El Gobierno de Pedro Sánchez quiere poner a España a la cabeza de la lucha contra el cambio climático y del impulso de las energías renovables. El Ejecutivo va más allá de los objetivos que se ha marcado la Unión Europa y apuesta por llegar a 2030 con un 35% de renovables en el consumo de energía final y un 70% de generación renovable en el sector eléctrico, al tiempo que se marca un sistema eléctrico 100% renovable en 2050.
En su propuesta de anteproyecto de Ley de Cambio Climático se anticipa que se desarrollarán medidas para fomentar el desarrollo de esas nuevas energías renovables para alcanzar los objetivos marcados. Se convocarán cada año subastas ¡de nueva potencia renovable con algún tipo de garantía pública aún pendiente de determinar, se diseñarán sistemas de apoyo a nuevas instalaciones renovables…
Según las estimaciones del Ministerio para la Transición Ecológica, España tendrá que afrontar la instalación de nuevas renovables con una potencia de entre 50.000 y 60.000 megavatios (MW) hasta 2030, a razón de entre 5.000 y 6.000 MW cada año durante una década.
El Gobierno se compromete a desarrollar entre 2020 y 2030 subastas anuales por un mínimo de 3.000 MW de potencia cada año, la mitad de lo que considera necesario para alcanzar los objetivos verdes del país. Unas subastas que, a falta de concretar su funcionamiento, contendrán algún tipo de respaldo público; no ayudas directas, sino previsiblemente la fijación de un precio mínimo de venta de la electricidad garantizado (muy bajo en relación a la cotización media del mercado mayorista).
En el borrador de anteproyecto de Ley de Cambio Climático se da la potestad al Gobierno para crear “nuevos instrumentos para el fomento” de la generación con renovables con el que se repartirán incentivos “con criterios de apoyo a la innovación tecnológica y gestionabilidad, cohesión social y territorial y transición justa hacia la descarbonización”.
El Ministerio de Teresa Ribera garantiza que la producción de energía eléctrica tendrá “prioridad en el acceso y conexión” a las redes de transporte y distribución del sistema eléctrico y reconoce la “primacía en la instalación” de plantas renovables frente a otros tipos de tecnología.
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