La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en un acto junto al presidente de la CEOE, Juan Rosell.
El contrato de apoyo emprendedores que introdujo la reforma laboral de 2012, una medida estrella para el Gobierno del PP y una peligrosa manera de avanzar hacia el despido libre para la izquierda y los sindicatos, tiene los días contados. Pero no porque se vaya a suprimir de forma inminente, como dicta su regulación una vez la tasa de paro ha caído del 15%, sino porque Trabajo planea sustituirlo por una nueva modalidad que refuerce los derechos del trabajador y facilite la contratación indefinida por parte de pequeñas empresas y autónomos.
El Ministerio de Empleo, entonces capitaneado por Fátima Báñez 'vendió' esta nueva modalidad como una incentivo a la contratación de jóvenes, puesto que era un contrato fijo de inicio para menores de 30 años a cambio de ventajas fiscales para las empresas; sin embargo, incluía un período de prueba de un año, en lugar de los seis meses hasta entonces habituales, tras el cuál, si no se superaba, el trabajador se iría a su casa sin derecho a indemnización.
Esto, a ojos de los sindicatos, era nada más y nada menos que una puerta abierta al despido libre o, como al menos indican fuentes del actual Ministerio de Trabajo, "un contrato temporal encubierto y sin causa".
Además, los incentivos fiscales una vez el contrato indefinido echaba a andar eran jugosos, pero sometidos a duros condicionantes para las empresas, lo que desincentivó su uso, como llegó a manifestar la CEOE y se observó en el recorte del Presupuesto del Estado para pagar estos incentivos en el año 2018.
A grandes rasgos, por el primer trabajador contratado por la empresa menor de 30 años, esta tenía derecho a una deducción de 3.000 euros de la cuota íntegra del período impositivo correspondiente a la finalización del período de prueba. Asimismo, se beneficiaba de bonificaciones en las cuotas sociales de 1.000 euros el primer año; 1.100 euros el segundo y 1.200 el tercero, si el contratado era un joven de entre 16 y 30 años; y de entre 1.300 y 1.500 euros, al año si era una persona mayor de 45 años.
A cambio, la empresa debía mantener el puesto de trabajo durante al menos tres años y el nivel de empleo alcanzado con él durante al menos uno.
De resultas, un dato que nunca llegó a poner el anterior Gobierno sobre la mesa, pero sí el actual, muestra que solo el 50% de los contratos de apoyo a emprendedores, que no llegan al 10% de los fijos suscritos desde 2012, acabó convirtiéndose en un indefinido transcurrido el año de prueba.
Solo hasta que el paro bajara del 15%
Sea como fuere, el Ministerio de Empleo del PP planeó su vigencia hasta que la tasa de paro bajara del 15%, dando por hecho que ese hito marcaría, si no de forma completa, al menos parcialmente, la salida de la crisis. Mientras tanto, el contrato de apoyo a emprendedores estaría llamado a ser un importante incentivo a la contratación indefinida de jóvenes en desempleo.
Seis años después, el momento ha llegado: en el tercer trimestre del año la tasa de paro se situó en el 14,55% y esto obliga ahora al Ministerio de Trabajo a suprimir el contrato en cuestión.
Sin embargo, el departamento que dirige Magdalena Valerio ha decidido no actuar de manera unilateral y dar carpetazo al contrato de apoyo a emprendedores, pese a que su propia formulación se lo permitiría legalmente y, más aún, cuando considera que los resultados obtenidos no han sido satisfactorios.
En su opinión, esta modalidad ha introducido más disfunciones que incentivos a la contratación indefinida, pero aún así Trabajo ha optado por no suprimirlo de momento y plantear su transición en el corto plazo hacia otro nuevo contrato a definir en el seno del diálogo social y con las comunidades autónomas.
Y es que, aunque la tasa de paro ya se sitúa por debajo del 15% por primera vez desde el cuarto trimestre de 2008, el mercado laboral aún tiene más de medio millón de ocupados menos que entonces y tiene que mejorar en términos de calidad del empleo. En conclusión, es preciso seguir con los estímulos a la contratación indefinida y no renunciar a ninguno sin tener una alternativa.
Es por ello que, además de por cuestiones prácticas, para no interrumpir de forma abrupta el desarrollo de las contrataciones en plena recuperación económica, el Ministerio de Trabajo ha decidido mantener más tiempo el contrato de apoyo a emprendedores y darse margen para acordar con patronal, sindicatos y comunidades autónomas (ejecutoras últimas de las políticas activas de empleo, como este tipo de contratos bonificados), una nueva modalidad que corrija el contrato de apoyo a emprendedores y que incentive la contratación indefinida allí donde más falta hace.
¿Cómo será el nuevo contrato?
El Gobierno quiere acordar en el plazo más breve posible la sustitución de este contrato por otro que también persiga incentivar la contratación indefinida de jóvenes, pero, tal y como describió la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, tras la rueda de prensa para presentar los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social de octubre, con un carácter "más garantista y equilibrado".
La modalidad contractual que suplirá al contrato de apoyo a emprendedores aún está por definir, pero en Trabajo tienen claros algunos principios que debería cumplir. En primer lugar, no habrá despido sin indemnización y seguirá estando enfocado a fomentar la contratación indefinida (la principal disfunción que trabajo achaca al contrato del PP) para dar continuidad a los buenos resultados cosechados por el Plan Director en este ámbito.
Por otro lado, Trabajo piensa en un nuevo contrato bonificado. Es decir, que los empleadores se beneficiarán de una rebaja de cuotas, pero sin cargar el coste sobre las espaldas de la Seguridad Social, pues estas bonificaciones las paga en última instancia el Servicio Público de Empleo (SEPE) mediante transferencia a la Seguridad Social.
Y lo más importante, Trabajo quiere abrir el abanico de posibilidades para poder beneficiarse de este tipo de bonificaciones, empezando por no circunscribirlas a empresas de hasta 50 trabajadores como hasta ahora, sino a negocios más pequeños.
En su opinión, más que empresas de varias decenas de empleados, son los negocios más modestos, las empresas con pocos empleados y, según especifican fuentes del departamento, los autónomos que quieran contratar, los que necesitan más ayudas a la contratación indefinida.
De esta forma, el Gobierno estaría abriendo la puerta a reducir el pago de cotizaciones en el caso de los autónomos societarios, afectados por la subida de las bases mínimas de cotización consecuencia del incremento del salario mínimo inteprofesional (SMI) hasta los 900 euros mensuales a partir de 2019.
La cuestión ya está sobre la mesa del diálogo social y el Gobierno confía en alcanzar un acuerdo pronto. Mientras tanto, las oficinas de empleo seguirán registrando contratos de apoyo a emprendedores, pese a las críticas de Trabajo a esta modalidad.