muestra de los tormentos ocasionados por la crisis financiera de los últimos años. El rescate bancario ejecutado por el Gobierno de Mariano Rajoy a partir de 2012 supuso un quebranto de calado para las arcas públicas que, pese a promesas pasadas, nadie cuenta con recuperar en su totalidad. A lo sumo, a lo que se aspira es a aminorar esa factura. Y para ello al Estado solo le resta ya una bala: la venta de su participación en Bankia.
Sin embargo, la negativa dinámica en bolsa del banco que dirige José Ignacio Goirigolzarri en los últimos meses amenaza con reducir a la mínima expresión la capacidad del Gobierno español para exprimir el valor de su participación en la entidad, en la que controla algo más del 61% del capital a través del Frob. El descalabro del 38% que acumula el banco desde finales del pasado mes de enero, le ha llevado a cotizar en sus niveles más bajos desde el verano de 2016.
El revés encajado este lunes, cuando restó casi un 3% tras hacer públicas sus cuentas del tercer trimestre, ha reducido la capitalización de la entidad hasta los 8.388 millones de euros, muy lejos de los casi 12.000 millones de euros en que se situaba cuando el Estado realizó la última venta de un paquete de acciones de la entidad, en diciembre de 2017. Por entonces, las acciones que controlaba el Frob en la entidad estaban valoradas por encima de los 7.000 millones de euros. Y aún no estaba integrado BMN.
Hace un año, el Banco de España valoraba la participación del Estado en Bankia y BMN en casi 1.000 millones
Diez meses después de aquello, sin embargo, el valor de las acciones de titularidad pública se sitúa en los 5.143 millones de euros, apenas la mitad de en lo que las valoraba el Banco de España en un informe emitido hace un año, cuando el supervisor bancario nacional daba por perdidos 40.000 millones del rescate bancario. Y lo peor es que Bankia no encuentra la manera de detener su descalabro.
El pasado diciembre, cuando el Gobierno ejecutó la venta de un 7% del capital de Bankia, por el que ingresó 818 millones de euros, los analistas se mostraban confiados en que la reactivación de la privatización del banco -que llevaba detenida más de tres años- y el aumento del free float, el capital que circula libremente en el mercado, serían favorables para la evolución de la entidad. A inicios de año, el cierre de la integración de BMN era vista como una clara oportunidad para impulsar el negocio del banco público. Y, más adelante, el nuevo plan estratégico, presentado el pasado febrero, también fue considerado como un posible estímulo para la marcha de la entidad.
Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta y muy aciaga para Bankia. El banco que dirige Goirigolzarri se ha visto sacudido por una serie de incertidumbres que han hecho mella en el conjunto del sector financiero español y, en cierta medida, también en la banca europea.
Ya cuando el Gobierno de Pedro Sánchez lanzó la idea -luego descartada- de imponer un impuesto a la banca, la entidad pública fue señalada como la mayor damnificada si llegaba a implementarse la medida. Y en las últimas semanas, tras el polémico fallo del Tribunal Supremo -pendiente de revisión- que condena a los bancos a asumir el coste de determinados impuestos hipotecarios, Bankia pasó a ocupar un lugar destacado en los análisis sobre las entidades a las que más perjudicaría la decisión.
Y por si esto no fuera suficiente, como alerta Alantra, el banco cuenta con una elevada exposición a deuda soberana italiana, de hasta 5.700 millones de euros, que se ha visto muy golpeada por la tensión política entre el Ejecutivo de Roma y las autoridades europeas.
Un entorno nocivo
Pero si estas amenazas han generado sobresaltos nada despreciables para la entidad, el problema fundamental del banco sigue derivándose del escenario de tipos de interés en mínimos, que supone un lastre de consideración para una entidad con gran sensibilidad a la evolución del euribor. Bankia ha sido frecuentemente señalada como la gran beneficiaria del esperado repunte de los tipos de interés en la Eurozona.
Este escenario, no obstante, no ha llegado a materializarse aún -ni se le espera en el corto plazo-, obligando a Bankia a moverse en un entorno realmente adverso, que somete a una enorme presión sus márgenes de rentabilidad y pone en cuestión incluso la capacidad de alcanzar sus objetivos a medio plazo. "El mercado continúa sin dar credibilidad al cumplimiento del Plan Estratégico presentado en febrero", confirma la analista de Renta 4 Nuria Álvarez.
El propio director financiero de la entidad, Leopoldo Alvear, reconoció este lunes el contratiempo que ha supuesto el retraso en la subida de los tipos. "Es como si todo se hubiese retrasado doce meses", señaló.
La atonía de los tipos de interés pone en cuestión el plan estratégico del banco
Así, no parece tan sorprendente que el banco público sea a día de hoy uno de los peores bancos del año en el Ibex, con caídas que rozan el 30%, solo superadas por las de Sabadell.
Para el Estado, el castigo a Bankia supone también una dilación en los planes para acometer la privatización del banco, que según lo pactado con Bruselas debería cerrarse antes de 2019. Pese a las advertencias de distintos organismos para que el proceso no se retrase más de la cuenta, los trámites para alargar el proceso hasta que sea posible maximizar el valor de la acciones no deberían suponer un gran problema para el Ejecutivo.
Pero, sin duda, representan una adversidad para un erario público necesitado de fondos, en un escenario de progresiva desaceleración económica. Solo queda confiar en que lo peor quede pronto atrás y Bankia logre dar la vuelta a su suerte sobre el parqué. Aunque son ya muchas las veces en que esa esperanza ha quedado defraudada.
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