Las grandes eléctricas y las renovables se arriesgan a un hachazo de 530 millones

El Gobierno debe el próximo año la retribución que cobrarán del sistema eléctrico entre 2020 y 2025 tanto las grandes eléctricas y REE por sus redes de distribución y de transporte, como las compañías de energías renovables. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ya ha presentado formalmente su propuesta de cómo deberían quedar los pagos, y el resultado es un recorte conjunto de los pagos a las compañías de 530 millones de euros cada año: esto es, cerca de 3.200 millones durante el sexenio para el que se plantea la nueva retribución.

Lo de la CNMC sólo es una propuesta, y será el Ejecutivo el que decida finalmente la tasa de rentabilidad de estas actividades hasta 2025 (algo que, por cierto, no sucede en el resto de países europeos, en los que son los reguladores los que fijan las retribuciones de actividades reguladas del sistema eléctrica). Y la propuesta de la CNMC es la baja, pero menos que los primeros cálculos que presentó hace unos meses.

El supervisor presidido por José María Marín Quemada ha propuesto que la tasa de retribución de las actividades de distribución y de transporte eléctricos sea del 5,58%, lo que supone un recorte del 14% en relación a la tasa del 6,5% que cobran hasta ahora las eléctricas (distribuidoras) y REE (transporte). Y su proposición para las renovables, es que la rentabilidad de las energías limpias sea del 7,09%, un 5,5% menos que el 7,5% actualmente vigente.

La nueva guía de retribuciones que ha diseñado la CNMC supondría un recorte de los pagos que recibe REE por el transporte de electricidad en alta tensión de unos 80 millones cada año y un hachazo de 250 millones para las redes de distribución (las que llevan la electricidad hasta las casas), que en un 90% están controladas por las cinco grandes eléctricas –Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Viesgo- y el resto por otras 300 empresas de menor tamaño.

En el caso de las renovables, el recorte por el que apuesta la CNMC de la retribución que reciben para garantizarles una “rentabilidad razonable”, supondría una rebaja de los pagos de unos 200 millones de euros cada año, según confirman a El Independiente fuentes del sector conocedoras del impacto de las medidas.

La rentabilidad de todas estas actividades se establece de manera fija para un nuevo periodo regulatorio de seis año, así que el recorte total que deben afrontar los grupos en todo ese tiempo sería de 480 millones para REE, de 1.500 millones para las grandes eléctricas de distribución, y de unos 1.200 millones para los productores de energía.

La CNMC ha revisado los cálculos provisionales que manejaba hasta ahora y que contemplaban recortes aún mayores. En su anterior propuesta, presentada hace unos meses, el recorte a la distribución y al transporte era del 5,47% (frente al 5,58% de su nueva orientación) y el de las renovables oscilaba en una horquilla que contemplaba reducir la tasa incluso hasta 7,04% (la nueva propuesta es de casi el 7,1%).

No obstante, la principal novedad de la propuesta de la CNMC no es en sí misma la rebaja de la retribución, sino el cambio de metodología para calcularla. Los pagos se ligan actualmente a la rentabilidad del bono a 10 años que emite el Tesoro español más un diferencial de 200 puntos, y la CNMC propone una nueva metodología basada en el coste medio ponderado del capital (WACC en inglés), que es la que utilizan de manera generalizada los reguladores europeos y que ha sido bien acogida por las compañías afectadas.

La metodología es aplaudida, pero no el cálculo final. Las eléctricas han presentado informes de consultoras externas tratando de demostrar que es necesaria una retribución de las redes de distribución del 7% para garantizar las inversiones futuras y Red Eléctrica apostaba por que se situara entre 6,2% y el 6,4%.

La patronal de las cinco grandes eléctricas Aelec (antigua Unesa) considera que la propuesta de la CNMC "se aleja de los valores aprobados por los reguladores europeos y es insuficiente". Insuficiente porque se queda un 20% por debajo de las medias de países de nuestro entorno –según sus cálculos-, lo que dificultará abordar el “fuerte esfuerzo inversor en redes durante la próxima década” para afrontar la transición energética.