Por dos votos de diferencia. En esa distancia tan corta, la que separa la postura favorable de 15 magistrados frente a 13 contrarios en el Pleno del Tribunal Supremo a que sea el cliente el que pague el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) en la firma de hipotecas, se ha decidido lo que habría podido ser un duro golpe a la senda de consolidación fiscal del conjunto de las administraciones públicas.

Porque la resolución final del alto tribunal ha desactivado la posibilidad de que las comunidades autónomas tuvieran que desembolsar, aunque fuera temporalmente, hasta 5.000 millones de euros. Las consecuencias son hubieran sido muy relevantes: de haber tenido que efectuar esta devolución, el déficit agregado de las administraciones públicas habría aumentado proporcionalmente en medio punto porcentual, sobre el 2,7% del PIB previsto para este año, hasta sobre pasar el 3%.

Dicho de otro modo, la consolidación fiscal de España habría descarrilado y el país habría aplazado temporalmente su salida del procedimiento de déficit excesivo que se activa cuando el déficit supera ese 3% del PIB. Esto en la práctica hubiera supuesto seguir bajo el brazo correctivo de Bruselas y no poder entrar en un escenario de menores presiones sobre las cuentas nacionales.

¿Y por qué las comunidades autónomas? ¿Por qué el déficit público del conjunto de España? sencillamente porque el AJD es un impuesto cedido a las comunidades autónomas y debían ser estas las que deberían haber reingresado a los clientes el impuesto abonado en los años previos no prescritos.

Hacienda tenía un plan

Según los cálculos estimados por el Ministerio de Hacienda a partir de la información aportada por las propias comunidades autónomas, la cantidad podría ascender a esos 5.000 millones de euros tomando los últimos cuatro ejercicios. Una cantidad que posteriormente deberían recibir de las entidades financieras que formalizaron los préstamos hipotecarios con los contribuyentes. De ahí que el golpe fuera temporal.

Sin embargo, entre un paso y otro, Hacienda contaba con la existencia de un decalaje de duración indeterminada y que dejaría a las comunidades autónomas como las paganas de la decisión del Supremo hasta nuevo aviso.

Ante esta previsión, el departamento que dirige María Jesús Montero, había trazado un plan: asumiría el control de la situación para centralizar y coordinar todo el proceso para garantizar su agilidad y su homogeneidad en todo el territorio español.

Fuentes de Hacienda indicaban a El Independiente a primera hora de la tarde que, de confirmarse que la banca debía pagar el AJD con efecto retroactivo, entablaría conversaciones a dos bandas con comunidades autónomas y entidades financieras para encauzar el proceso.

Y para evitar males mayores, trasladaría todo tipo de explicaciones a Bruselas para que no tuviera en cuenta esta situación a la hora de valorar los esfuerzos de España para reducir su déficit público y consolidar el saneamiento fiscal.

Andalucía y Madrid, las más beneficiadas

Ahora que ya se conoce la resolución del Tribunal Supremo, las comunidades autónomas en las que más hipotecas se han firmado en los últimos cuatro años, hasta hoy las potencialmente más amenazadas por un fallo favorable a los clientes, son las que respiran más tranquilas.

Prácticamente la mitad de las hipotecas suscritas sobre viviendas desde octubre de 2014 se firmaron en Andalucía (214.740), la Comunidad de Madrid (201.266), Cataluña (180.900) y la Comunidad Valenciana (118.537).