Los usuarios que contraten hipotecas a partir de ahora se exponen a un empeoramiento de las condiciones financieras. Es una de las principales consecuencias que acarreará la decisión del Gobierno de modificar el marco regulatorio para proteger al cliente frente a la banca, endosando a las entidades financieras el pago impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).
En las últimas tres semanas, a la espera de la reunión del Pleno, banqueros y altos directivos ya habían alertado de que un cambio de tal calibre en el mercado hipotecario tendría repercusiones en la oferta hipotecaria. La explicación es evidente: los bancos acabarán trasladando el incremento de costes a los usuarios. ¿Cómo? Encareciendo las hipotecas o subiendo las comisiones.
En contra del criterio del Tribunal Supremo, Pedro Sánchez ha anunciado este miércoles que el polémico tributo será soportado, íntegramente, por los bancos. "Los ciudadanos nunca más pagarán el impuesto; lo harán la banca", ha asegurado durante su comparecencia en La Moncloa.
El Alto Tribunal había decidido, apenas 12 horas antes, que fuesen los clientes los que siguiesen abonando esta tasa, dando marcha atrás al fallo del 18 de octubre, que suponía un cambio en la jurisprudencia anterior, al determinar que las entidades debían abonar el importe. A partir de la aprobación de la medida, que tendrá forma de decreto ley, los bancos empezarán a asumir el pago. Eso sí, la medida no será retroactiva, por lo que los usuarios ya hipotecados no podrán reclamar.
Tras dos semanas de tiras y aflojas en el seno del Alto Tribunal, con 15 votos a favor y 13 en contra, la banca se salvó de tener que hacer frente a este impuesto y, más importante, evitó tener que pagarlo con carácter retroactivo, lo que le hubiese costado al sector hasta 29.000 millones, según estimaciones de Gestha. Sin embargo, no se salva de abonar este cargo en las nuevas hipotecas que se constituyan.
La banca trasladará el coste a los clientes, ya sea subiendo el precio de las hipotecas o elevando las comisiones, dice Moody's
La factura que asumirá la banca varía según los cálculos efectuados hasta el momento por los distintos analistas. Por ejemplo, según Moody's, el impacto anual ascenderá a 640 millones. Otros expertos elevan la factura por encima de los 1.000 millones. Este es el caso de los técnicos del Ministerio de Hacienda, cuya asociación Gestha calcula que los firmantes de hipotecas ahorrarán cada año más de 1.100 millones de euros al eludir el pago del impuesto de actos jurídicos documentados.
Gestha calcula que cada año se firman 457.590 hipotecas en España, con un pago medio en concepto de impuesto de AJD de 2.500 euros, lo que eleva el total a 1.147 millones. Consciente de que la banca ya ha confesado su intención de trasladar costes, los técnicos de Hacienda han pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que vigile a las entidades, para que no repercutan a los usuarios de forma lineal el pago de tributo.
Impacto limitado
El golpe, en cualquier caso, es manejable para el sector, dado que tiene capacidad para trasladar el sobrecoste al precio de las hipotecas. "Esperamos que tenga un impacto limitado en la rentabilidad de los bancos porque tienen varias vías para trasladar los costes adicionales a los clientes, ya sea mediante el aumento de los diferenciales del préstamo o elevando las comisiones", sostiene la agencia de ráting.
Los bancos señalan que las decisiones sobre su oferta hipotecaria dependerán de las dinámicas comerciales, ya que la competencia en el sector financiero es elevada. El sentir del sector financiero es que la competencia determinará el precio de los préstamos, pero bajo ningún concepto las entidades concederán hipotecas que no sean rentables.
José Antonio Álvarez, consejero delegado de Santander, aseguró que el sector "acatará la ley, pero se encarecerá el coste de las hipotecas para los bancos”. En este sentido advirtió: “Tendremos un mayor coste para dar hipotecas y las dinámicas comerciales marcarán qué parte se traslada al cliente. Cuando se presta a 25 años no se puede estar sujeto a cambios. Cuando hay riesgos se traslada a la capacidad de hacer negocio en volumen y precio”. “Pondremos el precio que consideremos como hacemos con otros contratos”, añadió.
Por su parte, María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, señaló recientemente que se intentará no repercutir todo el coste sobre el cliente, pero una buena parte sí se distribuirá sobre la vida media del préstamo, que es de unos 12 años. “No podemos dar hipotecas que no sean rentables, no se puede vender por debajo del coste”, precisó durante la presentación de resultados del tercer trimestre.
El consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, también sugirió la necesidad de ajustar los precios si cambiaban las reglas del juego. "Tendremos que tener en cuenta todos los costes de una hipoteca porque si no lo hacemos, los supervisores nos dirán que no hacemos una política prudente de concesión de créditos", señaló en la presentación de cuentas del banco.
Los primeros espadas de Bankia y Sabadell fueron más prudentes, subrayando que las dinámicas comerciales de competencia son las que determinarán el precio de los préstamos. “Se trasladará el coste final, pero no tiene por qué afectar a los clientes porque se diluirá en un entorno competitivo”, explicó Jaime Guardiola, consejero de Sabadell.
Por su parte, su homólogo en Bankia, José Sevilla, cuestionó cambios en un mercado que funciona bien.“El sistema hipotecario en España ha dado acceso a la inmensa mayoría de la población española con los costes más bajos de Europa”,recordó.
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