Hacienda, en alerta para que la devolución del AJD no sume 5.000 millones al déficit

La  ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha admitido que el Gobierno lleva dos días "pegado a la radio", al igual que miles de contribuyentes, a la espera de que el Pleno del Tribunal Supremo unifique criterio y decida quién debe pagar el último extremo el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) en la firma de hipotecas.

Así lo ha admitido Montero, durante su intervención en el Foro Cinco Días poco antes de que el Supremo emita un veredicto en firme.

Tiene razones, y es que en el caso de que el alto tribunal decida que debe devolverse el impuesto a las familias que lo pagaron desde 2014, tomando como horizonte de retroactividad los últimos cuatro años, el coste será de 5.000 millones de euros, de acuerdo con las estimaciones que las comunidades autónomas están trasladando al Gobierno.

De producirse una resolución en esa dirección, las comunidades autónomas tendrían que devolver el impuesto a los contribuyentes (puesto que se trata de un tributo cedido) y esperar a que las entidades financieras les compensaran en la misma medida.

El Gobierno tiene un plan

No obstante, para ese tránsito, el Gobierno "tiene preparado el plan" para poder coordinar a las comunidades autónomas y a las entidades financieras, con la idea de que una situación temporal como esta no impacte en el déficit, según la ministra de Hacienda.

¿Cómo podría impactar? Si una vez que las comunidades autónomas hicieran el desembolso, las entidades financieras no les compensaran, las administraciones habrían pagado la decisión del Supremo de facto.

Por ello, el Gobierno prevé además mantener en conversaciones con Bruselas para que conozca los detalles de la situación y no la tenga en cuenta a la hora de valorar la senda de consolidación fiscal de España.

La salida del brazo correctivo, en riesgo

Es muy importante convencer a Bruselas de al neutralidad del eventual gasto para las Administaciones. Montero ha reiterado que "hay que hacer posible que la devolución coincida con la reclamación a las entidades, para que no la tengan que soportar las cuentas públicas" porque, "si fuera así, serían cinco décimas de PIB que pondría en riesgo la salida del procedimiento de déficit excesivo".

Es decir, que si esos 5.000 millones de euros se acabaran sumando al déficit público actual, España, que previsiblemente acabará el año con un saldo negativo del 2,7% del PIB, no podría cerrar el ejercicio por debajo del 3% que marcha Bruselas como condición para salir del brazo correctivo de la UE.