El Pacto de Toledo estudiará un sistema de pensiones privado que restaría cuota a la banca

La comisión permanente del Pacto de Toledo se ha adentrado otra vez en un terreno espinoso, uno que afecta directamente a los intereses del sector bancario.

En pleno debate sobre la recomendación 16, la que tiene que ver con los sistemas de ahorro complementarios, los grupos han tomado este martes en consideración una propuesta del PNV que, en términos generales, apuesta por extender a toda España el modelo vasco de entidades de previsión social complementaria, las conocidas como EPSV.

Se trata de entidades que gestionan el ahorro privado procedente de las empresas de acuerdo con sus trabajadores, moviendo las aportaciones en los mercados financieros para obtener una rentabilidad.

La peculiaridad es que se trata de entidades sin ánimo de lucro, a diferencia de la banca, que actualmente tiene parte de su negocio en estos planes de pensiones de empresa.

¿Qué propone el PNV?

Lo que propone el grupo vasco es actuar sobre el segundo pilar de la previsión social, el que tiene que ver con los planes de empresa --el primero es el sistema público y el tercer los planes individuales--, separándolo claramente del tercero.

La formulación que PNV ha puesto sobre la mesa de la comisión en principio no habría obtenido un no rotundo por parte de los grupos parlamentarios, a excepción de Podemos, que quiere que el Pacto de Toledo no potencie ningún tipo de sistema de ahorro privado sin que se lleve a cabo un trabajo previo para elevar salarios.

El ejemplo que se está tomando el Pacto de Toledo es la entidad Geroa, en la que tienen participación empresarios y sindicatos, y que el año 2017 obtuvo rentabilidades cercanas al 10%.

A partir de ahí, lo que se plantea es la creación de entidades autogestionadas y sin ánimo de lucro, en las que tengan cabida los agentes sociales (lejos del papel que desarrollan los bancos en el desarrollo de los planes privados de pensiones) para gestionar ahorro privado pero con "criterios sociales", según el portavoz de PNV, Íñigo Barandarián.

La cuestión plantea un problema y es que sería necesario reformar la actual Ley de planes y fondos de pensiones, que actualmente no contempla este tipo de entidades.

En su funcionamiento, estas entidades deberán establecer umbrales mínimos y máximos para las aportaciones, todo con la posibilidad de introducir incentivos fiscales como en todo sistema de ahorro privado y elementos de solidaridad a concretar, como ocurre en los sistemas públicos.

Por último, la propuesta de PNV también contempla que estas entidades estén controladas por los poderes públicos para velar por su rentabilidad y responsabilidad en las inversiones.

El PSOE no ve mal la propuesta

Podemos considera que experiencias como las de Geroa son "interesantes", pero cree que no toca hablar ahora de estas cuestiones y que además trasladar este tipo de modelo a toda España plantea problemas puesto que el tejido empresarial español se compone fundamentalmente de pymes, algo muy diferente a las potentes empresas vascas.

Por su parte, el PSOE asegura no ver con malos ojos la extensión del modelo de las EPSV, pero siempre que se distinga bien entre entidades con y sin ánimo de lucro.  No obstante, también plantea la necesidad de analizar bien qué retorno tiene para la sociedad un mecanismo así. Y, como Podemos, también se muestra partidaria de no entrar de momento en el debate sobre el tercer pilar.

Además, por cuento este sistema se incardina en el segundo pilar, el PSOE plantea también que será necesario que estas cuestiones se vean en el diálogo social, ya que todo lo que tiene que ver con planes de empresa debe dirimirse en el seno de la negociación colectiva.

Planes individuales y....públicos

Por su parte, tanto Ciudadanos como PP previsiblemente llevarán a las próximas reuniones del Pacto de Toledo su propia propuesta para desarrollar el conocido como tercer pilar del sistema de protección, que es el que corresponde a planes de ahorro privado e individual.

Al respecto, Ciudadanos ha dado un paso arriesgado. Según ha indicado su portavoz en la comisión, Sergio del Campo, ha pedido a la Tesorería General de la Seguridad Social que valore la viabilidad económica de establecer planes públicos de pensiones, complementarios al sistema actual, para dar la oportunidad a los trabajadores a contar con cuentas propias en las que depositar ahorro sobrante para que lo gestione la propia administración.

Esta modalidad, que bien podría ser un caballo de Troya para la implantación de la conocida como 'mochila austríaca', serviría, a juicio de Ciudadanos, para dotar de mayor liquidez a corto plazo al sistema de pensiones y para dar más fiabilidad a los sistemas de ahorro privado para la pensión.

Con este planteamiento, Ciudadanos se ha encontrado tanto con el muro del PSOE como el de Podemos y, aunque PDeCAT se ha mostrado a favor de debatir la idea, se ha mostrado más favorable de establecer planes cuasi obligatorios de pensiones en las empresas para incentivar el ahorro complementario a la pensión pública, un modelo que ya funciona con éxito en Reino Unido. Como ha reconocido el propio portavoz de PDeCAT, Carles Campuzano, se ha quedado solo en su propuesta.

700 millones de coste en incentivos

Por otro lado, el Pacto de Toledo también ha solicitado, a instancias del grupo ERC, cifras sobre el gasto que supone para el Estado los actuales incentivos fiscales a los plan es de ahorro privado.

Según ha trasladado la Tesorería General de la Seguridad Social, la cifras asciende a 700 millones de euros anuales, cantidad que, no obstante, se recupera a la larga en el momento en el que los beneficiarios de los diferentes planes rescatan dicho ahorro, ya sea mediante el pago de una penalización o vía IRPF.