Algo huele a podrido en el Pacto de Toledo: Arrecian críticas por su politización

"Ser o no ser, esta es la cuestión", decía Hamlet en el drama de William Shakespeare. Y "algo huele a podrido en Dinamarca", decía su leal Marcelo. Y un poco de todo eso tiene la actual situación de las pensiones en España.

Algo de cuestionarse de qué forma puede ser viable (si puede ser o no) el actual sistema contributivo; algo de traición, en tanto que la han sentido los pensionistas a los que se ha subido durante años el 0,25% tras décadas de religiosa cotización; y algo de dramatización. Eso mientras la Unión Europea y el pensionista de turno esperan que España haga eso, algo, en materia de pensiones.

Porque de eso se acusa en algunos ámbitos a la comisión del Pacto de Toledo: de dramatización y también de politización. La que otrora fuera el adalid del consenso democrático y la salvaguarda del Estado del Bienestar hoy se encuentra cuestionada. Algo huele a podrido en el Pacto, vienen a pensar desde analistas que han desfilado ante sus portavoces, hasta organismos internacionales como la OCDE.

Algunos de los expertos que han comparecido en el último año ante la comisión permanente del Pacto de Toledo para aportar ideas sobre qué hacer con el maltrecho sistema público de pensiones coinciden en que, tras horas de comparecencia, las ideas muchas veces duermen el sueño de los justos en documentos del trabajo mientras por encima se elevan los reproches entre los diferentes grupos parlamentarios.

Lo que no fue posible

Solo hay que echar la vista atrás para ver lo que ha pasado. Tras un periodo en dique seco desde el 14 de julio de 2015, el Pacto de Toledo volvía a convocarse el 18 de octubre de 2016. Eran los meses en los que era Mariano Rajoy el que tenía dificultades para poner en marcha un Gobierno estable.

Sin embargo, las necesidades de liquidez del sistema de pensiones ya eran aún más acuciantes que los desvelos del Presidente. El Gobierno llevaba desde 2012 acudiendo recurrentemente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social para pagar las extras de los pensionistas. Un fondo que acabará de agotarse previsiblemente este próximo mes de diciembre o poco más tarde después de haber acumulado más de 60.000 millones en 2011.

Así es que la presidenta del Pacto de Toledo optó por echar a andar la comisión sin esperar al Ejecutivo, y lo hizo invitando al presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña. Era un redoble de símbolos del consenso.

Poco antes, en la sesión constitutiva del 28 de septiembre, Villalobos afirmaba que la comisión tenía "suficiente capacidad política y técnica para poder desarrollar su trabajo”, a lo que añadió que esto debía hacerse “con la participación de todos los grupos parlamentarios, con expertos, porque hay una cierta tendencia a llamar al Gobierno, sea el que sea”. En este sentido, Villalobos llamó a trabajar, precisamente, “al margen del Gobierno”.

Sin embargo, a esas declaraciones de intenciones sucedieron meses de incapacidad para pactar porque las partes estaban enconadas en posturas radicalmente opuestas especialmente en torno a la vuelta o no a la indexación de las pensiones con el IPC. Y entre medias se produjeron movimientos claramente políticos. Entre los más claros, el abandono temporal del Pacto por parte de las fuerzas catalanistas tras el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la declaración unilateral de independencia.

Pero, sobre todo, los cruces de acusaciones entre Podemos y otros grupos que les acusaban de haber sacado a los jubilados a la calle para forzar una recomendación para volver a vincular las pensiones con el IPC y apuntarse así un tanto político de altura. Tanto es así, que Podemos llego a amagar con marcharse de la comisión si no se garantizaba el poder adquisitivo de los pensionistas.

Política y debate, debate y política. Mientras el PP decía que no a una subida de las pensiones con el IPC, el Gobierno de Mariano Rajoy firmaba con el PNV una alianza para sacar adelante los Presupuestos de 2018, que planteaban subidas en línea con el indicador -del 1,6% también en 2019- y un retraso del factor de sostenibilidad.

