El Gobierno ha aprobado esta mañana en Consejo de Ministros el real decreto ley de reforma del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (AJD) para que los bancos sean quienes finalmente abonen el impuesto de AJD en las hipotecas, ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación Isabel Celaá, tal como adelantó el miércoles Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Paralelamente, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha detallado la creación de una Autoridad Independiente para evitar que los bancos trasladen a los clientes el polémico impuesto.
El Gobierno "velará para que no haya traslado de costes a los clientes y que no se incorporen cláusulas abusivas, por eso trabajamos en paralelo en la creación de una Autoridad en defensa de los clientes financieros", ha señalado Montero. Ha puntualizado que el gasto no será deducible.
El Gobierno tramitará la nueva ley hipotecaria con carácter de urgencia para evitar pagar más sanciones a Europa
Esta nueva Autoridad Independiente, que estará disponible en unas semanas y presentará Nadia Calviño, ministra de Economía, defenderá "los derecho de los consumidores y evitará potenciales abusos", ha indicado Montero.
Celaá indicó que con este real decreto que modifica el sujeto pasivo del impuesto de AJD, que entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), afirma "con toda contundencia y toda claridad" que este impuesto lo pagará el banco.
Así, las entidades financieras harán frente a este impuesto, en contra del fallo del Tribunal Supremo, que había ratificado que fuesen los clientes quienes siguiesen asumiendo este gasto, como vienen siendo desde hace más de 20 años.
Por otro lado, Celaá ha anunciado que la ley hipotecaria se tramitará con carácter de urgencia. "El anterior Gobierno presentó un proyecto de Ley muy importante que se refiere a una directiva de 2014 y no queremos pagar muchas multas por incumplimienmto de la directiva", ha señalado. Por eso, el Gobierno "solicita que la regulación de este proyecto de ley, que ahora está en el Congreso y ha de pasar al Senado, se tramite con carácter de urgencia en 20 días, en lugar de en dos meses".
Según afirmó la portavoz del Gobierno, antes de producirse la "controvertida" sentencia del Supremo, que modificó a su vez su propia jurisprudencia en otra sentencia de mediados de octubre que obligaba a pagar a los bancos, el Gobierno ya había trasladado su interés de cumplir con su capacidad ejecutiva en defensa del interés general y en coordinación con las comunidades autónomas.
"El Gobierno muestra una vez más su responsabilidad y la rapidez en su actuación y en el momento de estar junto a la resolución de problemas de los ciudadanos, ya que es un tema que afecta a millones de personas (...). El Gobierno ha demostrado su responsabilidad y su rapidez en su respuesta actuando en 24 horas", subrayó la ministra. Y es que la compra de vivienda es una cuestión en la que millones de personas "ponen la ilusión de su vida, es un proyecto vital".
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