Labores de descarga de carbón.
El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por Teresa Ribera, insiste en que entre sus funciones está la de mandar señales a eso que se llama mercado: inversores, empresas… Señales de hacia dónde dirigir sus esfuerzos, de hacia dónde enfocar su inversión, de hacia dónde se va al futuro. Lo de las señales se ha convertido en uno de los mantras.
El Gobierno se ha comprometido a impulsar la transición energética con la que se sustituirán las energías que emiten CO2 y propician el cambio climático por energías verdes. El objetivo pasa por que en 2030 el 35% de la energía consumida en España sea renovable y que el 70% de la generación eléctrica también sea limpia. Y llegar a 2050 con un sistema 100% renovable.
Y para conseguirlo… se mandan señales. Unas en positivo: el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende impulsar la instalación de nuevas renovables en España con subastas de nueva potencia cada año, con incentivos a la innovación y a la descarbonización… Otras señales son en negativo: se van a acabar los subsidios y el respaldo público a las energías fósiles.
Según se recoge en el borrador de anteproyecto de Ley de Cambio Climático, el Gobierno propone que desde la entrada en vigor de la norma –en principio, en algún momento de 2019- quede prohibida la creación de “nuevos subsidios u otros incentivos económicos” que favorezcan el consumo de combustibles fósiles. No se podrán crear nuevas ayudas para petróleo y sus derivados, ni para gas natural ni carbón.
Además, el Ministerio de Hacienda, en colaboración con el de Transición Ecológica, tendrá un año de plazo para realizar un informe que analice el régimen fiscal aplicable a los combustibles fósiles y para identificar las ayudas y medidas vigentes que favorecen su consumo. El informe incluirá una propuesta de calendario para revisar la fiscalidad y decidir si se mantiene.
Las ayudas actuales en el punto de mira comprende un catálogo variopinto, desde los subsidios y ayudas varias para utilizar carbón y gas natural para producir electricidad, a los descuentos fiscales para el consumo de diésel por parte del sector del transporte.
En paralelo, el Gobierno de Pedro Sánchez propone a los grupos parlamentarios prohibir que la Administración General del Estado y el conjunto de organismo y entidades del sector público estatal realicen nuevas inversiones directas o indirectas en participaciones accionariales o en instrumentos financieros de cualquier clase en empresas o entidades que se dediquen a la “explotación, extracción, refinado o procesado de combustibles fósiles”.
En este caso, el Ministerio de Economía y el de Transición Ecológica se dan dos años para estudiar cuáles son las participaciones industriales en empresas de combustibles fósiles y establecer un calendario para desprenderse de esos paquetes accionariales o instrumentos financieros en estas compañías.