Era ya la primavera de este mismo año, era un golpe al debate que tenía lugar en esos momentos en el Pacto de Toledo y era un gesto que acabó por rematar Pedro Sánchez al decidir, junto al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que las pensiones subirían con el IPC si éste superaba el 1,6%.

A esas alturas, el futuro de las pensiones se cocinaba extramuros del cada vez menos fortín del Pacto de Toledo, y un informe del Instituto Santalucía, publicado en pleno verano, pasaba desapercibido. Si un 68,4% de los españoles creía que la calidad del empleo era lo que más amenazaba a la sostenibilidad del sistema de pensiones, un 42,2% miraba a la falta de consenso político.

Finalmente, la presión de los jubilados en la calle, alentados por Podemos, hizo hincar la rodilla al PP también a puerta cerrada y asumir una recomendación en la que el IPC real apareciera como elemento troncal de ulteriores revalorizaciones de pensiones.

En la rueda de prensa improvisada tras el anuncio de que el Pacto de Toledo recomendaría volver al IPC, dos mensajes se deslizaron. El primero del portavoz del PP, Gerardo Camps, que admitía que la reforma de pensiones de 2013 ya no gozaba de apoyo suficiente. El otro, el del responsable de PDeCAT y el miembro más antiguo de la comisión, Carles Campuzano, quien sugirió que el acuerdo venía a salvar la viabilidad del Pacto.

Es decir, que no se estaba firmando tanto el futuro de la revalorización de las pensiones, como el final de la reforma del PP y un balón de oxígeno para el Pacto de Toledo.

Sin embargo, el daño estaba hecho. Ni el Fondo Monetario Internacional ni la UE habían entendido muy bien por qué España había vuelto a la revalorización de las pensiones con un déficit del sistema cercano a los 19.000 millones de euros y en plena desaceleración económica. En cierto modo, lo entendían desde una óptica política, pero no económica, la que más les importa.

Meses después, salvada la bola de partido, vuelven las dificultades para acordar qué hacer con los planes de pensiones privados y es la OCDE la que ya ha puesto el grito en el cielo pidiendo a la comisión algo que planteaba Villalobos, pero no de la misma manera.

La OCDE lanza un último dardo

Como el fantasma del Rey muerto que se le aparece a Hamlet, la OCDE apareció en el palaciego Casino de Madrid la pasada semana, durante las jornadas sobre pensiones organizadas por Cinco Días e Ibercaja, para señalar lo que ha ocurrido y a sus responsables.

El jefe de la Unidad de Pensiones de Capitalización de la OCDE, Pablo Antolín, empezaba por leer la cartilla al Gobierno español y al Pacto de Toledo, a los que espetó que si se quieren pensiones adecuadas hay que "ahorrar más y durante más tiempo", que no hay atajos, y que "hay que ajustarse a la situación económica".

Pero claro, para ello, sugería, hay que abordar los problemas dejando a un lado las ideologías y las dramatizaciones: "En otros países se crean comisiones (como el Pacto de Toledo), con políticos y técnicos, pero más técnicos que políticos".

Aún pueden cambiar las cosas, a la salida de la última reunión del Pacto de Toledo, una visiblemente enfadada Villalobos se dirigía a la prensa para afear su presencia constante en la puerta de la sala donde se reúne habitualmente la comisión. "Dejadnos trabajar", decía, mientras fuentes presentes filtraban que la presidenta había planteado, al menos, dejar de anunciar las reuniones, para evitar del desfile de portavoces haciendo declaraciones a los medios con sus carpetas y los logos de sus partidos bajo el brazo.

Más de una veintena de recomendaciones esperan su debate en el seno del Pacto de Toledo, ocasión suficiente para reconducir la situación y mejorar la imagen de la comisión, antes de que, como en Hamlet, todo acabe mal.