Los gigantes VTC duplican sus licencias en España en un año en plena guerra con el taxi

El sector de vehículos de alquiler con conductor (VTC) no deja de crecer en España. Los tribunales siguen concediendo nuevas licencias para coches que dan servicio a plataformas como Uber o Cabify. Tantas como para duplicar en sólo un año el tamaño del parque de permisos oficiales, en pleno choque frontal con el sector del taxi por la regulación de ambos negocios.

En España están operativas actualmente un total de 12.463 licencias VTC, según los últimos datos del registro del Ministerio de Fomento. El sector consigue así doblar los 6.207 permisos con que contaba el sector a principios de noviembre de 2017, un año en que las movilizaciones de VTC y taxis se han ido alternando en las calles para presionar al Gobierno.

Actualmente la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) mantiene como límite para otorgar nuevas licencias VTC la ratio 1/30: una licencia VTC por cada 30 de taxi. Sin embargo, esa cota de casi 12.500 permisos de vehículos con conductor está más cerca de una ratio 1/5, dado que en el mercado español hay un total de 65.781 taxis en activo. La proporción oficial obligaría a restringir a menos de 2.200 el número de total de VTC, algo que parece muy complicado por las indemnizaciones que tendría que afrontar el erario público en caso de tomar tal medida.

Madrid y Barcelona son los grandes mercados del VTC, y concentran en torno a dos tercios del total nacional. Madrid cuenta con un total de 6.252 permisos de vehículos con conductor y la Ciudad Condal concentra un total de 2.036 (la práctica totalidad de las activas en toda Cataluña, con 2.171 en la región).

Un año de batalla

Pese a que llevaba tiempo latente, el conflicto entre el taxi y los operadores VTC se desató este verano, después de que los taxistas convocaran una huelga para exigir al Gobierno un cambio en la normativa y unos mayores controles a su primera competencia real.

Esos paros, en los que hubo enfrentamientos y que dejaron casi 100 vehículos VTC destrozados así como tres conductores hospitalizados, fueron la piedra sobre la que el taxi construyó su estrategia de presión sobre el todavía tierno Ejecutivo socialista, que acababa de llegar al poder.

La última chispa, la que dinamitó de verdad el conflicto, la puso Ada Colau, al aprobar en Barcelona una normativa que imponía la doble licencia para trabajar en el Área Metropolitana de Barcelona. Esa segunda licencia, que además debía concederla el Instituto Metropolitano del Taxi, servía para que el consistorio de la Ciudad Condal controlara a su antojo el número de coches de Uber y Cabify. Fue un triunfo para el taxi que, además, marcó tendencia en el conflicto.

El problema es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) paralizó esta normativa al considerarla contraria a la Competencia. El decreto duró menos de dos semanas. La decisión del tribunal catalán levanto las iras del sector más movilizado del taxi, que bloqueó el Paseo de la Castellana de Madrid y la Gran Vía de Barcelona bajo la promesa de permanecer allí hasta que Fomento transfiriera las competencias en materia de gestión VTC a los Ayuntamientos.

Decepción en ambos frentes

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, decidió lavarse las manos y confió la negociación al secretario de Estado de Transporte, Pedro Saura, que tuvo que lidiar con los representantes del taxi y los de Unauto, la patronal que engloba a Uber y Cabify. Pese a la promesa de encontrar un punto común, la presión del taxi en las calles terminó por ser efectiva y consiguieron su principal aspiración: la promesa del Ejecutivo de que las competencias para conceder licencias VTC pasarían a las Administraciones Locales de manera efectiva.

El Real Decreto Ley que hacía realidad esta promesa se aprobó en el último Consejo de Ministros del mes de septiembre, fecha en la que cumplía el plazo dado por el taxi antes de volver a ocupar las calles de las ciudades españolas. De nuevo, y a priori, otra victoria para el taxi.

Sin embargo, la letra pequeña de esta normativa no contentó a ninguno de los dos frentes. Fomento decidió establecer un plazo de cuatro años antes de conceder de forma efectiva las competencias a los ayuntamientos, dando así tiempo a Uber o Cabify para decidir su futuro y aplacando a los taxistas, cada vez más movilizados.

La situación actual es, por tanto, prácticamente la misma que antes de que se recrudeciera el conflicto. Uber y Cabify seguirán operando durante al menos cuatro años, el número de licencias VTC seguirá creciendo vía tribunales y los taxistas seguirán denunciando que su competencia no cumple las normas.

El movimiento de Fomento ha permitido a Ábalos ganar tiempo, postergar el momento en el que haya que tomar una decisión firme y decidir qué hacer con el conflicto del taxi. Ese punto llegará, pero será dentro de cuatro años.