El Gobierno puso en marcha el mes pasado un plan de choque para frenar la subida de la electricidad y del recibo de luz, y para mejorar la protección de los consumidores energéticos. Era un amplio paquete de medidas, y entre ellas figuraban algunas iniciativas para fomentan que los consumidores cambien de tarifa o ajusten la que tienen para pagar menos, o para dejar de pagar de más.
El Ministerio para la Transición Ecológica, por un lado, ha incluido medidas que sirven para facilitar que los clientes puedan cambiar la potencia eléctrica que tienen contratada, la parte fija del recibo (con independencia de cuánto se consuma) y que es la que más ha subido en los últimos años. Y, por otro, se impulsa que los consumidores den el salto a las tarifas con discriminación horaria (con menores precios durante la noche).
Ambas medidas servirán para que los clientes se ahorren 232 millones de euros el próximo año, según las estimaciones que maneja el departamento de Teresa Ribera a las que ha tenido acceso El Independiente. El importe es lo que el Ejecutivo calcula que dejará de ingresar el sistema eléctrico en 2019 con estas medidas y cuyo impacto habrá de compensar (lo hará singularmente aumentado los fondos procedentes de las subastas de los derechos de emisión de CO2 que se trasvasan al sistema eléctrico).
En concreto, las medidas para facilitar los cambios de potencia eléctrica contratada reducirán los pagos al sistema eléctrico por parte de los clientes en 140 millones de euros en 2019. El Ministerio flexibiliza la posibilidad de modificar la potencia (hasta ahora sólo pueden una vez al año) y reducirá las cantidades mínimas en que se puede cambiar (únicamente se podía en bloques de 1,1 kilovatios, y a partir de ahora se podrá hacer hasta por 0,1 kilovatios).
Casi un 40% de los hogares españoles tenía una potencia contratada de entre 4 y 6 kilovatios, por lo que el Ejecutivo entiende que hay mucho margen para ajustar esa potencia y, con ello, facilitar el ahorro y la eficiencia en el consumo. Por ejemplo, un cambio de potencia de 0,5 kW (de 4,6 a 4,1 kilovatios) podría suponer un ahorro en la factura anual de 26 euros para un hogar tipo con cuatro miembros.
En paralelo, pretende impulsar las tarifas con la denominada discriminación horaria: una fórmula con la que el precio de la electricidad es más barato en determinadas horas del día (en horario de invierno entre 22.00 y 12.00 horas, y en horario de verano entre 23.00 y 13.00 horas).
El Gobierno obliga ahora a las comercializadoras que ofrecen la tarifa regulada (filiales de los cinco grandes grupos eléctricos del país: Endesa, Iberdrola, Naturgy –antigua Gas Natural Fenosa-, EDP y Viesgo) a informar a sus clientes si pagarían menos en caso de tener contratada la opción de discriminación horaria.
Unos 11 millones de pequeños clientes siguen acogidos a la tarifa regulada -el conocido como Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, PVPC-. De ellos, apenas 660.000 tienen contratada la opción de discriminación horaria, a pesar de que a buena parte de los usuarios les serviría para rebajar el recibo. El Ministerio para la Transición Ecológica calcula que el trasvase de clientes hacia las tarifas con discriminación hará que los clientes ahorren 92 millones de euros menos el próximo año.
Las grandes eléctricas tendrán que realizar simulaciones con el consumo real de sus clientes y enviárselas para que sepan si abaratarían el recibo con el sistema de horas punta y horas valle. Según los cálculos del Gobierno, este cambio puede suponer un ahorro de unos 20 euros al año en la factura a la mayoría de hogares.
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