Hacienda no endurecerá las condiciones para que los autónomos tributen por módulos

Era una de las principales incógnitas a despejar dentro del marco presupuestario para el colectivo de los autónomos. Y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha referido a ello sin fisuras: el Gobierno no rebajará el límite de exclusión de los trabajadores por cuenta propia al régimen de módulos (o estimación objetiva) el próximo año prorrogando un año más el endurecimiento previsto en la Ley vigente y postergado durante los últimos tres años.

De no haber tomado esta decisión, los límites a partir de los cuales no se puede tributar en módulos bajarían de los 250.000 euros en el caso de rendimientos íntegros y compras de bienes y servicios a los 150.000 euros, y desde los 125.000 hasta los 75.000 euros, si se tiene en cuenta la facturación a otras empresas.

Se trata de una decisión que afecta directamente a medio millón de autónomos empleados en actividades como la fontanería, carpintería y otros oficios, o pequeños comercios; y que permite que, un año más, un mayor número de trabajadores por cuenta propia puedan tributar por una modalidad que les libera de importantes cargas formales respecto a la tributación por estimación directa en el IRPF o el IVA.

¿Qué diferencias implica?

De acuerdo con al regulación actual, los autónomos que tributan por módulos declaran sus ganancias en función, no de lo que ganan, sino a partir de una serie de mediciones objetivas en virtud de las características de los negocios o las plantillas.

Frente a esta modalidad, la estimación directa supone el pago de una cuota por IRPF que se determina teniendo en cuenta los registros contables reales, lo que hace más compleja la rendición de cuentas.

La herencia de Montoro

El problema con los límites incrementados de exclusión del régimen de módulos parte del año 2015, cuando el anterior Gobierno del PP trató de poner más difícil el acceso al mismo como una medida para poner coto al fraude fiscal en el seno del  colectivo. Con esta intención, se aplicó una rebaja inicial de 450.000 a 150.000 euros, que más tarde se matizó.

Fruto de este retoque se estableció un régimen transitorio para los dos años siguientes, en los que el límite general sería de 250.000 euros. Sin embargo, la previsión es que ya en 2018 esta cifra se fijara definitivamente en los 150.000 euros.