La España de la recuperación se escribe en clave de paradoja. Mayores tasas de crecimiento han dado lugar, por ejemplo, a mayores niveles de empleo precario y a menores tasas de avance de la productividad que para los ciudadanos de a pie son difíciles de explicar.

Pero aún más complejo de entender es un efecto que recoge la oficina estadística de la UE en un reciente informe: España está a la cola de los países del entorno en lo que se refiere a ritmo de reducción de la población en riesgo de pobreza y, más aún, ha frenado esta absorción desde el año 2014, en plena recuperación.

Se trata de la extraña cruz de una moneda, de la que se vende sobre todo la cara: que el crecimiento real de la economía española supera la media de la UE y sobrepasa con creces las tasas que presentan las principales economías de la UE. Dicho de otro modo, España ejerce a día de hoy de locomotora económica pese a las evidencias de desaceleración.

Sin embargo, y pese a que los sucesivos Gobiernos se esfuerzan en presentar cada Presupuesto anual como el más social, el ritmo de reducción de la pobreza se ralentiza.

No obstante, esta afirmación merece una serie de matices. En primer lugar, lo que mide Eurostat es el porcentaje de reducción de la población en riesgo de pobreza, cuyo umbral se sitúa en el 60% del salario mediano. Más concretamente, mide la reducción de esta magnitud por efecto de las transferencias sociales desde el sector público.

En este punto, define como transferencias sociales (y excluye de ellas las pensiones) las prestaciones por desempleo,  enfermedad o invalidez; ayudas varias a familias y, especialmente, para la educación o la vivienda; y también la asistencia social.

El resultado de la puesta en marcha de este conjunto de partidas ha hecho que en España se haya pasado de un ritmo de absorción del 16,8% en 2007 al 23,9% en 2017. Sin embargo, mientras que en los años más duros de la crisis, esta ratio superó el 30%, no ha dejado de caer desde 2014, ejercicio que marca el inicio de la recuperación.

Ese año, la reducción de personas en riesgo de pobreza fue del 28,6%, unos cinco puntos porcentuales superior a la última medición, del pasado año.

Por un lado, no se trata de un hecho aislado. Esta misma circunstancia se ha producido en toda la UE, aunque con menor intensidad. De hecho, el promedio de la Unión se ha mantenido entre porcentajes del 32,4% y el 37,7% desde el inicio de la crisis, con una retroceso de alrededor de 2,5 puntos entre 2014 y 2017.

Sin embargo, lo que llama la atención es que España, que mantiene un porcentaje de personas en riesgo de pobreza del 26,6%, superior al de las principales economías, se encuentre a la cola de los países en los que mayor ritmo de absorción se han registrado en el último año.

Cae el gasto en transferencias sociales

Cabe pensar que España está destinando durante la recuperación menores recursos para esas transferencias sociales. Y la respuesta no es fácil, para empezar porque economistas consultados plantean de entrada que las transferencias sociales no son un concepto presupuestario, es decir, no tienen una consignación en el Presupuesto como tal. En todo caso se trata de una cuestión que se circunscribe dentro de lo que se llama Contabilidad Nacional, es decir, las cuentas reales de la Administración.

Esto complica la medición porque las estadísticas disponibles no aúnan todas las transferencias que contabiliza Eurostat en una sola cifra. Una aproximación podría ser la que ofrece el epígrafe de Servicios Sociales y Promoción Social del Presupuesto consolidado del Estado. Pues bien, las estadísticas muestran que su cuantía ha descendido entre los años 2013 y 2017 de los 2.845 millones de euros a los 2.408 millones.

Expertos consultados se remiten, sin embargo, a las conocidas como prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie, dentro del Presupuesto de la Seguridad Social. En este caso, la cifra no decrece, al pasar de los 3.344 millones de euros a los 3.815 millones en esos mismos años.

Sin embargo, lejos de estas cifras, se encuentran las transferencias en especie, que copan buena parte del total según otras fuentes, y que son distribuidas por las comunidades autónomas, al igual que lo que tiene que ver con asistencia social. Es decir, que buena parte del grueso de las ayudas a las que apunta la UE están en manos de unas comunidades autónomas que siguen sufriendo aún el azote de la crisis financiera.

Por otro lado, aunque se tuviera una cifra cierta, una posible explicación podría radicar en la propia eficacia de los esfuerzos económicos destinados por los distintos niveles de la Administración a las familias. Más aún porque hay otro dato a tener en cuenta, y es el propio salario mediano, que en España ha caído durante la crisis, lo que debería provocar por si mismo una caída estadística del número de personas en riesgo de pobreza.